Nanay: Cada vez más cerca del desastre
En noviembre de 2024, Epicentro TV lanzó una alarmante denuncia: Los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las FARC colombianas, habían tomado las riendas de la parte alta de la cuenca del río Nanay. ¿Lo más perturbador? Todo ocurría ante la pasividad del Gobierno Regional de Loreto, la Marina de Guerra del Perú y la Macro Región Policial de Loreto. La contaminación por mercurio y la inseguridad desbordada en la cuenca eran un grito ahogado de la población, una súplica desesperada por acción que se inició hace más de cinco años. Nueve meses después, con pruebas médicas irrefutables y nuevos datos sobre la mesa, la cruda realidad nos golpea: la situación del Nanay no sólo no ha mejorado, sino que se agrava más a cada momento.
La verdad en la sangre
"Acá la cosa está peor que nunca", nos confiesa, con voz seca y apagada, un poblador de Santa María del Nanay que prefiere mantener su nombre en el anonimato por miedo a represalias. "Los mineros ilegales se han adueñado de todo, entran y salen como Pedro por su casa. Antes, por lo menos, disimulaban, pero ahora ni eso. La policía y la marina están de mirones nomás, más bien hasta le ayudan a los mineros. La gente ya tiene miedo de denunciar, de hablar, porque saben que no hay quien los defienda. Acá todavía es tranquilo. Pero más arriba, surcando (el Nanay), ¿qué cosas estarán pasando...?" Su relato, un eco de la desesperanza que se vive en la cuenca, es una cachetada a la inacción.
Y es que las terribles consecuencias de la minería aluvial ya no están solo a la vista de los habitantes de las riberas del Nanay. Un veneno invisible se ha esparcido por el río y ha invadido la carne de los peces y los cuerpos de los habitantes de los ríos Nanay, Pintuyacu y Chambira.
Hace unos días se revelaron los resultados de un estudio efectuado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) en colaboración con la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú), que ha puesto en blanco y negro la magnitud del problema. Se analizaron 284 peces y 273 muestras de cabello humano de seis comunidades ribereñas de las cuencas de los ríos Nanay y Pintuyacu. La doctora Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio de CINCIA y coautora del informe, es contundente: "Los resultados de los análisis son preocupantes. Hemos encontrado niveles de mercurio en cabello humano que oscilan entre 0.63 mg/kg y 27.34 mg/kg, con un valor medio de 8.41 mg/kg. Estas concentraciones superan ampliamente el umbral de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2.2 mg/kg, lo que indica una situación de exposición generalizada y preocupante en la población".
Informe Mercurio en Comunidades de Loreto by Epicentro TV
La situación es especialmente crítica para los más vulnerables. "En niños de 0 a 4 años, el valor medio fue de 12.99 mg/kg, con un rango de 6.31 a 20.70 mg/kg". Esto es particularmente alarmante, ya que el metilmercurio, la forma más tóxica del mercurio, "atraviesa la placenta y puede afectar el desarrollo neurológico del feto". En mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años), las concentraciones promediaron 8.31 mg/kg. Del total de personas evaluadas, "un 37% presentó un nivel de exposición a mercurio clasificado como Alto, y un 42% como Medio". Esto representa un riesgo considerable para la salud pública.
CINCIA, en respeto a los protocolos éticos que se aplican en estos casos, comunicó los resultados en primera instancia a los pobladores. Estos, al recibir los resultados, mostraron una mezcla de "preocupación" y "tristeza" al enterarse de que la mayoría se encontraba en riesgo medio o alto de exposición al mercurio. Aunque el equipo de CINCIA les explicó que no se trataba de una enfermedad con un desenlace inmediato, la inquietud era palpable. Una de las recomendaciones clave fue "no dejar de comer pescado, sino comer el pescado más seguro", sugiriendo un cambio en los hábitos alimenticios, ya que los niveles de mercurio pueden bajar en tan solo dos meses si se dejan de comer los peces más contaminados.
Los habitantes de Nanay también expresaron su frustración por la inacción del Estado para frenar la minería ilegal. Algunos incluso instaron a los investigadores a "medir allá (en Alvarenga) porque ellos son los que están más contaminados" y responsabilizar a quienes permiten la minería. Alvarenga es una comunidad en la parte alta de la cuenca del río Nanay que se ha convertido en el centro operativo de los mineros ilegales.
A pesar de las inquietantes noticias, los pobladores agradecieron recibir la información directamente, algo que, según ellos, no siempre sucede con otros estudios. Además, señalaron la dificultad de elegir el pescado que consumen y pidieron al gobierno programas de "producción alternativa" o "piscigranjas". Sin embargo, la intervención del Estado peruano, especialmente del Gobierno Regional de Loreto, dista mucho de lo que la población del Nanay espera y necesita.
"A esa zona no podemos ingresar"
"A esa zona ya no podemos ingresar, es tierra de nadie", confiesa, en estricto privado, un militar con años de servicio en la región. Lo mismo escuché de un policía que ahora patrulla las calles de Iquitos, pero que hizo servicio hace poco en Santa María del Nanay, la capital distrital. Sus palabras, cargadas de resignación, revelan la cruda verdad detrás de la inacción estatal. "Esos colochos tienen armamento pesado, tienen informantes y gente por todos lados y nosotros no contamos con gente ni recursos para enfrentarlos. Los han dejado entrar a la zona y ganar el terreno. Esta es una guerra perdida antes de empezar", sentencia con amargura y alzando la voz, no sé sabe si por la indignación o para evitar que el ruido del tráfico iquiteño acalle sus palabras.
La sombra de la corrupción no puede ocultarse en esta declaración. Es un secreto a voces en Loreto: la complicidad de algunos elementos militares y policiales con las redes de minería ilegal. "No es solo falta de recursos", añade el militar con un dejo de amargura, "hay efectivos que miran para otro lado, o peor aún, que colaboran activamente. El dinero del oro ilegal corrompe todo a su paso, y en el Nanay, lamentablemente, ha llegado muy alto". Esta revelación, aunque extraoficial, pinta un panorama desolador de la lucha contra un enemigo que parece intocable.
Los "colochos" de los cuales hablan los oficiales son, de acuerdo con declaraciones del ex fiscal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Miguel Castro, miembros del peligroso grupo Los Comandos de la Frontera, uno de los grupos disidentes de las FARC colombianas. De acuerdo con el periodista loretano Alex Rivero y con fuentes consultadas por Epicentro.TV, este grupo fue fortaleciéndose desde hace algunos años, hasta lograr un control completo de las operaciones mineras en los territorios de Alvarenga, una comunidad dominada por algunas familias dedicadas a la minería ilegal y ahora principal bastión de los colombianos.
Varios nombres son constantemente mencionados por los pobladores del Nanay al referirse a quienes lideran el delito en el Nanay: Papillón, el Pastuso, Golver y Barreto. De Papillón, aparente líder local de la operación de "Los Comandos", se sabe que oculta su verdadero nombre al tener doble documentación, lo que no permite conocer con certeza su nacionalidad, aunque una persona cercana a él indica que es peruano, pero que ha vivido mucho tiempo en Colombia. Su nombre podría ser Jesús Méndez, o al menos ese es el nombre con el que el ex fiscal Castro lo identificaba.
El Pastuso, apodo del ciudadano colombiano Luis Alexander López García, fue uno de los primeros mineros ilegales detenidos pero que fue rápidamente puesto en libertad con una discutida sentencia judicial, prontamente revocada pero que le dio la oportunidad para pasar a la clandestinidad. La banda de Pastuso fue capturada en noviembre de 2023, pero fue liberada por el juez Jairo Salazar a pesar de las numerosas evidencias.
Dentro de la red de mineros y actores de la cadena logística que provee combustible, equipos y todo lo requerido por los mineros, también se ha identificado a miembros de la familia Barreto Maldonado como parte de los principales involucrados. Valery Barreto Maldonado incluso postuló a la alcaldía del distrito de Alto Nanay en las elecciones regionales y municipales de 2022, lo que confirma una infiltración de estas actividades ilícitas en el ámbito político. Mientras tanto, un joven que se hace llamar "Eliseo Du Barreto", aparece con regularidad en redes sociales operando dragas, portando armas y moviéndose por el Nanay con total tranquilidad. Valery (quien aparece como Valerio Barreto), comenta sus publicaciones.
En realidad, la impunidad con la que opera la minería en el Nanay es tal que videos mostrando las operaciones, los responsables y el quehacer de los mineros son muy fáciles de hallar en las redes sociales.
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¿El gato de despensero?
Un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la investigación periodística de Epicentro TV reveló que agentes policiales con probados cuestionamientos por cometer faltas graves estaban laborando en la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de Loreto (UNIDPMA - LORETO) en octubre del 2024. Adicionalmente, varios de estos efectivos policiales ya habían superado largamente el plazo máximo legal de asignación dentro de la unidad de medio ambiente.
Ahora, seis meses más tarde, en junio de 2025, y luego de varios cambios en la Macro Región Policial de Loreto, esta realidad no ha cambiado. De acuerdo con información recibida por transparencia de parte del Ministerio del Interior, se comprobó que 10 de los 11 efectivos policiales señalados, adscritos a la División de Medio Ambiente (UNIDPMA) de la Policía Nacional, permanecen en dicha dependencia, a pesar de las faltas consignadas en el Informe Interno N°002-2024-DIRNIC PNP/DIRMEAMB-UNIDPMA-LORETO. Esta permanencia prolongada, que excede el tiempo reglamentario, es considerada un factor de riesgo para las operaciones policiales, ya que podría facilitar la filtración de información y el involucramiento en actos de corrupción. El propio jefe de la UNIDPMA-Loreto solicitó el 2024 la reubicación de este personal a otras unidades policiales debido a sus inconductas funcionales y su sometimiento a procesos administrativos disciplinarios y penales.
Fuentes de la Macro Región Policial Loreto indican que algunos cambios en la División de Medio Ambiente efectivamente se realizaron luego de la publicación del informe de Epicentro.TV en noviembre pasado, pero que estos duraron apenas unas semanas. La oficial que llegó a generar cambios y mejoras en la unidad de Medio Ambiente fue trasladada a otra unidad al poco tiempo de su designación.
Hasta abril de este año, de acuerdo a comunicación de la propia Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, 10 de los 11 suboficiales que exceden el tiempo de asignación a la Policía Ambiental siguen prestando servicio en dicha unidad. De estos 11 efectivos policiales, 4 tienen antecedentes de indisciplina y faltas vinculadas directamente a la minería ilegal, todas graves y muy graves. Solo el S3 Onésimo Nogueira figura en condición de abandono de cargo. Nogueira cuenta con diversas investigaciones administrativas disciplinarias por infracciones graves y muy graves, incluyendo falsedad y agresión física. También fue denunciado por el presunto delito de falsedad ante el Fuero Militar Policial.
Pero los problemas no se restringen a la desconfianza hacia la policía. Los incidentes entre la población local y la Marina de Guerra del Perú han sido referidos en varias ocasiones. Uno de los eventos más sonados se dio hace unos meses, cuando un equipo periodístico comprobó cómo embarcaciones cargadas de combustibles pasaban sin mayor problema por los controles que la Marina y la Policía han montado en la parte baja del río Nanay, en la vía principal de ingreso a la cuenca. También, como en un confuso incidente un oficial de la Marina pretendía disuadir, pistola en mano, a enfurecidos pobladores que reclamaban por la permisividad de la Marina al permitir el ingreso ilegal de bidones de combustible que los pobladores habían detectado y solicitado que sean incautados. En palabras de los miembros del comité de vigilancia del Nanay, que pertenecen a las comunidades nativas de la cuenca, el tráfico ilegal de combustible es un asunto de todos los días.
La situación se agrava con la admisión por parte de fuentes policiales de la dificultad para identificar a ciudadanos colombianos involucrados en la minería ilegal que han obtenido documentación peruana, y la ineficacia de los controles en el río Nanay para detener el tráfico de oro.
La reacción estatal: Migajas para un problema gigante
Pero ¿Qué recursos se destinan a la lucha contra la minería ilegal en Loreto? La respuesta, si es que la hay, es desalentadora. La inversión estatal en esta cruzada vital parece ser una gota en el océano de la impunidad. A pesar de la gravedad de la situación, los presupuestos asignados son irrisorios y las estrategias, cuando existen, carecen de la contundencia necesaria para frenar el avance de las mafias. Mientras tanto, en las entrañas de la selva loretana, el Nanay se desangra lentamente, ahogado por el mercurio y la inacción. La retórica oficial contrasta brutalmente con la realidad en el terreno, donde la presencia del Estado es, en el mejor de los casos, intermitente, y en el peor, cómplice.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la Administración Local de Agua Iquitos, informó en abril de 2025 que, si bien en los monitoreos de calidad del agua superficial de la cuenca Nanay realizados entre 2020 y 2024 no se identificó presencia de mercurio, sí se detectó plomo en 2020 y zinc en 2024. Esta información se proporcionó en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública sobre investigaciones de metales pesados en los ríos Nanay, Pintuyacu, Chambira, Madre de Dios y Tambopata. Aunque la ANA solo ha entregado datos de la cuenca del Nanay y sus afluentes, los resultados de plomo y zinc, aunque no mercurio, indican la presencia de otros metales pesados que también pueden ser perjudiciales para la salud humana y el ecosistema, y que a menudo están asociados con actividades extractivas. Estos resultados de por sí contrastan con lo hallado por CINCIA en la población del Nanay.
La inoperatividad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Iquitos, denunciada desde 2015 y confirmada en 2023, es otro claro ejemplo de la desidia estatal. La Defensoría del Pueblo, en su informe de Adjuntía N° 002-2021-DP/AMASPPI, señala que Loreto encabeza la lista de las regiones con mayor déficit en el acceso a agua potable por red pública, alcanzando solo un 56.3% en 2019. Es decir, la mitad de la población loretana no tiene acceso fiable a este servicio básico. Este panorama desolador, sumado a la escasa inversión y la corrupción, demuestra que la respuesta estatal ha sido, hasta ahora, una lamentable sucesión de promesas incumplidas y una gestión ineficaz, condenando al Nanay y a sus habitantes a una lenta agonía.
Funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Loreto, a cargo de la Secretaría Técnica del Grupo Técnico contra la Minería Ilegal, confirmaron que, desde 2019, han estado gestionando un presupuesto específico para esta lucha. A pesar de que este año se logró crear una partida presupuestal destinada a la minería ilegal, el Gobierno Regional de Loreto les ha indicado que deben asignar fondos de su presupuesto actual, sin dinero adicional. Esto ha generado "descontento" entre los miembros del grupo técnico. En cuanto a los operativos, si bien la DREM apoya con logística, sus profesionales han optado por mantenerse al margen de las interdicciones directas debido a altercados que han puesto en peligro a su personal. Incluso, un funcionario señaló que la policía ha reportado incidentes en los que los mineros ilegales disparan a las autoridades y cobran "cupo" para permitir el paso de botes. La DREM ha solicitado al gobierno central la declaratoria de emergencia de la cuenca del Nanay, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.
Para la DREM, "hay un poquito de falta de apoyo" del gobierno nacional, que no le da la "importancia necesaria" al problema. Además, reconocen que, a nivel del gobierno regional, la lucha contra la minería ilegal "no es la prioridad". La falta de presupuesto y la ineficacia de los proyectos productivos alternativos, como el proyecto "Aguaje" que está abandonado, contribuyen a la persistencia del problema.
Adicionalmente, la mala gestión del escaso presupuesto asignado es otro problema evidente. Hasta el 22 de junio de 2025, de acuerdo al portal de Consulta Amigable del MEF, el Gobierno Regional de Loreto solo ha ejecutado el 30.3% del presupuesto destinado a la erradicación de la minería ilegal. Esta cifra es aún inferior a la ejecución presupuestal del Estado a nivel nacional, que alcanza un magro 35.2%. Parece que, a todo nivel, el combate a la minería ilegal no es una prioridad.
"Marchamos por el Agua, Marchamos por la Vida"
Ante la pasividad de las autoridades, la sociedad civil ha decidido alzar su voz. Bajo el lema "Marchamos por el Agua, Marchamos por la Vida", diversas organizaciones, comunidades indígenas y ciudadanos de a pie se preparan para una movilización masiva. Su objetivo es claro: exigir al Estado una intervención urgente y efectiva para salvar el río Nanay. Esta marcha no es solo una protesta; es un clamor por la vida, por el futuro de un ecosistema vital y por la salud de miles de personas cuyas vidas dependen del río. El pueblo del Nanay, cansado de esperar, se levanta para defender lo que el Estado no ha podido o no ha querido proteger.
José Manuyama, presidente del Comité del Agua, enfatiza que las noticias sobre la presencia de mercurio en el cabello de los pobladores del río Nanay "muestran que hemos topado fondo institucional" y que la "negligencia, la complicidad del Estado, la inoperancia, tiene consecuencias graves en las familias". Manuyama calificó de "terrible" la confirmación de altos niveles de mercurio en los cuerpos de los habitantes y exigió "la convocatoria de una reunión amplia del Gobierno Regional y de los ministros también involucrados en el tema". Paralelamente, anunció una "gran reunión de organizaciones sociales para analizar esta situación". A pesar de la tragedia, Manuyama destaca que "Iquitos, Loreto, crece en su conciencia ecológica y ha estado en las calles este 5 de junio en el Día Mundial del Ambiente". Su mensaje es claro: "no vamos a parar hasta lograr restaurar el Nanay, restaurar el agua, restaurar el ciclo de la vida".
Otro líder social, el ex consejero regional Héctor Miguillo, señala que "es imperativo que la voz de la población resuene con fuerza. No podemos permitir que la indiferencia y el negacionismo de quienes nos gobiernan se conviertan en nuestra condena. El Nanay no es solo un río; es parte de nuestra identidad, de nuestra vida. Exigimos a las autoridades regionales y nacionales una acción inmediata, contundente y transparente. Que asuman su responsabilidad y detengan esta hemorragia ambiental y sanitaria antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se agota, y el Nanay nos necesita hoy más que nunca".
La población de Loreto anuncia que no se rendirá y espera que toda la comunidad se sume a esta lucha por la vida y el futuro del Nanay. ¿Será este grito colectivo finalmente escuchado? El médico y gobernador regional René Chávez finalmente se preocupará por la salud de Iquitos, la principal ciudad de la Amazonía Peruana?