Administración de López Aliaga no hace licitación pública pese a monto contratado. Alega situación de "emergencia" por "grave peligro" para realizar contratación directa con consorcio ecuatoriano-colombiano. El presupuesto público comprometido en ampliación de vía Prialé supera hasta el momento los S/ 160 millones. Una experta cuestiona el procedimiento.
La gestión del alcalde Rafael López Aliaga adjudicó de manera directa por S/ 106 millones la construcción de un by pass en la intersección de la autopista Ramiro Prialé y la avenida Las Torres, en Huachipa, y la elaboración del expediente técnico. El ganador de este millonario contrato es el Consorcio Prialé conformado por las empresas Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. de Ecuador y la colombiana Pedelta Colombia SAS.
Esta obra es uno de los componentes de la ampliación de la autopista Ramiro Prialé que en teoría debería ejecutarse con fondos privados porque forma parte del contrato de concesión aún vigente con el consorcio Rutas de Lima, pero, por decisión de la gestión de López Aliaga, se ha empezado a ejecutar con fondos municipales.
Por el monto que pagará, la Municipalidad de Lima debió haber efectuado un proceso de licitación. Pero ha optado por la contratación directa "por situación de emergencia", amparado en el denominado "supuesto de situaciones que supongan grave peligro".
La figura de la contratación directa por situación de emergencia está contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado, pero exige que se cumplan algunos supuestos.
Desde el miércoles, Epicentro Tv ha preguntado a la Municipalidad de Lima y a Emape, el organismo municipal a cargo del proceso, por los fundamentos o supuestos para optar por la contratación directa por "situación de emergencia" y "grave peligro", pero, nuevamente, la gestión de López Aliaga no nos respondió.
La abogada Cecilia Ruiz Morales, experta en contratación pública, analizó este caso y le dijo a Epicentro Tv que la "emergencia" es "aparentemente forzada".
"Resulta cuestionable la convocatoria, en la forma y en los mecanismos utilizados hasta la fecha, mostrándonos una aparente causa para alegar una situación de emergencia que no queda del todo clara ni sustentada desde el horizonte de la eficiencia del gasto y del proceso de la compra de manera integral", señaló en diálogo con este medio.
Según la documentación sobre el proceso, obtenida por Epicentro Tv, y los registros del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), el 23 de diciembre de 2024 Emape invitó por correo electrónico a 427 empresas a presentar sus cotizaciones.
El 6 de enero, Emape recibió la cotización del postor Consorcio Prialé, integrado por la empresa ecuatoriana Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., y la colombiana Pedelta Colombia SAS. El 5 de febrero, sobre la base de esa cotización, se invitó a los posibles postores a presentar sus propuestas. Al día siguiente, 6 de febrero, Emape declaró ganador al Consorcio Prialé.
Los más de S/ 106 millones que costará el by pass se suman a los S/ 60 millones de costo referencial que el municipio pagará al Ejército Peruano por limpiar 8 kilómetros de terrenos y asfaltar 4 kilómetros de la misma ampliación de la vía Prialé, según los convenios entre la institución castrense y el municipio, revelados por este medio el 7 de febrero pasado.
Como señalamos, la Municipalidad de Lima no ha respondido nuestras consultas. Sin embargo, el informe legal y el informe técnico de Emape que justifican la contratación directa por emergencia, obtenidos para este reportaje, contienen las respuestas.
La emergencia aludida
Estos informes, del 28 y 29 de enero de 2025, ubican el origen del proceso el 13 de agosto de 2024, cuando el Concejo Metropolitano aprobó la Ordenanza 2644, que declaró "en emergencia" y "de interés metropolitano" lo que denomina "la intervención" de la vía Ramiro Prialé", para garantizar la "seguridad" y la "transitabilidad" de los usuarios.
La ordenanza señala que una de las "intervenciones" autorizadas es "un by pass" en la intersección de las avenidas Las Torres y Ramiro Prialé.
La "emergencia" declarada por la ordenanza es uno de los sustentos de la contratación directa. Pero no el único.
El municipio también recurre al Decreto Supremo 007-2025, de la PCM, que declaró el estado de emergencia en varias provincias del país, por peligro inminente de precipitaciones pluviales. En el caso de Lima, uno de los distritos declarados en emergencia por esa norma es Lurigancho - Chosica, jurisdicción en la que se encuentra la vía Ramiro Prialé.
Posteriormente, los informes técnico y legal mencionan el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala los supuestos para la configuración de una contratación directa, y el artículo 100 del reglamento de la ley, que determina las condiciones dentro de las cuales se cumple la situación de "emergencia".
El artículo 27 de la ley indica que "excepcionalmente" se puede contratar directamente "ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud".
¿Se presentan estos supuestos o no en el caso de la decisión de la gestión de López Aliaga? No conocemos sus explicaciones aún.
Luego, los informes técnico y legal de Emape vuelven a la Ordenanza 2644 para decir que la "emergencia" decretada se sustenta en informes técnicos de la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y de otros seis órganos municipales, en donde se evidenció lo inseguro e intransitable de ese punto de la vía y "la posibilidad de acontecimientos catastróficos o peligro inminente".
Según el mismo informe técnico, hubo una "verificación in situ" sobre las condiciones de la faja marginal de la margen derecha del río Rímac, y se advirtió que en algunos tramos "se puede determinar que presentan un nivel de riesgo alto afectando al interés público de los pobladores de la zona y la transitabilidad de la vía, además por los peligros por inundación fluvial y erosión del talud de la margen derecha".
Con este análisis técnico y legal, el municipio limeño se lanzó al proceso.
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Los resultados
Como señalamos, el 23 de diciembre de 2024 la Municipalidad de Lima inició la "indagación de mercado" enviando correos electrónicos a varias empresas "del rubro". Por lo menos, eso dicen los documentos.
Los informes técnico y legal mencionan a dos empresas -Inerco y WSP Perú Consultoría SA- que comunicaron que "no podrán presentar su oferta". Según las páginas web de estas empresas, se dedican a la consultoría en obras y tecnología.
Consultas y respuestas de ida y vuelta después, finalmente, el 5 de febrero de 2025, a través del correo electrónico, Emape invitó al postor Consorcio Prialé a presentar su propuesta técnica y económica.
Al día siguiente, 6 de febrero, una de las integrantes del consorcio, Ripconciv, envió la propuesta técnica y económica como documento adjunto al siguiente correo:
El mismo día, según los registros del Seace, la obra fue adjudicada a las empresas Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., de Ecuador, y Pedelta Colombia SAS, de Colombia.
De las dos, Pedelta de Colombia ejecuta desde 2024 una obra de Emape, en consorcio con la constructora uruguaya Saceem, por S/ 41 '678,322, que es el paso a desnivel Las Américas - Mejoramiento de la Av. Las Américas, en el distrito de La Victoria. El costo incluye el expediente técnico.
Según los documentos disponibles, el by pass Ramiro Prialé - Las Torres, debía empezar a ejecutarse el 16 de enero pasado.
Hasta el momento, los fondos públicos comprometidos para la ampliación de la vía Ramiro Prialé -el by pass y la pavimentación de los kilómetros pendientes- superan los S/ 166 millones. Habrá que ver si el consorcio Rutas de Lima reacciona legalmente, toda vez que era este operador privado el que debía haber gastado su propio capital para construir lo mismo.
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* Daniel Yovera
Periodista peruano. Exreportero de los dominicales televisivos "Cuarto Poder" (América Tv) y "Es Noticia (ATV). Exjefe de Investigación del diario El Comercio y de Política de La Primera.
