Investigación contra Rafael López Aliaga por deuda de S/ 4 mil millones

EXCLUSIVO. Una fiscal superior anticorrupción ordenó abrir una investigación preliminar por colusión y negociación incompatible contra el candidato presidencial Rafael López Aliaga, por haber dispuesto el endeudamiento de la Municipalidad de Lima por S/ 4 mil millones de manera presuntamente 'ilegal' e 'irregular'. Hay sospechas de "indicios de corrupción", en la operación, y alegaciones de que los bonos fueron colocados a una tasa de interés anual de 10,1%, superior al promedio de la época, según la denuncia.

El candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, será investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y negociación incompatible, debido a que durante su gestión como alcalde de Lima endeudó a la Municipalidad de Lima por S/ 4 mil millones a través de un proceso de emisión de bonos calificado por una denuncia como "irregular" e "ilegal". 

La decisión fue tomada por la fiscal superior anticorrupción Scarlet Laura Escalante, quien en una reciente disposición le ordenó al Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que emita disposición para iniciar una investigación preliminar contra el candidato presidencial y contra los que resulten responsables.

Con esta decisión, la fiscal Laura corrige la decisión tomada el 9 de febrero pasado por la Primera Fiscalía Provincial, que dispuso "rechazar liminarmente" la denuncia penal cuyo autor es el auditor independiente Julio Sifuentes Reyes, quien se hizo conocido en 2019 por revelar un escándalo en la Caja Metropolitana durante la gestión de Susana Villarán. 

Tras el archivo de la denuncia primigenia, la Procuraduría Anticorrupción apeló la decisión y el caso fue elevado a la instancia superior. Luego de haber evaluado los detalles de la denuncia de Sifuentes, la fiscal superior Scarlet Laura corrigió la decisión del fiscal provincial.

El 9 de julio 2025, Sifuentes denunció ante el Ministerio Público hechos presuntamente irregulares e indicios de delitos ocurridos durante el proceso de endeudamiento de S/ 4 mil millones a través de tres emisiones de bonos titulizados de la Municipalidad de Lima. 

Los bonos ediles fueron colocados en el mercado financiero internacional pese a incumplir -de acuerdo con la denuncia y un informe de Sifuentes remitidos a la Fiscalía- con normas técnicas, legales y contables.

El endeudamiento provocó que buena parte de los ingresos futuros de la Municipalidad de Lima estén comprometidos en el pago de la deuda.  

Durante su gestión como alcalde de Lima, López Aliaga buscó dinero para ejecutar un listado de obras en la ciudad. Endeudada la comuna, y con normas nacionales que limitaban el endeudamiento, recurrió a la emisión de bonos de titulización a cambio del los ingresos por concepto de impuestos de alcabala y vehicular.

Por ello, cuando Rafael López Aliaga decía que el municipio sí tiene dinero, es porque la comuna lo obtuvo endeudándose.

La denuncia

Según los términos de la denuncia de Sifuentes, el endeudamiento se realizó en el mercado financiero exterior, sin garantía del gobierno del Perú, con tres acuerdos de concejo que empezaron en junio de 2023 y se repitieron en 2024. 

Pese a que el primer acuerdo -Acuerdo de Concejo Nº 204, del 23 de junio de 2023- autorizó la primera emisión de bonos titulizados sin garantía y en el mercado nacional, la emisión terminó haciéndose en el mercado internacional. 

El detalle es importante porque la gestión de López Aliaga no habría cumplido -según la denuncia- con las normas legales, técnicas y financieras para endeudamiento. 

Según la situación financiera de la comuna, ésta no cubría los parámetros exigidos por el Decreto Legislativo 1275, que exigía que el saldo de la deuda total no debía exceder el 100% de los ingresos de una entidad. La Municipalidad de Lima sobrepasaba dicho límite y, por ello, tenía restricciones.

La norma indica que los gobiernos locales pueden adquirir deuda con o sin garantía del gobierno nacional, siempre que tengan dos calificaciones iguales o mayores a BBB+ de empresas clasificadoras de riesgo crediticio locales. 

En ese entonces, las clasificadoras de riesgo contratadas, Apoyo y Asociados y Pacific Credit Rating, le dieron a la MML la clasificación de AA con perspectiva estable, con información financiera no auditada desde los años 2019 al 2023. López Aliaga se ufanaba de ello en aquel entonces. 

Pero era una calificación que estaba por debajo de la clasificación BBB+, exigida para cumplir la excepción para el endeudamiento y para emitir bonos en el mercado internacional. Epicentro Tv lo explicó con claridad en mayo de 2023.

La información financiera no auditada del período 2017 - 2023 no cumplía con los parámetros para que la Municipalidad de Lima se endeude.  

De hecho, en mayo de 2023 Moody’s rebajó la calificación crediticia de BBA3 a BA1, un nivel de "bonos basura" debido al alto nivel de deuda que tenía la comuna. 

"En consecuencia, la Municipalidad de Lima no cumplió con las normas para el endeudamiento", señaló Sifuentes.

López Aliaga y Dina

En el período 2017 - 2022 estaba claro que la deuda que contrajera una institución del Estado no debía superar el cien por ciento de sus ingresos. Así lo ordenaba el Decreto Legislativo Nº 1275. 

La norma decía que un gobierno local podía estar exceptuado siempre y cuando contara con dos calificaciones de riesgo iguales o mayores a BBB+ hechas por empresas clasificadoras de riesgo crediticio del mercado local. 

El 22 de febrero de 2024, el gobierno de Dina Boluarte reiteró con un decreto de urgencia que las entidades subnacionales no podían endeudarse si no cumplían con las reglas fiscales. 

Pese a ello, una semana después, el 29 de febrero de 2024, la gestión de López Aliaga aprobó la Ordenanza Municipal N° 2604, que pretendió establecer la prevalencia de la autonomía económica y financiera del gobierno edil para determinar su capacidad de endeudamiento por encima de lo regulado en el decreto de urgencia aprobado por el gobierno una semana atrás. 

Solo pasaron tres semanas y el gobierno publicó un nuevo decreto de urgencia. El decreto salvador para López Aliaga.

Salvador, porque le permitía, ahora sí, endeudarse, ya que volvía a autorizar que las entidades subnacionales que no cumplieran con las reglas fiscales pero que contaran con calificaciones crediticias favorables podrían endeudarse -esta vez- por 3,5 veces sus ingresos corrientes de los últimos 4 años.

"Estructurador a dedo"

Con el gobierno de su lado y una norma conveniente, la Municipalidad de Lima contrató de manera directa al banco norteamericano Bank of America Securities para estructurar la deuda, es decir, para asesorar al municipio en la operación de emisión de bonos y su colocación en el mercado financiero internacional.  

"(Ello) configuraría no solo un escenario de conflicto de intereses, económicos y financieros al determinar la tasa de interés y las condiciones financiera y constituirse en el único comprador de la emisión de los bonos por S/ 4 mil millones, además de constituir un proceso con conflicto de intereses totalmente irregular, que rompió todo tipo de control", señala el informe de Julio Sifuentes. 

Para el auditor y denunciante el proceso no solo incumplió con "su naturaleza", que es vender los bonos a una menor tasa de interés, sino que los bonos "habrían sido adquiridos por el asesor, estructurador, gestor y comprador -el mismo, el Bank of America Securities- bajo sus condiciones, como juez y parte". 

"La tasa de interés fijada por Bank of America Securities osciló entre 9,7% y 10,1%, mientras que en el mercado para bonos soberanos del Perú oscilaba entre 5,6% y 6%. Hay, objetivamente, un beneficio fuera del mercado para el asesor, estructurador, gestor y comprador, que es la empresa Bank of America Securities", dice el informe de Sifuentes. 

Los bonos colocados por la Municipalidad de Lima se pagarán en los próximos veinte años, es decir, lo pagarán los siguientes cinco alcaldes, con los impuestos de alcabala y vehicular.

Según la denuncia de Sifuentes, esto afectaría el patrimonio de la Municipalidad de Lima o del propio país en el escenario en el que el patrimonio fideicometido (comprometido) no tuviera disponibilidad de pago. 

"Esta situación es altamente probable y, en ese extremo, el Estado peruano tendría que asumir todas las obligaciones. El tenedor de los bonos no asumiría ningún riesgo", afirmó. 

Sifuentes anexa los documentos en los que el Consejo Fiscal hizo advertencias sobre esta operación, por ejemplo, que el servicio de la deuda de los siguientes veinte años se incrementará hasta los S/ 390 millones de pago anual por servicio de deuda, monto superior al gasto de capital ejecutado por la Municipalidad de Lima en 2023, que fue de S/ 265 millones.

El auditor advirtió que por la tasa de interés que la capital pagará el endeudamiento edil le generará a Lima -o al país- una pérdida por S/ 3,206 millones. 

"Todo el proceso de endeudamiento ha estado plagado de irregularidades; incumplió con su naturaleza, que era vender los bonos en el mercado financiero para lograr la menor tasa de interés para el emisor, o sea, para Lima", señaló Sifuentes en su informe.

E indicó que hay "claros indicios" de que el proceso se habría ejecutado en concierto de voluntades entre el alcalde López Aliaga, los consejos de ministros vinculados con la emisión de bonos y la empresa Bank of America Securities, de Estados Unidos. 

Según el denunciante, se trató de un proceso irregular "con indicios de corrupción", principalmente porque los bonos fueron colocados a una tasa de interés anual de 10,1%, en lugar de 6,5%, que es la tasa anual que se hubiera logrado si la colocación contaba con la garantía del Estado.