Contratista de penal de Arequipa debe S/ 24 millones en impuestos
Ahren Contratistas Generales, firma ayacuchana que lidera el proyecto de ampliación del penal de Arequipa, obtuvo la buena pro a pesar de que arrastra una deuda tributaria que, sumada a la de una empresa inactiva de su misma red, supera los S/ 24 millones. Su representante legal, Román Quispe Congacha, candidato al Gobierno Regional de Ayacucho, también figura con calificaciones negativas en el sistema financiero.
El Complejo Penitenciario de Arequipa, considerado una obra prioritaria para descongestionar el sistema carcelario del país, ha caído en manos de un grupo empresarial que arrastra millonarias deudas tributarias.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) adjudicó en diciembre pasado, de forma directa, este proyecto de S/ 192 millones al Consorcio Infra Penal Arequipa. La principal accionista es la firma ayacuchsna Ahren Contratistas Generales S.A.C. (con el 40% de participación), una constructora que actualmente reporta más de S/ 2 millones en deuda coactiva ante la SUNAT.
Pero el forado fiscal es mucho mayor al revisar el entorno corporativo. Constructora Ahren S.A., otra compañía vinculada al mismo grupo, fue dada de baja de oficio en octubre de 2025 dejando una deuda coactiva superior a los S/ 22 millones. Sumada a la deuda de Ahren Contratistas Generales S.A.C., la obligación tributaria de esta red empresarial supera los S/ 24 millones. Pese a ello, el Estado le adjudicó casi doscientos millones de soles para la ampliación del Complejo Penitenciario de Arequipa.
El MEF y las ambiciones políticas
Según los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ahren Contratistas Generales tiene larga experiencia en licitaciones públicas. Desde 2009, ha facturado cerca de S/ 500 millones gracias a 228 procesos de ejecución de obras, bienes y consultorías. Sin embargo, pese a este volumen millonario de contrataciones, los registros oficiales de la SUNAT revelan un dato insólito: la constructora opera con apenas un trabajador registrado.
El rostro detrás de este cuestionado esquema es Román Quispe Congacha, actual candidato al Gobierno Regional de Ayacucho por el partido Batalla Perú. Pese a la fachada de éxito que intenta proyectar en su campaña, las deudas de sus empresas expone una realidad muy distinta: las órdenes de cobranza coactiva puestas en marcha por la SUNAT a mediados de julio de 2025 terminan de desnudar a un holding incapaz de rendirle cuentas claras al Estado.
Pérdida y riesgo muy alto
El desastre financiero no se detiene en la SUNAT; también golpea al sector bancario y comercial. Reportes crediticios obtenidos por Epicentro TV revelan que Ahren Contratistas Generales S.A.C. ostenta un score que la sitúa en un nivel de "Riesgo Muy Alto".
Dentro del sistema financiero regulado, el 100% de su calificación figura en la categoría de Pérdida, con una deuda total reportada ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de S/ 1,014,853.10. Sin embargo, la peor parte se evidencia en la ruptura de su cadena de pagos: la constructora registra S/ 4,495,686.85 en protestos notariales sin regularizar y S/ 5,470,876.14 en facturas morosas con sus proveedores. En total, casi 10 millones de soles en la calle que confirmarían su riesgosa trayectoria de pagos y deudas.
Cartas fianza bajo sospecha
Para suscribir el millonario contrato con el MINJUSDH, la Ley de Contrataciones exige la entrega de una carta fianza equivalente al 10% del monto total (cerca de S/ 19.2 millones). Considerando el bloqueo bancario que pesa sobre Ahren en el sistema financiero, la aceptación de esta garantía resulta sospechosa y amerita la intervención de la Contraloría General de la República.
El representante y hoy candidato al Gobierno Regional de Ayacucho Román Quispe Congacha, tampoco ofrece respaldo. Su perfil crediticio refleja un score catalogado como "Bajo" y adeuda un total de S/ 408,653.25. El mayor componente de esta cifra es un protesto notarial con INSUR Compañía de Seguros SA por S/ 385,856.46, el cual permanece impago desde hace 1,418 días, es decir más de 3 años.
En el sector de obras públicas, una obligación de esta naturaleza con una aseguradora podría estar asociada a la ejecución de una carta fianza derivada de un eventual incumplimiento de contrato. Asimismo, Román Quispe figura como aval solidario de Ahren Contratistas Generales en deudas por S/ 247,881.63 que han sido calificadas por las entidades financieras como pérdidas.
Un consorcio contagiado
Las deudas impagas parecen ser la regla dentro del Consorcio Infra Penal Arequipa. Constructora M & J S.A.C., empresa socia titular del 30% de la obra, exhibe un crítico score crediticio. Sus reportes muestran un deterioro fulminante, cayendo en junio de 2026 a la categoría de "Riesgo Muy Alto de probabilidad de impago".
El MINJUSDH justificó esta polémica adjudicación directa amparándose en el literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley N.° 32069, alegando la urgencia de dar continuidad a una obra paralizada. Sin embargo, encomendar S/ 192 millones a un consorcio asfixiado por las deudas coactivas y el rojo financiero amenaza con convertir esta "solución urgente" en el preámbulo de un nuevo y predecible abandono.
Lo confirmó
En entrevista con Epicentro TV, Román Quispe Congacha, representante de Ahren Contratistas Generales y Constructora Ahren S.A., señaló que las deudas tributarias registradas por ambas empresas ante la Sunat "están en proceso de apelación". En el caso de Constructora Ahren, sostuvo que las obligaciones corresponden a un contrato con el Estado ejecutado entre 2017 y 2018 y afirmó que las multas fueron impuestas "de manera indebida".
Sin embargo, no precisó cuál sería el monto real de la deuda, pese a que se le consultó cuánto correspondería pagar si, como sostiene, la cifra superior a S/22 millones registrada por la Sunat es incorrecta.
Respecto de las deudas en el sistema financiero, indicó que estas "se están refinanciando y pagando", por lo que consideró que la calificación de riesgo se mantendrá mientras las obligaciones no sean canceladas.
Sobre la garantía para la ejecución de la obra del penal de Arequipa, explicó que, conforme a la normativa vigente, la entidad contratante aplicó una retención del 10% del monto contractual como garantía líquida, en lugar de una carta fianza.