Tres años de no encontrar justicia. Familiares de los asesinados y heridos por la policía durante las protestas del 9 de enero de 2023, en Juliaca (Puno), realizaron una misa y movilización en memoria de las víctimas y en reclamo de que la justicia alcance a los responsables de la masacre, que acabó con la vida de 18 civiles, cuatro de ellos menores de edad. Hasta Juliaca llegaron también familiares de víctimas de otras regiones como Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín y Lima, que juntos marcharon hasta el aeropuerto Inca Manco Cápac, que fue escenario de la brutal represión. Las conmemoraciones coinciden con la reciente desactivación del Eficavip, equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, por parte del fiscal de la nación interino Tomás Aladino Gálvez.

Desde el 2018, las playas de la provincia de Virú, La Libertad, dejaron de ser de los peruanos. Se las vendieron a tan solo 0.40 céntimos el metro cuadrado a la constructora Valle Alto S. A. C., cuyo CEO es Manuel Huamanchumo Aray, a la vez dueño de Metalmark. El escándalo reventó en la gestión del exgobernador Luis Valdez Farías, precursor de César Acuña. Siete años después, cuando el Gobierno Regional, aún bajo el mando de Alianza para el Progreso (APP), tuvo la oportunidad de recuperar las tierras, hicieron lo contrario: funcionarios cometieron omisiones en un arbitraje y las perdieron otra vez. Tres jueces así lo acaban de ratificar.