El periodismo bajo censura
La ley APCI tendrá efectos devastadores en el periodismo independiente y constituye un camino a la censura a los periodistas. Así lo advierte un comunicado publicado por periodistas y medios independientes, entre los que está Epicentro Tv. El comunicado ha sido suscrito por cientos de periodistas nacionales e internacionales y organizaciones que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos
"El periodismo en el Perú afronta una de las mayores amenazas de las últimas décadas, a raíz de la aprobación de una ley cuyos efectos suponen el control previo de actividades periodísticas por parte del Estado, vulneración del derecho al secreto profesional y sanciones desproporcionadas para actividades descritas en la norma en términos imprecisos. En resumen, un mecanismo de censura". Así empieza el comunicado publicado hoy por medios independientes peruanos que alerta sobre los graves efectos que tendrá la Ley APCI sobre el periodismo independiente.
La ley establece un mecanismo de censura que consiste en que todas las organizaciones que reciban fondos de cooperación internacional están obligadas a inscribirse en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y pedir autorización de esa agencia para todos sus proyectos. Es decir, sin el aval de APCI no se podrá emprender ningún proyecto que reciba fondos del exterior. Para ser más claros: si un medio consigue fondos para investigar algún hecho de corrupción o de abuso de poder por parte del Ejecutivo, tendrá que pedirle autorización al jefe de la APCI, nombrado por la presidenta de la República, para poder iniciar la investigación; y si dicho medio avanza en el proyecto sin autorización de la APCI, estará sometido a sanciones de multas millonarias e incluso a la disolución.
"Bajo amenaza de sanciones desproporcionadas -dice el comunicado- los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, incluyendo la que se refiere a casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública".
El comunicado, que alerta sobre la grave situación en la que ha quedado el periodismo después de la aprobación de esta ley, fue promovido por los medios independientes IDL Reporteros, Salud con Lupa, Ojo Público, Convoca y Epicentro Tv, y reúne firmas de periodistas de 31 medios nacionales, entre ellos La República , El Búho, El Foco, Latina Tv, La Mula, Mongabay, Radio Cutivalú, Infopaís, Página 3, Ahora Jaén, HuancaYork Times, Estación Wari, La Decana Radio Juliaca, Ideele Radio, Radio Yaraví Arequipa, Pueblo Films, entre otros medios nacionales. Además, lo suscriben organizaciones como la Fundación Mohme, la Asociación Nacional de Periodistas, Las Tejedoras, la Coordinadora Nacional de Derechos humanos, Servindi, la Asociación Nacional de Centros y Promsex, entre otras.
A nivel internacional, el comunicado lleva las firmas de periodistas y organizaciones de Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Uruguay, Brasil, Reino Unido, Rumania, México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Los periodistas firmantes del exterior hacen parte de 89 medios, entre ellos Human Journalism Network, Armando Info, Sin Embargo, Animal Político, El Faro, Agencia Pública, Abraji, Fundamedios, La Silla Vacía, Fopea, Folha de Sao Paulo, Ciper, RunRun, Connectas, Divergentes, Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, France TV, Rutas del Conflicto, La Liga contra el Silencio, Reforma, y Open Democracy, entre otros.
Algunas de las 23 organizaciones internacionales firmantes son: Pulitzer Center, CEJIL, FOPEA, International Center for Journalism (ICFJ), Fundación para el Debido Proceso, Red Centroamericana de Periodistas, WOLA, No Nos Callarán, Organized Crime and Corruption Project (OCCRP), Fundamedios, La Liga contra el Silencio, International Press Institute (IPI), la Universidad de los Andes y la Comisión Andina de Juristas.
Los mecanismos de la censura
El comunicado alerta sobre las facultades que se le han otorgado a la APCI, que afectan directamente la labor de los periodistas. La ley "le otorga al Poder Ejecutivo, a través de la APCI, la potestad de autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística o investigativa. Además, prohíbe expresamente que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública, una herramienta fundamental para el periodismo de investigación en contextos de opacidad institucional como el que vive hoy nuestro país. Esa misma prohibición dejará sin protección legal a periodistas sujetos a acoso judicial"
También se refiere a las facultades de fiscalización que le permitirían a APCI que pida información que está sujeta a la reserva periodística y protegida por la Constitución y la ley. El comunicado señala que "la agencia podrá exigir información protegida por principios periodísticos, en abierta vulneración de los derechos al secreto profesional y la reserva de las fuentes. Agrava el hecho, que el director de la APCI será nombrado por la presidenta de la República, quien está sometida actualmente a distintos procesos fiscales a causa de investigaciones periodísticas".
Un patrón conocido
La Ley APCI, también llamada Ley Antijusticia, fue promovida y aprobada por la coalición que gobierna y ha sido severamente cuestionada por organizaciones internacionales que ven en ella la reproducción de un patrón autoritario ya conocido, como registra el comunicado de los periodistas: "En el texto de la ley se incluyen términos ambiguos como "intervención en política interna" o "actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional", que dejan abierta la puerta a una aplicación arbitraria contra cualquier medio de comunicación que cuestione al poder. Esto reproduce patrones que ya hemos visto en otros países de la región como Venezuela, Nicaragua y Paraguay, donde normas similares han sido utilizadas para cerrar medios, hostigar periodistas y eliminar las organizaciones de la sociedad civil".
En el momento de la firma de la ley, en un acto público y acompañada por varios de los congresistas que la impulsaron, la presidenta Dina Boluarte dejó claro que las acciones se dirigirán contra "una minoría de ONGs que actúan contra los intereses del país sembrando odio". Con esta expresión ha dejado claro que utilizarán la ley como garrote dirigido contra quienes consideran que no se alinean con sus planes.
Finalmente, el comunicado concluye exponiendo cuál es el plan de la coalición con este ataque al periodismo independiente: "Para permanecer en el poder, necesitan liquidar la libertad de prensa silenciando al periodismo".
Este es el texto completo del comunicado que está acompañado por las firmas de los adherentes.
Comunicado & firmas by Epicentro TV
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