“Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. (...) Solicito un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno, y, por ello, mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones”, dijo Dina Boluarte en el Pleno del Congreso al asumir la Presidencia de la República. Horas antes, hace exactamente un año, el Perú entraba en una de sus más profundas crisis, luego de que el expresidente Pedro Castillo intentara dar un fallido golpe de Estado.
En su primer mensaje como presidenta, Boluarte invocó a la “amplia unidad de todos los peruanos” y aseguró que era consciente de la gran responsabilidad que asumió al recibir la banda presidencial. Sin embargo, lo que vino después han sido denuncias sobre violaciones a derechos humanos que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e incluso, han provocado que tanto Boluarte como su primer ministro Alberto Otárola hayan sido denunciados constitucionalmente por homicidio calificado y lesiones graves.
El gabinete técnico
Lo primero que tuvo que enfrentar Dina Boluarte al asumir la Presidencia del Perú fueron las masivas movilizaciones que se realizaron en distintas regiones del país en contra de su gobierno. El 11 de diciembre, bajo un lema de consigna anticorrupción, Boluarte presentó a su primer gabinete ministerial, al que presentó como un gabinete técnico.
El exfiscal Pedro Angulo fue presentado como el Presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, el 21 de diciembre, cuando ya se reportaban fallecidos durante las protestas, Dina Boluarte cambió su gabinete ministerial, en un intento de reestructuración del equipo ministerial y designó como el Primer Ministro a Alberto Otárola, quien se desempeñaba como ministro de Defensa en el gabinete Angulo. Con él, asumió como ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, quien estuvo en el cargo hasta el 13 de enero del 2023, solo 23 días. Precisamente, el sector Interior ha sido el más inestable del gobierno de Boluarte, debido a las manifestaciones sociales y a la inseguridad ciudadana que vive el país.
Al iniciar el año, Rojas Herrera lideró el Mininter en medio de un caos político y social por las protestas en contra del Gobierno. Las manifestaciones aumentaron y con ellas las muertes. El número de fallecidos ascendía a 47 y los heridos superaban los 650. En su informe sobre lo que sucedió en el Perú en esas fechas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que se cometieron violaciones de derechos humanos durante las protestas en contra de Boluarte.
Ante esta situación, el Congreso presentó dos mociones de interpelación en contra del ministro Rojas Herrera para que responda por las muertes; sin embargo, su renuncia llegó antes. El 13 de enero asumió el hoy censurado ministro Vicente Romero Fernández, junto a Luis Alfonso Adrianzen y Nancy Tolentino, quienes asumieron el Ministerio de Trabajo, y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respectivamente, luego de la renuncia de sus antecesores.
Otro sector que fue altamente criticado fue el de Salud. La entonces ministra Rosa Gutiérrez Palomino fue cuestionada por su mal manejo de la campaña contra la epidemia del dengue que dejó más de 200 personas fallecidas, entre enero y junio. Gutiérrez renunció luego de presentarse ante el Pleno del Congreso y pedir disculpas por haber asegurado, al inicio de la epidemia, que “el dengue iba a ser controlado en 15 días”.
Tras su destitución, Gutiérrez acusó a la presidenta Dina Boluarte de exigirle la reposición del funcionario Ivan Pereyra Villanueva en el puesto de gerente general de la institución. La exministra de Salud afirma que retiró a dicho servidor público por presuntos casos de corrupción.
“La lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad ineludible y lamento percatarme de que este Gobierno ha perdido de vista este objetivo fundamental. Desde el segundo día de mi gestión, tomé la decisión de remover al gerente general Ivan Pereyra Villanueva debido a que identificamos rápidamente la existencia de probables casos de corrupción que nos generaron mucha preocupación”, dio a conocer Gutiérrez en un tuit.
¿Un país en calma y en paz?
Uno de los puntos más álgidos del gobierno de Boluarte ha sido la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esto le costó, incluso, la cabeza del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, quien fue censurado por el Congreso. Los cuestionamientos no solo surgieron por la percepción de inseguridad de los ciudadanos, sino por el intento de la presidenta Dina Boluarte de negar el problema.
En noviembre, la presidenta Dina Boluarte aseguró, en el Foro de Inversión Responsable organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que el Perú es un país que “está en calma y en paz”.
“El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz, luego de aquel 7 de diciembre del Golpe de Estado, luego de la asonada golpista, que en las últimas dos semanas y media del mes de diciembre del 2022, y los dos meses y una semana del 2023, en pérdidas económicas ha sido mucho más alta que la misma Covid del 2019”, dijo Boluarte.
Pese a que el Ejecutivo había declarado en estado de emergencia a San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Lince y Sullana, en Piura, los asaltos y crímenes no cesaron y más bien se agudizaron en otras zonas del país.
En La Victoria y El Agustino, los vecinos denunciaron vivir aterrados por el enfrentamiento de mafias de extorsionadores peruanos y venezolanos. El temor se extendió tanto que algunos ciudadanos decidieron no enviar a sus hijos al colegio.
Sepa más:
Lourdes Fernández
Más de 400 policías, pertenecientes a la división de la DINOES y la SUAT, tuvieron que salir a patrullar por las zonas estratégicas de La Victoria a fin de intervenir a los ciudadanos extranjeros en situación irregular y a todo aquel que realice alguna alteración al orden interno.
Los viajes de Dina
En su primer año de gobierno, Dina Boluarte ha salido del país hasta en cinco ocasiones, sin embargo, fue la cuarta de ellas la que generó una crisis tan profunda que terminó en la renuncia de la Canciller Ana Gervasi y el embajador del Perú en Estados Unidos, Gustavo Meza Cuadra.
El primer viaje lo realizó a inicios de agosto cuando viajó a Brasil para participar en la IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte en el Tratado de Cooperación Amazónica.El segundo fue entre el 18 y el 21 de septiembre a Estados Unidos para participar de la Semana de Alto Nivel del Septuagésimo Octavo Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El tercero y también cuestionado viaje de Boluarte fue la gira oficial que realizó por Europa del 12 al 15 de octubre. En esa ocasión, la Jefa de Estado visitó Alemania, Italia y tuvo un breve encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. El viaje causó polémica debido a que la presidenta se fue a Europa en el avión presidencial cuando decenas de peruanos varados en Israel exhortaban ser rescatados en vuelos de emergencia.
Solo, los 3 primeros viajes oficiales anteriores le generaron un costo al Perú de casi un millón de soles, el cuarto le costó la cabeza a la Canciller.
En noviembre, en plena recesión económica, Dina Boluarte solicitó al Congreso, mediante una resolución legislativa, participar en la Primera Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) organizada por el gobierno de Estados Unidos.
En el proyecto presentado al Congreso para que se autorice su viaje a Estados Unidos, la presidenta Dina Boluarte aseguró que la Embajada del Perú confirmó una reunión bilateral con Biden. Incluso, la cita fue confirmada en la agenda presidencial internacional. Sin embargo, por la tarde de ese mismo día, la Cancillería aclaró que esta reunión “no se llevó a cabo con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales” ya que “los tiempos quedaron cortos”. En cambio, indicaron en un comunicado, Boluarte conversó con Biden sobre asuntos de interés común y “caminaron juntos hacia el auditorio de la Casa Blanca”.
Esta situación generó la renuncia de la Canciller Ana Gervasi y el embajador del Perú en Estados Unidos, Gustavo Meza Cuadra. Tras la renuncia de Gervasi, la presidenta Dina Boluarte designó en el cargo a Javier González-Olaechea Franco, conocido por sus posturas contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otras posiciones - que ha mostrado en sus redes - poco “diplomáticas”.
El indulto a Fujimori
Apenas un día antes de cumplirse el año de su gobierno, Dina Boluarte decidió ir por encima de la Corte IDH y excarceló al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante su gobierno en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Esta decisión fue tomada por el Ejecutivo luego que en una resolución los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), reconocieran que el Estado peruano incumple lo ordenado por la Corte IDH: abstenerse de otorgar el indulto a Fujimori. Sin embargo, aseguran que está fuera de su competencia ordenar la ejecución o no de una sentencia a un tribunal nacional.
La semana pasada una resolución del TC negó los pedidos de aclaración, tanto del Poder Judicial como de la defensa de Alberto Fujimori, sobre la sentencia emitida el 17 de marzo del 2022 que le concedió el indulto humanitario y dispuso su libertad.
Los magistrados del tribunal declararon improcedentes ambos pedidos y resolvieron remitir los actuados al juez de ejecución del Hábeas Corpus. El juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, fue el encargado de evaluar la resolución y decidió no ejecutar la sentencia y ordenó la devolución del expediente al TC. Es así que, en apenas horas, el Tribunal Constitucional reafirmó la sentencia emitida en el 2022, en la que declaró procedente el Hábeas Corpus a favor de Fujimori y restableció el indulto humanitario otorgado en el 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue revocado luego por la Corte Suprema.
El expresidente fue excarcelado ayer por la tarde del Penal de Barbadillo. Sus hijos Keiko y Kenji Fujimori lo recibieron a su salida del penal y lo trasladaron, entre una multitud de seguidores, a la casa de la excandidata presidencial y actual líder del partido Fuerza Popular.
El momento que tanto esperamos por más de 16 años ha llegado. ¡Gracias a Dios! 🙏🏻❤️🙏🏻❤️🙏🏻 pic.twitter.com/GidOGM29ox
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 7, 2023
Esta situación ha generado el rechazo de los familiares de las víctimas del gobierno de Fujimori, así como de diferentes organizaciones ciudadanas. Una razón más para las marchas convocadas para hoy y mañana en contra del gobierno de Dina Boluarte, a un año de su llegada a Palacio de Gobierno.
✅ Presidenta Dina Boluarte: “En este día renuevo mi firme compromiso con el país y con sus instituciones. El Perú seguirá saliendo adelante, nuestra democracia saldrá fortalecida, juntos lograremos reconstruir nuestro país sobre bases más sólidas”.#BicentenarioPerú2024 🇵🇪 pic.twitter.com/qWCzNzB0py
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 7, 2023
“En este día renuevo mi firme compromiso con el país y con sus instituciones. El Perú seguirá saliendo adelante, nuestra democracia saldrá fortalecida, juntos lograremos reconstruir nuestro país sobre bases más sólidas”, ha dicho hoy Dina Boluarte celebrando el trabajo realizado en su primer año de Gobierno. Crisis política, deterioro institucional, violaciones a los Derechos Humanos, recesión económica y una aprobación de sólo 8% han marcado el primer año de gobierno de Dina Boluarte, la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República.
