Usando un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera, los impulsores del dictamen anti-ONG repiten que éstas generaron 200 reportes de operaciones sospechosas, pero obvian que la UIF se refiere principalmente a instituciones caritativas, de carácter religioso e incluso comercializadoras de oro, que están registradas como organizaciones sin fines de lucro. El informe señala que las principales fuentes de fondos ilícitos en el país son la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción pública, no los fondos de cooperación  de gobiernos o donantes internacionales. Pero al Congreso esa verdad parece no interesarle.

Entre el discurso sin contexto y las evidencias con contexto hay una distancia grande.

Esto aplica para el sentido que, para justificar su iniciativa; le han dado  los propulsores del dictamen del Congreso de la República contra las ONG a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos captados por las organizaciones sin fines de lucro.

Por ejemplo, un comunicado en defensa del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, firmado por su presidente, el fujimorista Alejandro Aguinaga, citando el “Informe de Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL)”, indica que la UIF “informa que en el período de 2018 a 2020 fueron enviados 195 Reportes de Operaciones Sospechosas vinculados con la OSFL”.

Y, añade el comunicado del Congreso: “Esta información no puede ser de dominio público en razón a que se encuentra en proceso de investigación ante el órgano jurisdiccional competente”.

Párrafo del comunicado de la Comisión de RREE del Congreso.

Visto así, sin contexto, el dato es alarmante. Pero es un relato apenas parcial e incompleto. Por eso, el contexto importa, y el hecho de que el tema “se encuentra en proceso de investigación” no debe ser una justificación para no contar la historia completa.

El dato de las 195 operaciones sospechosas señaladas por la UIF se encuentra en la página 36 de su informe, titulado como dice el congresista Aguinaga, pero señala lo siguiente:

“De acuerdo con la información recabada por la UIF, en el periodo de 2018 a 2020, se han enviado 195 ROS [reportes de operaciones sospechosas] vinculados con OSFL [organizaciones sin fines de lucro], remitidos principalmente por parte de bancos, notarios y otros sujetos obligados. Los montos totales reportados ascienden a USD 2 950 539 944. Adicionalmente es importante resaltar que las OSFL principalmente reportadas han sido aquellas dedicadas a: i) Servicios - Caritativas de asistencia social (protección y ayuda a la niñez, grupos vulnerables); ii) Asociaciones de vivienda; iii) Representantes de Empresarios, iv) Entidades religiosas; y v) otras OSFL pendientes de clasificar

Párrafo del comunicado de la Comisión de RREE del Congreso. 

Como se observa, el informe de la UIF vincula la mayoría de reportes de operaciones sospechosas con actividades de ONG dedicadas a las acciones de caridad, de vivienda, de empresarios y religiosas, en movimientos financieros por casi 3 mil millones de dólares. Algo que obviaron mencionar el comunicado de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y quienes repiten el mismo extracto en medios de comunicación.

Pero, incluso, el párrafo completo merece ampliación.

La página 85 del informe de la UIF indica que según lo informado por los bancos, las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro) identificadas como más expuestas a riesgos de lavado de activos son las religiosas y las de promoción de la educación, que representan, ambas, el 86,76% de las entidades más expuestas:

“En relación con los riesgos de LA (lavado de activos), los bancos identifican como tipo de entidades más expuestas a las entidades religiosas (46,67%) y a las OSFL dedicadas a la promoción del desarrollo de la educación (40%). En materia de FT (financiamiento del terrorismo) se observa una correlación que indica que las entidades religiosas y las OSFL dedicadas a la promoción y desarrollo de educación son percibidas como las más expuestas, pero con niveles menores comparados con LA, 33,33% para cada subsector”.

Extracto del informe de la UIF sobre las entidades religiosas y educativas.

Y aquí es importante acotar lo siguiente: la UIF no está diciendo que las organizaciones religiosas y educativas se dedican al lavado de activos. Lo que está señalando es que los bancos las identifican como las más expuestas a los riesgos del lavado de dinero.

No es una realidad nueva para la UIF. La institución ya realizó tres Evaluaciones Nacionales de Riesgo en los años 2010, 2016 y 2021, con patrones similares en cuanto a riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país. El párrafo que resume los tres informes se encuentra en la página 24:

“... De las 1,133 OSFL identificadas como de alto riesgo, se identificó que la mayor proporción corresponde a organizaciones de labor social, representación de intereses o de carácter religioso. Por su parte, el CONSUF identificó en el Informe N°. 003-2018-JUS/CSF-ST-DSV que 24 fundaciones realizan actividades de labor social en zonas de riesgo y, como tal, representan un alto riesgo, 170 fundaciones realizan labor social en zonas que no son de riesgo y 44 se identificaron como de bajo riesgo. Sin embargo, el país no ha identificado la naturaleza de las amenazas que suponen las entidades terroristas para las OSFL que podrían estar en riesgo, así como la forma en que los actores terroristas abusan de las OSFL”.

Resumen de las evaluaciones de riesgo realizadas en años anteriores por la UIF. ‌ ‌

Venta de oro, préstamos, empeño…

Uno de los hechos más relevantes –dado el avance de la minería ilegal en el país– pero ignorado por los congresistas impulsores del dictamen anti-ONG, es el de las entidades que, estando inscritas como organizaciones sin fines de lucro, se dedican a comercializar oro y a prestar dinero a cambio de empeños y, por lo mismo, son consideradas de “alto riesgo”.

La página 90 del informe de la UIF da cuenta de un análisis de riesgo realizado en el 2017 a las 1,133 organizaciones sin fines de lucro consideradas de alto riesgo y revela:

“Considerando los resultados de dicho Informe, el Departamento de Supervisión de la UIF hizo una evaluación de las 1,133 OSFL de alto riesgo para determinar la viabilidad de su supervisión, verificándose lo siguiente: 998 cuentan con estado de contribuyente ‘activo’ en Sunat; 853 cuentan con estado y condición de contribuyente ‘activo’ y ‘habido’ en Sunat. De las 853 OSFL, 6 se encuentran registradas en el SIGSO como comercializadores de oro, OSFL y empresas de préstamos y empeño con garantía pignoraticia; y de las 847 restantes, 9 están registradas en APCI”.

Casas comercializadoras de oro están inscritas como organizaciones sin fines de lucro.

Líneas más abajo, la misma página señala:

“Las OSFL de mayor riesgo e importancia relativa en el contexto de lavado de activos/financiamiento del terrorismo son aquellas que prestan microcréditos” (resaltado nuestro).

Entidades que prestan microcréditos también están inscritas como OSFL. ‌ ‌

El asunto de la venta de oro y de los préstamos es relevante debido al imparable avance registrado en los últimos años por la criminalidad organizada que opera en negocios de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y extorsión, y al incremento del precio del oro que se extrae en socavones de la sierra peruana y en ríos amazónicos, algo que el Congreso no enfrenta sino, por el contrario, alienta con los proyectos que impulsa.

El mismo informe de la UIF dimensiona el tamaño de las economías ilícitas en el país: 1,750 millones de dólares potencialmente ilícitos provenientes del narcotráfico, solo entre enero y setiembre de 2019, y 880 millones de dólares de ganancias ilícitas por minería ilegal en el mismo período, equivalente al 45% de todo el dinero blanqueado en el Perú en los últimos nueve años. ¿El Congreso va a combatir esta realidad?  

“En términos de la amenaza de LA, el informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes indica que el gobierno peruano identificó 1 750 millones de dólares en fondos potencialmente ilícitos que fluyeron a través de Perú, de enero a septiembre de 2019. La minería ilegal produjo más de 880 millones de dólares en ganancias ilícitas de enero a septiembre de 2019 y constituye el 45 por ciento de todo el dinero blanqueado en Perú en los últimos nueve años, por mucho el sector más grande. Los narcotraficantes suelen blanquear las ganancias a través de actividades mineras ilegales y transacciones de oro”.

El mismo informe señala que la minería y la extracción de oro ilegal, el tráfico de drogas y la corrupción pública [N.R.- por ejemplo, del Congreso] son las principales fuentes de fondos ilícitos en Perú.

“Los criminales y organizaciones suelen canalizar los fondos ilícitos a través de empresas de fachada, y muchas de ellas se dedican a la extracción ilegal de oro. Los particulares o las empresas de fachada también blanquean fondos ilícitos a través de bienes inmuebles, cambios de moneda, cooperativas de crédito, compraventa de automóviles, moneda virtual y notarios”.

Minería ilegal, drogas y corrupción pública, las principales fuentes de fondos ilícitos.

Se trata de los mayores peligros que enfrentan hoy los peruanos: minería ilegal, narcotráfico y corrupción. Pero eso es algo que el Congreso no quiere ver y menos enfrentar.

Sobre las amenazas de financiamiento al terrorismo, el informe de la UIF aclara que “si bien medios periodísticos locales señalan un aparente uso indebido del sector de las OSFL, en particular aquellas que promueven la religión islámica, que tendrían lazos con remanentes de SL y organizaciones como Hezbollá y otros movimientos yihadistas, esta percepción no encuentra sustento en la información suministrada por las autoridades”.

“De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de orden público –Dirin– no se ha corroborado hasta la fecha la presencia de individuos y/o grupos con vínculos directos de tipo operativo, logístico y/o político con organizaciones yihadistas ni con Hezbollá en territorio peruano. Tampoco hay indicativos que permitan afirmar la existencia de vínculos entre organizaciones religiosas islámicas locales y operaciones de reclutamiento de adeptos y/o captación de fondos en favor de Hezbollá.

Y, sobre la red local que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la UIF indica que “su presencia es limitada” a esa zona y que no hay elementos que hagan proyectar una vinculación con movimientos extranjeros. El documento da cuenta de los resultados de investigaciones realizadas en sede policial y fiscal:

No se ha podido comprobar que estén usando indebidamente a OSFL para propósitos de LA y/o FT. Durante el 2021 se impulsaron 6 investigaciones sobre terrorismo con posibles conexiones con FT. El MP y la DIRILA manifestaron haber iniciado en el último año investigaciones preliminares vinculadas a organizaciones residuales de SL, que captan fondos y promueven adoctrinamiento de sus miembros a través de múltiples actividades, algunas de las cuales se relacionan con OSFL. Al respecto, las autoridades de la PNP señalaron que la organización política de SL utiliza una estrategia de infiltración para captar adeptos entre los jóvenes, en ámbitos de colegios, universidades, federaciones, movimientos de mujeres y jóvenes, centros culturales y sindicatos. No obstante, no hay información concluyente, pues las investigaciones se encuentran aún en etapa preliminar”.

“No se ha podido comprobar que estén usando indebidamente a OSFL para propósitos de LA y/o FT”.

Desde el punto de vista de la amenaza, la UIF concluye que “el nivel de exposición de las OSFL (organizaciones sin fines de lucro) al FT (financiamiento del terrorismo) es bajo”.

“El nivel de exposición de las OSFL al financiamiento del terrorismo es bajo”.

Según informó la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) a la UIF, en el país hay más de 300 mil organizaciones sin fines de lucro, pero activas, de acuerdo con la Sunat, sólo 39,219.

De ese universo, 12,723 se activaron en 2018, 14,408 en 2019 y 8,769 en 2020. En total, 35,900. En contexto, esto quiere decir que de las 39,219 OSFL activas, 35,900 fueron activadas entre 2018 y 2020. Suponemos que el Congreso va a indagar las actividades de las que se activaron en los últimos años.

Por último, un dato relevante es el de la procedencia y la naturaleza de los fondos recibidos por las organizaciones sin fines de lucro fundadas en el Perú.

Vía cooperación oficial bilateral intergubernamental, en el 2019 ingresó al país un total de US$ 212.9 millones, de los cuales el 85% provino de Estados Unidos, Canadá, España, Suiza y Alemania, principalmente, y por cooperación oficial multilateral, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que representó el 57% de dicha cooperación.

Otro 32% correspondió a cooperación de la FAO, el Banco Mundial, agencias de la ONU como UNFPA, ACNUR, PNUD, FIDA, UNICEF, y la Corporación Andina de Fomento; y el 11% restante a otros 37 organismos multilaterales.

¿El Congreso de la República busca supervisar o pretende impedir  todas estas actividades, que representan la mayor parte de la cooperación que ingresa al país? ¿O hay otros fines no declarados tras su dictamen? Vista esta información, los congresistas están obligados a transparentar sus objetivos.

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