ONG no reportaron operaciones sospechosas, según la UIF

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera examinó 4,663 reportes de operaciones sospechosas por más de 3 mil millones de dólares entre los años 2010 y 2020. En los reportes sospechosos no hay uno que vincule a las ONG, pero el Congreso apunta a ellas en lugar de legislar para combatir el gran volumen de dinero sucio que movilizan el crimen organizado y la minería ilegal.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las que se encuentran registradas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) no reportaron operaciones sospechosas entre los años 2010 y 2020, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El documento, titulado "Informe N° 00021-2021-DAE-UIF-SBS. Periodo 2010-2020: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por entidades no supervisadas por la SBS o UIF", analiza las operaciones bajo sospecha realizadas en la última década y encuentra -al igual que otros informes que ha dado a conocer Epicentro Tv- que las actividades que generan mayor sospecha de lavado son la minería ilegal y el narcotráfico.

En cambio, según el informe, al 31 de diciembre de 2020, de los 239 sujetos obligados a reportar a la APCI y a la UIF que fueron analizados, ninguno remitió reportes de operaciones sospechosas (ROS).

¿Qué significa esto?

Significa que -según la propia respuesta de la SBS a Epicentro Tv mediante correo electrónico- la ausencia de reporte de operaciones sospechosas "podría deberse a la inexistencia de operaciones que hayan sido identificadas como sospechosas por los sujetos obligados sobre la base de la información de la que disponen".

Es decir, de las 239 ONG analizadas entre 2010 y 2020, ninguna reportó operaciones sospechosas porque posiblemente éstas no existieron o no fueron identificadas como sospechosas, según la UIF.

La UIF llegó a dicha conclusión después de examinar 4,663 ROS en la década señalada, que involucró un monto de US $3,183 millones, nada menos.

El grueso del dinero sospechoso proviene de actividades y rubros de otro tipo -como la minería ilegal- y de otro tipo de instituciones.

No proviene de las que supervisa la APCI, como lo deja claro el documento de la UIF y la SBS.

Esto es algo que pasa por alto el Congreso, que este jueves 5 de diciembre discutirá el dictamen que busca "fortalecer a la APCI (denominada Ley ‘Anti ONG’)".

El Congreso -según han señalado expertos y ahora organizaciones empresariales- no combate la minería ilegal ni la criminalidad organizada que está detrás de estas actividades. Combate a las ONG que critican sus políticas y sus acciones, así como las del gobierno de Dina Boluarte.

La naturaleza de los ROS

El período analizado por el informe que estamos reseñando es más amplio que el que examinó los famosos 195 ROS entre 2018 y 2020 por casi US$ 3 mil millones, que hace medio año congresistas y operadores mediáticos vincularon falsamente con operaciones hechas por organizaciones sin fines de lucro (OSFL), para hacer creer a la ciudadanía que las ONG mueven dinero sospechoso de lavado de dinero.

El informe de la UIF que resumimos en esta edición señala que los ROS remitidos por entidades que no están bajo la supervisión de la SBS durante el periodo 2010-2020 representan 4,854 operaciones de dinero, de las cuales, el 55.5% son de alcance nacional (2,694 operaciones) y el 44.27% de alcance Internacional (2,149 operaciones).

Sobre el restante 0.23% no hay información.

Del total de los ROS enviados por entidades que no supervisa la SBS-UIF, el 84% (4,086 operaciones) provinieron de entidades como agentes de aduanas, sociedades administradoras de fondos de inversión y fondos mutuos, empresas administradoras de fondos colectivos, sociedades agentes de bolsa y/o sociedades intermediarias de valores, y casinos tragamonedas.

¿Cuántas provinieron de las organizaciones sin fines de lucro? Tres operaciones: una en 2015 y dos en 2018. Cabe la precisión de que organizaciones sin fines de lucro (OSFL) no son necesariamente lo mismo que organizaciones no gubernamentales (ONG).

La información está en el siguiente cuadro.

En cuanto a las entidades que sí son supervisadas por la SBS, el informe de la UIF indica que el monto de los reportes de operaciones sospechosas enviados entre 2010 y 2020 llegó a US $3 '183,199.

De ese total, el 97.8% de reportes de operaciones sospechosas (US$ 3’113,393) se generó en los sectores de agentes de aduanas, de sociedades administradoras de fondos de inversión y de fondos mutuos, de agentes de bolsa y sociedades intermedias, de instituciones de compensación y liquidación de valores y de casinos y tragamonedas.

Significa que la gran mayoría de operaciones sospechosas reportadas proviene de ese tipo de entidades.

¿Y de las organizaciones sin fines de lucro?

Según la UIF, US $34 millones, esto es, el 1%.

El documento señala que si en el período analizado hubo incremento de reportes de operaciones sospechosas, los mismos provinieron del sector de agentes de aduana y que dichos reportes están "principalmente relacionados a la minería ilegal".

Las actividades económicas

El informe también da cuenta del sector y la actividad económica a la que pertenecen las personas jurídicas reportadas en los ROS remitidos por las entidades bajo supervisión de la SBS.

El 27.56% de las personas jurídicas pertenece al sector "comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos"; el 23.95%, a "explotación de minas y canteras"; el 13.28%, a "actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler"; y el 9.24%, a "transporte, almacenamiento y comunicaciones".

¿Alguna ONG en la mira del Congreso -de derechos humanos o de defensa del medio ambiente- se dedica a estos rubros? Difícilmente.

¿Cuánto mueven las ONG?

El Congreso de la República discutirá esta semana y -todo indica- aprobará el dictamen que busca controlar a las organizaciones no gubernamentales bajo el argumento de que mueven dinero sospechoso.

Esto nos lleva a preguntarnos qué tipo de operaciones realizan y cuánto dinero mueven las ONG, y para ello es importante acudir nuevamente al "Informe de Evaluación Sectorial de Exposición de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro", de la UIF, que analiza el período 2018-2020.

Este informe, como señalamos en junio pasado, indica que en dicho período hubo 195 reportes de operaciones sospechosas provenientes de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Aquí es importante diferenciar: OSFL no son necesariamente lo mismo que ONG.

Según los Registros Públicos, en el país existen más de 300 mil OSFL registradas. Según la APCI, las ONG registradas son poco más de 1,500.

Con lo cual, tenemos que las ONG son el 0.5% de todas las OSFL.

Es decir, el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que ha sido ampliamente difundido por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, busca fiscalizar al 0.5% de las OSFL.

Ahora bien, como indica el citado informe, el monto de las operaciones sospechosas asciende a casi US$ 3 mil millones.

¿Quiénes movieron ese dinero? ¿Las 300 mil OSFL o las 1.500 ONG?

La UIF no hace la distinción, pero revela cuánto dinero movió cada cual. 

Según el documento, en 2019 las ONG ejecutaron en total US$ 231 millones, de los cuales, US$ 146 millones (63%) fueron de las ONGD (ONG de desarrollo) y el 37% de las ENIEX (Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional constituidas en el Extranjero), también supervisadas por la APCI.

US$ 146 millones es el 4.8% de US$ 3 mil millones.

Es decir, el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores busca fiscalizar fondos que ascienden -si tomamos como referencia el año 2019- a US $146 millones.

Fondos que provienen en  90% de fuente bilateral, que son los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, España, Suiza y Canadá, principalmente.

Y el restante 10% proceden de organizaciones como el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, ACNUR, Unicef, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento.

Esa es la realidad y la magnitud de los fondos que movilizan las ONG que el Congreso ha puesto en la mira. La UIF tiene información suficiente que Epicentro Tv ha entregado para mejor información de las autoridades y de la ciudadanía.

Pero, la mayoría del Parlamento vota por consigna. Por ello, poco le importan las razones.

Como poco o nada le importa combatir la verdadera amenaza: el dinero proveniente del crimen organizado y la minería ilegal.