Solo en el gobierno de Dina Boluarte tres ministros del Interior han tenido que renunciar a su cargo frente a la crisis de seguridad que afecta a todo el país. Vicente Romero duró diez meses a cargo del Mininter. El Ejecutivo sigue en busca de su reemplazo.
Vicente Romero Fernández es el primer ministro del gobierno de Dina Boluarte censurado por el Congreso de la República. Ha sido también el ministro que más tiempo ha durado en el cargo (diez meses para ser exactos), desde cuando empezó el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte en 2021. El Pleno del Congreso, argumentando la falta de estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país por parte del ministro, aprobó su censura con 75 votos a favor dejando al gabinete de Alberto Otárola sin una ficha clave.
“El ministro del Interior es totalmente incapaz de controlar la inseguridad ciudadana imperante, el sicariato, la extorsión y la criminalidad organizada”, dice una de las dos mociones de censura debatidas ayer por el Parlamento. Distintas bancadas como Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Avanza País, Partido de Integración Social, Perú Bicentenario y Fuerza Popular coincidieron en que el tiempo de Vicente Romero en el sector Interior había acabado.
Luego de la aprobación de la moción lo que corresponde, según el artículo 86 del Reglamento del Congreso, es que el ministro censurado debe presentar su carta de renuncia a la presidenta Dina Boluarte, quien debe aceptar su dimisión en las 72 horas siguientes, es decir, este plazo vence el sábado 18.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, lamentó la decisión del Congreso y opinó que se ha censurado a una “persona decente y honesta, que ha trabajado 24/7 para los peruanos, la seguridad de las regiones y municipios”.
No obstante, dijo que ya se está evaluando quién será el reemplazo de Vicente Romero.
“Estamos evaluando (los nombres), como dice la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros evalúa las propuestas y propone, pero quien toma la decisión es la Presidenta de la República, seguramente a su regreso”, afirmó.
Un sector caliente
El Ministerio del Interior (Mininter) se ha caracterizado por ser uno de los sectores más inestables, sobre todo en contextos donde la seguridad ciudadana alcanza la mayor preocupación de los peruanos.
Solo en lo que va de la gestión de Dina Boluarte, desde el 7 de diciembre del 2022 tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, han asumido tres ministros en el Mininter. El primero de ellos fue Cesar Cervantes, quien asumió la cartera del Interior del 10 al 21 de diciembre del año pasado.
Cervantes estuvo al frente del Mininter cuando se realizaron las protestas en varias regiones del país en contra del gobierno de Dina Boluarte que dejaron un saldo de 28 muertos y decenas de heridos. Entonces, el ministro Cervantes aseguró que su sector siempre buscó el diálogo con los manifestantes. A cuatro días de su gestión, el Congreso presentó una moción de interpelación contra el ministro para que explique el accionar violento de la Policía en las manifestaciones. Sin embargo, debido a que la situación se volvió más crítica, Cervantes renunció antes de enfrentar una moción de censura.
El 21 de diciembre, Dina Boluarte cambió su gabinete ministerial, en un intento de reestructuración del equipo y designó como Primer Ministro a Alberto Otárola. Con él, asumió como ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, quien estuvo en el cargo hasta el 13 de enero del 2023, 23 días.
Rojas Herrera lideró el Mininter en medio de un caos político y social por las protestas en contra del Gobierno. Las manifestaciones aumentaron y con ellas las muertes. El número de fallecidos ascendía a 47 y de heridos a más de 650. En su informe sobre lo que sucedió en el Perú en esas fechas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que se cometieron violaciones de derechos humanos durante las protestas en contra de Boluarte.
Ante esta situación, el Congreso presentó dos mociones de interpelación en contra del ministro Rojas Herrera para que responda por las muertes, sin embargo, su renuncia llegó antes. El 13 de enero asumió el hoy censurado ministro Vicente Romero Fernández.
A Romero lo tumbó la inseguridad ciudadana. Él había acumulado ya tres mociones de interpelación por parte del Congreso, pero solo una de ellas fue archivada. En octubre, llegó al Pleno a responder el pliego de interpelación de los parlamentarios asegurando que los índices de inseguridad ciudadana se habían reducido en los distritos declarados en estado de emergencia.
"De 118 operativos en San Juan de Lurigancho, en los primeros 12 días del estado de emergencia, refleja un 28 % de reducción de incidencia delictiva, 420 operativos en San Martín de Porres, que representa un 18 % de reducción de la incidencia delictiva tras la declaratoria del estado de emergencia", dijo entonces.
Sin embargo, lo que más polémica generó fue lo que dijo sobre los robos de celulares: “Todos estamos involucrados, la propia sociedad. Cuando un transeúnte o un usuario en un vehículo deja una cartera o un celular a la vista de cualquier parroquiano, probablemente sea una provocación y puedan jalarle el celular rompiendo la luna. Todos tenemos que colaborar con la seguridad ciudadana”, dijo Romero en su interpelación.
Ante los ojos de los ciudadanos (y los congresistas) el ministro responsabilizó también a quienes son víctimas de robo. Sin embargo, lo que generó aún más críticas fue la situación que se empezó a vivir a inicios de noviembre, cuando la percepción de inseguridad se incrementó en distritos como La Victoria y El Agustino.
La Policía tuvo que intervenir luego que un grupo de encapuchados y armados, amenazaron de muerte en un video que se viralizó en redes sociales, a quienes se enfrenten a los ciudadanos venezolanos “trabajadores”. El grupo se identificó como “Los Gallegos”, quienes son conocidos como una organización criminal que opera en varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Perú, Brasil, Chile y Bolivia. Ellos son acusados de extorsión, tráfico de drogas, sicariato y trata de personas.
Como última medida antes de su censura, Romero anunció la extensión por 60 días más del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Mientras tanto, y mientras la presidenta Dina Boluarte regrese al Perú del APEC celebrado en Estados Unidos, la inseguridad continúa pero sin ministro.
