Congreso y Gobierno son responsables de debilitamiento de lucha contra la criminalidad: HRW

Informe de Human Rights Watch sostiene que el Congreso beneficia con leyes a los criminales y el Gobierno avala y acompaña estas normas. Mientras tanto, la seguridad se deteriora aceleradamente por cuenta del accionar de sicarios, organizaciones criminales, y grupos de mineros y taladores ilegales. El ataque a la prensa independiente y a las ONG pretende silenciar las voces que se oponen a estas leyes que afectan profundamente a la sociedad.

"El pueblo peruano merece un Congreso y un Poder Ejecutivo que garanticen su derecho a vivir libre de la violencia del crimen organizado", pero hoy no lo tienen. La cita hace parte del descarnado y detallado informe que presenta este martes la organización internacional Human Rights Watch. El documento llama la atención sobre el acelerado avance de la criminalidad en Perú, el veloz ritmo de crecimiento del número de homicidios, y la cadena de leyes expedidas por el Congreso y avaladas por el Ejecutivo, que debilitan las posibilidades de lucha contra los criminales. Adicionalmente, esta dupla de Congreso Gobierno ha atacado sistemáticamente la independencia judicial y creado un ambiente hostil para periodistas y organizaciones de la sociedad civil.  

El informe de Human Rights Watch tiene el elocuente título "Legislar para la impunidad. Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado" y fue realizado por un equipo encabezado por el asistente de investigación senior Santiago Menna y es presentado este martes en Lima por la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.  

En un contexto de inestabilidad política y aumento de la pobreza, que en el gobierno de Dina Boluarte se ha ubicado en niveles superiores a los que había antes de la pandemia, el informe llama la atención sobre las altas cifras de migración de peruanos hacia el exterior. El documento contiene un gráfico que muestra que si bien la más alta migración se dio en 2021 con la llegada de Pedro Castillo al poder (278.700), en el 2024 la cifra sigue siendo una de las más altas de los últimos años, con cerca de 160 mil peruanos que se fueron del país.  

Criminalidad desbordada 

Los homicidios han aumentado en Perú en un 137% entre 2018 y 2024, reporta HRW y advierte que es alarmante el ritmo de crecimiento, uno de los más acelerados de la región. La mitad de estos homicidios fueron ejecutados por sicarios.  

HRW da cuenta del aumento de protestas desde la sociedad civil contra el aumento de la criminalidad y resalta que las denuncias de extorsiones crecieron 370% entre 2021 y 2023. Adicionalmente, resalta que el gobierno ha utilizado los estados de emergencia como estrategia para combatir los homicidios y las extorsiones pero que esta estrategia no ha dado resultado porque incluso estos crímenes han aumentado durante los estados de excepción.   

También hay revelaciones sobre las relaciones entre el poder y los criminales. Testimonios recogidos en el informe señalan la relación de autoridades con grupos delincuenciales y concretamente en muchos casos con organizaciones de mineros ilegales. El documento presenta testimonios que revelan esas relaciones. Por ejemplo, un funcionario de la Defensoría del Pueblo en Puerto Maldonado señaló que los mineros ilegales "pagan a miembros de las fuerzas armadas y de la policía para evitar la destrucción de sus equipos" y que "en algunos casos, incluso, los propios agentes son los dueños de los equipos utilizados por los mineros ilegales".  

Una situación similar ocurre en Pucallpa, dice el informe. Un fiscal anticorrupción les dijo a los investigadores de HRW que muchas unidades policiales actúan con impunidad pues "operan en zonas muy remotas, nadie los ve, así que pueden hacer lo que quieran". Un hecho que podría ilustrar esta situación ocurrió en el Rio Santiago y fue documentado por Epicentro en el programa Más Humanos Más Derechos en mayo de 2024. Entonces, varios policías fueron retenidos por la comunidad cuando viajaban por el río custodiando equipos para la minería ilegal.  

El informe de HRW reporta la presencia de organizaciones criminales transnacionales vinculadas crímenes ambientales relacionadas con la tala y minería ilegales. Muchos de estos grupos, como el Comando Vermelho o el frente Carolina Ramírez, estaban originalmente dedicados al narcotráfico pero han extendido sus operaciones a la minería y la tala.  

Legislando para criminales 

"El Congreso peruano ha aprobado leyes que, en ocasiones, parecen responder más a intereses particulares de algunos congresisutas que al bienestar público", dice el informe que hace un recuento de las leyes que ha aprobado el legislativo y que golpean la capacidad del Estado para luchar contra los criminales. El listado incluye la legislación en causa propia para impedir que los partidos sean responsables por los crímenes que cometan, pero también todas las leyes que afectan el trabajo de los fiscales, la ley de colaboración eficaz, la que restringió la calificación de crimen organizado, la que pone a la policía a la cabeza de las investigaciones y la ley que desnaturaliza la extinción de dominio que impide que se luche contra los bienes adquiridos con dineros ilícitos.  

Para consolidar el ataque al equilibrio de poderes, el Congreso y el Gobierno han tenido de su lado al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. HRW recuerda que el proceso de elección de 6 magistrados del TC estuvo marcado por la falta de transparencia, y que el Defensor del Pueblo fue un funcionario sin experiencia en Derechos Humanos, que ha respaldado muchas de las decisiones del Congreso que lo eligió, "incluso frente a cuestionamientos de expertos internacionales del Perú en materia de derechos humanos".  

La dupla Congreso Gobierno ha afectado también la independencia judicial. El informe relata los ataques a la Junta Nacional de Justicia y las iniciativas para someter a los fiscales al control del Congreso.  

Sociedad Civil y periodistas 

Para consolidar el atropello al Estado de Derecho el pacto ha apuntado hacia la prensa libre y la sociedad civil organizada. El informe de Human Rights Watch relata cómo "han creado un ambiente hostil para los periodistas independientes y las organizaciones de derechos humanos, que se han enfrentado a una retórica cada vez más agresiva por parte de las autoridades y a leyes destinadas a socavar su labor".  

En concreto, el informe hace referencia a la Ley APCI o Ley Antijusticia que fija un nuevo régimen de vigilancia para las ONG y sostiene que "el lenguaje vago y excesivamente amplio de la norma otorga al gobierno la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a organizaciones que critiquen o se opongan a su accionar, incluso mediante la suspensión o cancelación de su registro".  

La Ley APCI fue aprobada justo en el contexto del congelamiento de los fondos de cooperación provenientes de Estados Unidos, lo que ha afectado a organizaciones humanitarias, de lucha contra la corrupción y de periodismo independiente.  

El informe hace referencia al pedido público que hizo la presidenta Dina Boluarte para que la fiscalía allane las oficinas de Gustavo Gorriti en IDL Reporteros.  

HRW parece tener poca confianza en que este Congreso y este gobierno hagan las reformas necesarias para restaurar los mecanismos de lucha contra la criminalidad y la corrupción y por eso enumera las recomendaciones para el actual cuerpo legislativo y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, o para quienes los sustituyan tras las elecciones que se celebrarán en el primer semestre de 2026.