En audiencia, el fiscal Alcides Chinchay aclaró que no participó de la investigación que propone el sobreseimiento del caso contra Enma Benavides y señaló que si el juzgado lo considera podría pedir la ampliación de la investigación. La hermana de la suspendida fiscal Patricia Benavides es acusada de recibir dinero a cambio de liberar a procesados por narcotráfico.
Después de una larga audiencia virtual, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, informó que en los próximos días emitirá una decisión sobre el pedido de sobreseimiento de la Fiscalía en la investigación contra la jueza superior Enma Benavides –hermana de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides– y otros magistrados por la presunta recepción de dinero a cambio de fallos para liberar a procesados por narcotráfico.
Como representante del Ministerio Público se presentó el fiscal Alcides Chinchay, adjunto del fiscal Uriel Terán Dianderas, quien tiene a su cargo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, y quien solicitó al Poder Judicial archivar el caso de la jueza Enma Benavides asegurando de que no había pruebas suficientes para acusarla. Terán Dianderas fue asignado en su cargo por la suspendida fiscal Patricia Benavides, en reemplazo de la fiscal Bersabeth Revilla.
Antes de ser removida, la fiscal Revilla, imputó a los magistrados Enma Benavides, María Luisa Apaza Panuera, y Pablo Ilave García, así como al juez de primera instancia, Rafael Martínez Vargas, los cargos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo específico. Sin embargo, el fiscal Uriel Terán Dianderas consideró que no hay elementos de convicción suficientes para acusarlos por lo que presentó el requerimiento mixto de sobreseimiento a los magistrados y acusación contra los investigados, entre ellos quien había sido considerado aspirante a colaborador eficaz porque había entregado información relevante sobre el presunto soborno.
Daniel Yovera
Deslinda
En su primera intervención, el fiscal Alcides Chinchay solicitó al magistrado Checkley suspender la audiencia por un plazo de 40 días hasta que se logre notificar a uno de los acusados de nacionalidad colombiana que se encuentra como no habido. Sin embargo, el juez decidió continuar con la diligencia judicial al precisar que todos los acusados en el proceso han sido debidamente notificados del caso.
“El Juzgado agotó todos los medios posibles desde hace 8 meses para que estén debidamente notificados. Consideramos que no se ha transgredido el derecho de defensa”, dijo el juez.
Ya instalada la audiencia, el fiscal Chinchay volvió a tomar la palabra para argumentar el pedido de sobreseimiento del caso. Lo que llamó la atención fue la aclaración con la que inició su exposición:
"Este no ha sido mi caso, yo no he hecho esta investigación. Estoy aquí por indicación del fiscal Uriel Terán Dianderas, que es quien ha firmado este requerimiento (de sobreseimiento)". (…) No he participado en ninguna diligencia de esta investigación”, dijo Chinchay.
El fiscal reiteró que el pedido de sobreseimiento es por la supuesta falta de elementos que pudieran probar que los jueces Enma Benavides y sus colegas del Colegiado E de la Sala Penal Nacional recibieron dinero del hoy prófugo abogado Walter Mendoza Pérez. Él era el nexo entre los jueces y los procesados por narcotráfico detenidos en el penal Ancón II, los colombianos Roberto Carlos Gómez Herrera, ‘Huevo’, Edinson Ruiz Martínez, entre otros.
Los cargos de acusación se mantienen contra los demás implicados en el soborno.
Al culminar su exposición, el fiscal Chinchay insistió: “No he estado a cargo de esta investigación... Estoy aquí por disposición superior".
Procuraduría pide investigación suplementaria
Como ya lo había detallado Epicentro TV, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se mostró en desacuerdo con el pedido del fiscal supremo provisional Uriel Terán al Poder Judicial para que declare sobreseído y archivado el caso contra la jueza Enma Benavides.
Rony Fernández, representante de la Procuraduría Anticorrupción, solicitó al Juzgado realizar una "investigación suplementaria" a Emma Benavides y los otros jueces implicados en la liberación de narcotraficantes.
Fernández precisó que tanto Ruiz Martínez como Gómez Herrera, procesados por narcotráfico, presentaron documentos falsos para solicitar su liberación.
“Por esas razones considera la Procuraduría que existe un cúmulo de elementos de convicción que reflejan, primero una tratativa de salir del penal a cambio de un pago de dinero. (...) Hubo un pago de 100 mil dólares a Máximo Mendoza Pérez que era el abogado. Lo que falta es que este dinero se refleje en el patrimonio de los magistrados que recibieron este dinero”, dijo Fernández.
Por ello, solicitó que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil de Emma Benavides y los otros investigados, para que a partir de ello, poder comprobar si el supuesto dinero recibido por parte de los procesados por narcotráfico se refleja en sus patrimonios.
En tanto, Eduardo Roy Gates, abogado de Enma Benavides, solicitó que se declare fundado el sobreseimiento planteado por el Ministerio Público y aseguró que no existen evidencias concretas de la participación de su patrocinada con los otros magistrados y abogados involucrados en el proceso. Además, cuestionó que la Procuraduría solicite recién nuevas diligencias de investigación cuando el proceso ya lleva cinco años.
“No existe una sola conversación, mensaje de texto, correo electrónico o ninguna acreditación que afirme una comunicación entre mi patrocinada ni de los otros magistrados con esos dos abogados, y mucho menos con aquellas personas que solicitaban estos beneficios que se encontraban procesadas (…) según dice el Informe policial de la DIVIAC. Este es uno de los principales motivos por los cuales se debe disponer el sobreseimiento de mi patrocinada”, señaló.
De igual manera, la magistrada María Luisa Apaza también pidió que se declare el sobreseimiento del caso en donde se le acusa de favorecer a los colombianos procesados por tráfico de drogas. La jueza cuestionó que el caso se haya vuelto mediático y aseguró que los testigos presentados han sido manipulados por el expolicía Hilario Rosales Sánchez.
“A mí se me está involucrando por hechos sin ninguna prueba. Se me ha dañado la honra y reputación como magistrado. (…) La prueba de la DIVIAC es la más objetiva. (…) Soy inocente de estos hechos que son materia de investigación”, agregó.
Al cierre de la audiencia, el fiscal Alcides Chinchay, dejó en claro al juzgado que si el Ministerio Público no promueve una ampliación de la investigación, el juzgado puede tomar la iniciativa.
"Si su despacho quiere hacerlo por iniciativa propia, quiero dar las bases de por qué el juzgado podría hacerlo (ampliar la investigación, como solicita la Procuraduría Anticorrupción)", señaló el fiscal.
“No se trata de hacerle caso a la Procuraduría (Anticorrupción), sino de oficio ordenar, si lo tuviera a bien el juzgado, ordenar actos complementarios (de investigación) de mayor amplitud. (...) Sí habría una posibilidad de que se haga esta investigación de oficio”, finalizó.
Luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría Anticorrupción y de los abogados de los investigados, el juez supremo Juan Carlos Checkley dio por concluida la audiencia. “Se va a poner en su conocimiento la oportunidad en la que vamos a expedir la resolución”, dijo. Se espera que la decisión se conozca en los próximos días.
