Tras asumir como máxima autoridad del Ministerio Público, Patricia Benavides removió a la fiscal suprema que investigaba a sus hermanas, Bersabeth Revilla, y cambió a fiscales de otros equipos y despachos. La Junta Nacional de Justicia inició pesquisas por esos hechos y en abril pasado abrió investigación preliminar contra la alta magistrada. Los avances de la JNJ revelan serios indicios sobre las aparentes razones para remover y cambiar fiscales, y en este informe los narramos en exclusiva.

En la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hay tres casos de investigación abiertos contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por hechos que involucran su gestión como máxima autoridad del Ministerio Público y como fiscal suprema. Quizá el que contiene los asuntos más comprometedores y nutridos es el “Caso Nº 008-2022”.

En la Investigación 008-2022, la JNJ ha reunido una serie de indicios que están contenidos en la Resolución Nº 403-2023-JNJ, con la cual  abrió investigación preliminar contra la fiscal de la Nación el 17 de abril pasado.

Son hechos de alta relevancia e interés, aunque, el final del caso podría frustrarse si se confirma la decisión de la jueza constitucional Jacqueline Tarrillo Meneses, de declarar suspendidas las investigaciones de la JNJ contra Patricia Benavides, y si el Congreso de la República apura la suspensión de todos los integrantes de la Junta, en un aparente acto de acelerado salvataje en favor de la máxima representante de la Fiscalía.

Patricia Benavides Vargas
Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación.

Los hechos contenidos en el caso 008 son: el cese de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza Enma Benavides –hermana de la fiscal de la Nación– por la presunta liberación de procesados por narcotráfico a cambio de dinero; los cambios en el Equipo "Cuellos Blancos"; los cambios de los fiscales Aurora Castillo Fuerman, Luis Zapata Gonzales y Frank Almanza Altamirano; el informe que presentó la fiscal Azucena Solari Escobedo para sustentar el retiro de Revilla; y la designación del fiscal Miguel Vegas Vaccaro.

Junta Nacional de Justicia
Sede de la Junta Nacional de Justicia, en el distrito de San Isidro.

El primero de ellos –el de la remoción de la fiscal Revilla– contiene indicios muy serios y es el que desarrollaremos en la primera parte de este informe.

Patricia Benavides dixit

El 30 de junio de 2022, Patricia Benavides juramentó como fiscal de la Nación. El 1 de julio, tomó la primera decisión concerniente a Bersabeth Revilla, la fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En acto que ha sido poco comentado, Benavides dio por concluida la designación de Revilla como coordinadora general del Equipo "Cuellos Blancos" a nivel de Fiscalía Suprema.

Revilla aún continuó como encargada de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, pues, tenía mandato hasta el 31 de diciembre de 2022. Como tal, tenía a su cargo, entre otras, las investigaciones contra la hermana de la fiscal de la Nación, la jueza superior Enma Benavides, y los otros vocales del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional, por la presunta liberación de procesados por narcotráfico a cambio de sobornos.

Bersabeth Revilla
Exfiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación.

Pero eso no duró mucho. El 25 de julio, tres semanas después de asumir la Fiscalía de la Nación, Benavides dejó sin efecto la designación de Revilla al frente de dicha fiscalía.

Revilla renunció, y poco después, la congresista Susel Paredes presentó las primeras denuncias ante la JNJ por esa y otras remociones. Este organismo abrió indagaciones preliminares, y en la primera semana de setiembre de 2022, recibió los descargos de la fiscal Benavides.

En su informe, la fiscal de la Nación alegó que las denuncias obedecían a una campaña de desprestigio en su contra, en represalia por haber investigado a Pedro Castillo.

En ese y en otros informes que entregó en fechas posteriores, la fiscal de la Nación explicó las razones por las cuales retiró del cargo a la fiscal Revilla, la magistrada que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides. Su defensa se resume en los siguientes puntos:

  1. Removió a Bersabeth Revilla de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios porque incumplía con atender de manera urgente la carga procesal.
  2. Su bajo nivel de productividad está sustentado en el Informe Nº 0012-2022, del 22 de julio de 2022, elaborado por la Oficina de Control de la Productividad Fiscal antes de la salida de Revilla, y en el Informe Nº 001-2022, elaborado después de su renuncia por la fiscal Azucena Solari Escobedo, quien la reemplazó.
  3. No hay conflicto de interés por haber removido a la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, pues, mantuvo en sus puestos a los fiscales de su equipo, Alcides Chinchay Castillo y José Ronald Quispe Suárez, quienes también ven el caso de la liberación de los procesados por narcotráfico.
  4. Tampoco existe “conflicto personal” con Revilla, pues, lo que dijo Enma Benavides en la audiencia judicial en la que se le impuso impedimento de salida del país, respecto de un presunto problema personal entre Patricia Benavides y Bersabeth Revilla, fue expresado de manera “condicional” y no “afirmativa”.

También dijo que la Junta Nacional de Justicia no puede investigarla porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso determinó que la remoción de Revilla fue “lícita”; porque su puesto era transitorio; y porque, según la versión que dio, el fiscal supremo Pablo Sánchez emitió una disposición señalando que su decisión fue “un acto de gestión institucional”.

Para la Junta, los argumentos de la fiscal Benavides no resultaban suficientes para quitarle peso a las sospechas por presunta “inconducta funcional”.

Los indicios de la Junta

La JNJ pone especial atención en los dos documentos que sustentaron la supuesta baja productividad de Revilla y, en consecuencia, su remoción: los informes 0012-2022, de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, y 001-2022, firmado por la fiscal reemplazante de Revilla, Azucena Solari Escobedo.

Azucena Solari
Fiscal suprema provisional Azucena Solari.

Según la cronología, el primero de ellos, el Informe 0012-2022, de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, fue entregado a las altas instancias de la Fiscalía el viernes 22 de julio. La fiscal de la Nación firmó la resolución de relevo de Revilla el siguiente día hábil, lunes 25 de julio de 2022. Se presume que Revilla no tuvo tiempo para conocer el informe y presentar sus descargos.

La Junta también se pregunta por qué se relevó del cargo a una fiscal cuyo mandato en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios culminaba todavía el 31 de diciembre de ese año.

Pero, la investigación de la JNJ se pone más interesante cuando da cuenta de que el mismo documento que sustenta la supuesta “baja productividad” de Revilla, el Informe Nº 0012-2022, de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, también indica que no existe una “meta mensual estándar” de casos resueltos. Por ello, para la Junta no queda claro cómo es que se llega a la conclusión de que Revilla era poco productiva.

Según el mismo informe, la data que sustenta la supuesta baja productividad de Revilla pertenece al Sistema de Gestión Fiscal (SGF).

El segundo documento que sustenta la decisión de la fiscal de la Nación, el Informe Nº 001-2022, de Productividad Fiscal, elaborado por la fiscal Azucena Solari el 4 de agosto –cuando Revilla ya estaba fuera– es todavía más interesante.

Allí, Solari le dijo a Benavides que, según el Sistema SIAFT de la Fiscalía, la producción de Revilla o la cantidad de carpetas resueltas en 2019, 2020, 2021 y 2022 fue de 42.6%, 55.9%, 73.3% y 47.2%, respectivamente. Un promedio de 54%.

Pero, el breve informe de Solari vino acompañado de cuatro cuadros estadísticos que contenían, cada cual, una anotación en la parte superior: “Sistema SGF”. El mismo sistema usado para el Informe Nº 0012-2022.

Según la JNJ, los cuadros adjuntos al informe de Solari señalan que la producción de Revilla en 2019, 2020, 2021, y lo que iba de 2022, era de 90.6%, 92.5%, 90.9% y 57%, respectivamente. Una diferencia abismal respecto del primer informe.

Con lo cual, la Junta Nacional de Justicia sospecha que la remoción de Bersabeth Revilla se habría basado en cifras de rendimiento no definitivas en aquel momento.

Debido a esa discrepancia, la JNJ le pidió a la fiscal Solari Escobedo que aclare el punto, pero, hasta la apertura de investigación preliminar (17 de abril), sólo había remitido las cifras iniciales, las contenidas en el Informe Nº 0012-2022.

Ahora, aquí viene otro punto relevante.

Recuérdese que la fiscal Azucena Solari elevó a la fiscal de la Nación su Informe Nº 001-2022 el día 4 de agosto de 2022. Firmó este documento como responsable del despacho que había dejado la fiscal Revilla, a quien había reemplazado. La Junta Nacional de Justicia ha encontrado que, en dicha fecha, Solari ya tenía otro cargo.

De acuerdo con la Junta, un día antes, el 3 de agosto, Patricia Benavides había dado por concluida su designación en el antiguo despacho de Revilla, y, como la fiscal de la Nación la mantuvo con el rango de fiscal suprema provisional, el mismo día, la Junta de Fiscales Supremos la designó como encargada de la Fiscalía de Control Interno, con la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº 59-2022-MP-FN-JFS.

Si no mantenía el rango de fiscal suprema provisional, la fiscal Solari no habría podido asumir la Fiscalía de Control Interno. Por ello, para la JNJ, esa designación sería un indicio de supuesto “favorecimiento indebido”, a cambio presuntamente de haber suscrito el Informe Nº 001-2022, que tiraba por los suelos la productividad de Revilla.

Epicentro Tv ha conocido que por estos hechos la JNJ también abrió investigación preliminar contra la fiscal suprema provisional Azucena Solari.

“Información falsa y arbitraria”

Durante esta investigación, la fiscal Bersabeth Revilla le dijo a la Junta Nacional de Justicia que la información contenida en el informe de la fiscal Azucena Solari es “falsa”, “arbitraria”  y “no verificada” y, por ello, su uso le causó un grave perjuicio.

Epicentro Tv ha conocido que en el desarrollo de sus hipótesis, la Junta Nacional de Justicia señala que la fiscal de la Nación habría removido a Bersabeth Revilla con el objeto presunto de interferir en las investigaciones que ésta realizaba sobre las juezas Enma y Ruth Benavides Vargas, hermanas de Patricia Benavides, valiéndose para ello del Informe Nº 0012-2022, que sustentó la supuesta falsa productividad de Revilla.

La fiscal Solari no estuvo mucho tiempo en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en reemplazo de Bersabeth Revilla. Poco después, la fiscal Benavides la cambió de puesto, designándola como responsable de la Fiscalía de Control. En la Segunda Fiscalía Transitoria puso a cargo a Uriel Terán Dianderas, un fiscal superior mixto que provenía de Arequipa.

Uriel Terán Dianderas
Fiscal supremo provisional Uriel Terán Dianderas.

De ese modo, Terán se hizo cargo del caso de la jueza Enma Benavides y los vocales del “Colegiado E”, María Apaza Panuera y Pablo Ilave García, investigados por la liberación de procesados por tráfico de drogas.

Unos meses después, estando aún dentro de los plazos de investigación, Terán Dianderas solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia el sobreseimiento del caso contra Enma Benavides y sus colegas. Si esta instancia judicial acoge el pedido de Terán, el caso de Enma Benavides quedará archivado.

Según la JNJ, la fiscal Benavides se habría valido de funcionarios designados por ella misma, o por otros, para supuestamente intervenir en la investigación contra su hermana Enma y también contra Ruth Benavides Vargas, otra de las hermanas bajo pesquisas del antiguo despacho de Bersabeth Revilla.

“Degradante”

Cuando la fiscal de la Nación dejó a Bersabeth Revilla fuera de la Segunda Fiscalía Transitoria de Corrupción de Funcionarios, la envió al despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a órdenes del recién ascendido a fiscal adjunto supremo, Miguel Ángel Vegas Vaccaro.

Eso era, para Revilla, un trato “degradante”, y, entonces, tuvo que renunciar.

¿Por qué “degradante”?

Porque, según recuerda la JNJ, anteriormente, cuando era fiscal superior, Vegas Vaccaro fue investigado por Revilla y por su equipo por presuntas colusión y negociación incompatible, por una supuesta contratación de un colega suyo mediante una orden de servicio, a pesar de que este fiscal ya cumplía funciones en la Junta de Fiscales Supremos y que cobraba por ello un salario.

Miguel Ángel Vegas Vaccaro
Fiscal supremo provisional Miguel Ángel Vegas Vaccaro.

Por ello, Revilla solicitó autorización a la Fiscalía de la Nación para ejercer acciones penales contra el fiscal superior Vegas Vaccaro, pero una Disposición de Fiscalía de la Nación, firmada el 17 de mayo por el entonces fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez Velarde, archivó el caso.

La disposición de Pablo Sánchez contenía en la parte inferior las iniciales “lpbv”, iniciales que, para la JNJ, serían de Liz Patricia Benavides Vargas, quien en aquella fecha era encargada del Área Especializada en Denuncias contra Magistrados (Aredema).

El sábado 2 de julio, en su segundo día como fiscal de la Nación –y un día después de ejecutar la primera remoción de Bersabeth Revilla, cuando dispuso que ya no sea la coordinadora general del Equipo “Cuellos Blancos”– la fiscal Patricia Benavides nombró al fiscal superior Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, el mismo lugar al que envió días después a la fiscal Revilla.

Así se manejó la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, que hemos presentado en esta primera parte. La Junta Nacional de Justicia ha reunido esas y otros indicios.  Son hechos que a lo mejor podrían explicar el apuro del Congreso por sacar del camino a sus magistrados.

Compartir