El Ministerio Público tiene evidencias de que el río loretano es controlado por el crimen organizado, en particular, por una facción de las disidencias de las ex FARC colombianas, que ha instalado allí una frenética actividad de minería ilegal y desatado una crisis ambiental y social que no tenía precedentes. ¿Y el Estado? Ausente, como casi siempre.
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