Mafias peruanas y exFARC colombianas han tomado el río Nanay
El Ministerio Público tiene evidencias de que el río loretano es controlado por el crimen organizado, en particular, por una facción de las disidencias de las ex FARC colombianas, que ha instalado allí una frenética actividad de minería ilegal y desatado una crisis ambiental y social que no tenía precedentes. ¿Y el Estado? Ausente, como casi siempre.
La cuenca del río Nanay, en la región amazónica de Loreto, se encuentra bajo el asedio de la minería ilegal de oro, una actividad que está causando graves daños ambientales y sociales, con consecuencias devastadoras para las comunidades locales. La falta de acción estatal efectiva ha permitido que redes criminales transnacionales controlen zonas importantes el territorio loretano.
Investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Iquitos, a cargo del fiscal Carlos Castro Quintanilla, revelan que el control de esta actividad está en manos de actores criminales transfronterizos, y han detectado la presencia en el Nanay de una facción disidente de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocida como "Sinaloa", o "Comandos de la Frontera", que tiene el control de gran parte de las operaciones mineras.
De acuerdo con testimonios de testigos protegidos de la Fiscalía y de mineros ilegales que accedieron a brindar información para este reportaje, el líder de esta organización es un personaje que obedece al alias de "Papilón", cuya identidad nos ha sido entregada por las mismas fuentes pero que no divulgaremos por la reserva de la investigación.
"Papilón" tendría documentos de identidad tanto en Perú como en Colombia, una táctica común de los delincuentes transfronterizos para confundir y evadir a las autoridades.
Uno de sus lugartenientes es un sujeto conocido por su alias de "Pastuso". Él y parte de su banda fueron capturados en el 2023, pero, sorprendentemente, fueron liberados pocas semanas después, pese a las gravísimas acusaciones y a la abundancia de pruebas.
La cantidad de ciudadanos colombianos que se movilizan actualmente por la cuenca del Nanay es difícil de establecer.
Desde hace algunos meses, la Policía Nacional elabora en un cuaderno un registro de pasajeros en la cuenca. Solicitamos copia de dicho registro al Ministerio del Interior y observamos que entre enero y julio de este año, al menos 60 personas transitaron por el puesto policial de Santa María del Nanay en dirección a Alvarenga, un poblado íntegramente dedicado a la minería ilegal.
Si a esta cifra se añaden los pasajeros que se dirigieron a Puca Urco, una localidad alineada también con la minería, la cifra de personas que hacen ese tránsito se eleva a 215.
De acuerdo con agentes policiales que cumplen servicio en Santa María del Nanay y en Iquitos, muchos ciudadanos colombianos han obtenido documentación que los acredita como peruanos, y eso hace que su identificación sea difícil.
Los ciudadanos colombianos que transitan por Loreto ingresan al país en condición de turistas y por eso pueden ingresar al Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira.
En la fotografía que mostramos a continuación, se observa a tres mujeres y un varón de nacionalidad colombiana. Según dijeron efectivos del puesto policial Yarana, justificaron su ingreso a la cuenca y su tránsito a Alvarenga señalando ser turistas.
Alias "Papilón", de acuerdo con las fuentes consultadas, encabeza la organización criminal que opera en el Nanay y que se ha hecho un importante espacio en el mundo criminal loretano.
Es él quien establecería los contactos y las negociaciones con agentes corruptos de la Policía, las Fuerzas Armadas, funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Y el liderazgo de los "Comandos de la Frontera", también conocidos como los "Sinaloa", explicaría en gran parte el hecho de que el oro extraído del río sea trasladado hacia Colombia. Las joyerías no son, como se suponía, el principal destino para el lavado del oro del Nanay.
El transporte y la comercialización
El oro del Nanay tiene varias rutas de transporte. La instalación de detectores de metales en el puesto policial de Santa María del Nanay no ha causado mayor impacto en la salida del metal de la cuenca.
Las fuentes policiales admiten que ya no hay cargamentos de oro detectados en los equipajes que llevan los pasajeros que se controlan en el puesto.
Otras fuentes locales señalan que el oro se moviliza a través de la ruta que une la Comunidad Nativa Alvarenga con el caserío Santa Elena, en la cuenca del río Tigre. Esta ruta es usada para el ingreso de combustibles, materiales, equipos y todo tipo de insumos para los grupos de mineros que operan en la parte alta de la cuenca.
Videos de algunos operativos muestran que además transportan maquinaria pesada, necesaria para las operaciones que practican los mineros ilegales.
El oro extraído del Nanay se moviliza a través de rutas fluviales y terrestres hacia la Triple Frontera del Perú, Colombia y Brasil. Aunque, no se ha podido corroborar el transporte de oro hacia el Putumayo, es posible que esa ruta también sea usada para el mismo fin.
Parte del metal precioso es transportado a Leticia, en Colombia, para su lavado y posterior venta en el mercado internacional, utilizando las mismas rutas que se usan para el tráfico de drogas.
Un transportista fluvial contactado en Caballococha, indicó para este informe que en varias oportunidades ha movilizado cargas del codiciado metal hacia la frontera.
"No son paquetes grandes, se camuflan bien y pasan nomás... No se revisan todos los botes y siempre hay quienes nos avisan si hay riesgo", declaró bajo anonimato.
Las rutas de tráfico de oro y drogas también han sido reportadas por estudios especializados realizados por entidades no gubernamentales como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS.
Corrupción y debilidad estatal
El gobierno peruano ha implementado diversas estrategias con el objetivo de combatir la minería ilegal. El "Plan Mercurio" es un ejemplo de este tipo de acciones, sin embargo, en Loreto las interdicciones no parecen hacer mella en los actores ilegales.
La carencia de efectividad se explica por los siguientes problemas: la falta de coordinación entre las instituciones, la corrupción y la limitada presencia estatal en las áreas remotas de la cuenca del Nanay.
La presencia de organizaciones criminales ha venido a dificultar aún más la implementación de medidas efectivas en la cuenca del Nanay, sobre todo por la enorme influencia que han forjado con algunos funcionarios públicos de Loreto.
Según un documento obtenido de fuentes policiales en Iquitos, el Informe N°002-2024-DIRNIC PNP/DIRMEAMB-UNIDPMA-Loreto, once policías de la División Ambiental han sido sancionados por diversas faltas, seis de las cuales tienen que ver con minería ilegal..
Es notorio también que siete de los once agentes policiales hayan excedido su tiempo reglamentario de permanencia en esa área, incluso algunos por más del doble del tiempo permitido por el reglamento de la fuerza policial.
En setiembre pasado Epicentro Tv consultó al Ministerio del Interior sobre la permanencia de los referidos efectivos policiales en la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional. La respuesta llegó con un oficio de la Policía Nacional e indicó que los efectivos aún permanecen en esa unidad operativa.
Los pobladores locales encuentran en este tipo de situaciones motivos para reafirmar su profunda desconfianza en las fuerzas del orden.
A ello se suma lo que, bajo reserva, expresan algunos funcionarios públicos del Gobierno Regional de Loreto y de la Policía Nacional.
Ellos manifestaron su "profunda decepción" por el desempeño de algunos miembros de la Marina de Guerra del Perú, quienes durante meses se rehusaron a la utilización de cámaras de seguridad en el Puesto de Control Yarana, es decir, a la fiscalización de las acciones de control que están obligados a realizar.
Es una situación que ha generado tensiones y que ha derivado en el traslado del personal de la Marina a Santa María del Nanay.
Falta de Estado, amenazas, contaminación...
Algunas comunidades y activistas locales han intentado resistir a la expansión de la minería ilegal, a menudo arriesgando sus vidas. Sin embargo, la falta de apoyo estatal y las amenazas de violencia han obligado a muchos a abandonar la lucha o a replegarse hacia las ciudades en busca de protección.
Hasta mayo del 2024, diecisiete personas de la cuenca del río Nanay estaban incluidos en el registro de defensores de derechos humanos del Ministerio de Justicia. Todos ellos han denunciado amenazas en su contra por mineros ilegales.
A nivel nacional, 489 personas están amenazadas por economías ilegales.
La extracción ilegal de oro en la cuenca del Nanay utiliza mercurio para separar el metal de los sedimentos, lo que genera una contaminación sumamente peligrosa. El mercurio no solo afecta los ecosistemas acuáticos, sino que también se acumula en la cadena alimentaria, afectando a las especies locales y a las personas que dependen del río para su sustento.
Los estudios han demostrado que los niveles de este metal en los peces de la región han aumentado drásticamente, lo que a futuro podría provocar efectos graves en la salud humana, como problemas neurológicos y enfermedades cardiovasculares.
Una investigación del 2023, mediante modelos matemáticos, determinó que en el futuro inmediato los niveles de mercurio en los peces del Nanay serán aún bajos. Sin embargo, los impactos en los peces ya pueden empezar a detectarse.
Para el año 2015 la Autoridad Nacional del Agua (ANA) publicó los resultados de un estudio en el río Nanay que mostraba la acumulación de mercurio en los tejidos de diversas especies de peces.
Por todo lo indicado, la minería ilegal en el Nanay es una de las mayores amenazas para el medio ambiente, para las comunidades y para más de medio millón de personas que viven en la ciudad de Iquitos, que consumen sus aguas.