Organizaciones y deudos de La Cantuta, Barrios Altos y otras matanzas, rechazan la ley impulsada por el Congreso. Advierten que viola sentencias internacionales y consagra la impunidad. Piden resistencia legal y apoyo de la comunidad internacional.
Reportajes
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Informe de Human Rights Watch sostiene que el Congreso beneficia con leyes a los criminales y el Gobierno avala y acompaña estas normas. Mientras tanto, la seguridad se deteriora aceleradamente por cuenta del accionar de sicarios, organizaciones criminales, y grupos de mineros y taladores ilegales. El ataque a la prensa independiente y a las ONG pretende silenciar las voces que se oponen a estas leyes que afectan profundamente a la sociedad.
"La cancha está en el señor Eduardo Salhuana", sostuvo Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización. Hoy estaban citados a explicar el aumento salarial de la presidenta el premier Arana y el ministro de Economía, Pérez Reyes, ninguno acudió a dar explicaciones. Por lo que han propuesto sus interpelaciones y, además, han acordado por mayoría pedirle al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana que el uso de sus facultades invite a Boluarte a dar explicaciones ante el Parlamento
La iniciativa del Congreso, que ya fue aprobada en primera votación, es antitécnica, injusta, beneficia principalmente a las agroexportadoras más ricas, incluye a los productores de palma aceitera y vino y pretende darles beneficios de cooperativas a las empresas con ánimo de lucro. Es el diagnóstico que hace el MEF, pero que poco le importa al Congreso. Si la ley pasa, el erario dejará de percibir al menos 7.260 millones de soles anualmente.
No todo lo que José Miguel Castro dijo ocurrió en el marco del proceso de colaboración eficaz. El exgerente Municipal también ofreció a la Fiscalía cuatro declaraciones indagatorias abiertas que sí serán utilizadas en el juicio que se avecina contra la exalcaldesa Susana Villarán por los pagos recibidos de OAS y Odebrecht.
El extinto José Miguel Castro, exgerente Municipal de la gestión de Susana Villarán, buscaba colaborar con la Fiscalía en asuntos relacionados principalmente a su exjefa, las entregas de dinero de Odebrecht y OAS para la campaña de revocatoria y la reelección del 2014, entre otros puntos que involucran a asesores y exfuncionarios municipales, incluyendo al exalcalde Luis Castañeda. Castro aceptaba los hechos, pero rechazaba varios delitos y eso frustró varias veces el proceso, que empezó en 2019, con un escrito en el que presentó los temas que transcribimos en este informe.