Un año después de la caída del techo del Real Plaza en Trujillo, que dejó seis muertos y más de 100 heridos, la Fiscalía formaliza su investigación contra 32 presuntos responsables de los delitos de homicidio culposo, lesiones y falsedad ideológica. Sin embargo, acaba de librar del proceso al dueño del Grupo Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor, y su director ejecutivo, Fernando Zavala, porque no tienen competencias específicas sobre el mantenimiento de su infraestructura. La fiscal también compromete a personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Tres años de no encontrar justicia. Familiares de los asesinados y heridos por la policía durante las protestas del 9 de enero de 2023, en Juliaca (Puno), realizaron una misa y movilización en memoria de las víctimas y en reclamo de que la justicia alcance a los responsables de la masacre, que acabó con la vida de 18 civiles, cuatro de ellos menores de edad. Hasta Juliaca llegaron también familiares de víctimas de otras regiones como Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín y Lima, que juntos marcharon hasta el aeropuerto Inca Manco Cápac, que fue escenario de la brutal represión. Las conmemoraciones coinciden con la reciente desactivación del Eficavip, equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, por parte del fiscal de la nación interino Tomás Aladino Gálvez.

La Fundación Lima, presidida por Javier Cipriani, candidato de Renovación Popular, se ha encargado de regalar motos en Puno y recoger plata en polladas y lujosas cenas en Europa supuestamente para llevar agua a los más desfavorecidos. A su vez, ha sido beneficiada con contratos en la Municipalidad de Lima durante la gestión de López Aliaga, todos por contratación directa. Esta es la historia de una estrategia de dos cañones.

Desde el 2018, las playas de la provincia de Virú, La Libertad, dejaron de ser de los peruanos. Se las vendieron a tan solo 0.40 céntimos el metro cuadrado a la constructora Valle Alto S. A. C., cuyo CEO es Manuel Huamanchumo Aray, a la vez dueño de Metalmark. El escándalo reventó en la gestión del exgobernador Luis Valdez Farías, precursor de César Acuña. Siete años después, cuando el Gobierno Regional, aún bajo el mando de Alianza para el Progreso (APP), tuvo la oportunidad de recuperar las tierras, hicieron lo contrario: funcionarios cometieron omisiones en un arbitraje y las perdieron otra vez. Tres jueces así lo acaban de ratificar.