El departamento de la calle Alcanfores

En el transcurso de la investigación a los jueces de la sala que integró la jueza Enma Benavides –hermana de la fiscal de la Nación– por la presunta liberación de acusados de narcotráfico a cambio de supuestos sobornos, un agente de inteligencia de la Diviac verificó la dirección en la que debía cumplir prisión domiciliaria uno de los liberados, y lo que encontró terminó incomodando a una de las magistradas, quien lo denunció por hacer su trabajo. Ahora, el agente está a punto de ser sancionado por su institución.

En setiembre del 2013, un colombiano recluido en el penal de Ancón I, Roberto Gómez Herrera, alias “Huevo”, solicitó a la justicia peruana ser procesado en libertad. Había sido detenido el 3 de noviembre de 2012 junto con un compatriota suyo, dos peruanos y un venezolano, por intentar enviar casi mil kilos de droga a Europa.

Todos eran investigados y procesados por tráfico ilícito de drogas.

La historia del intento del envío de la droga, de la captura de la organización y de su posterior liberación ha sido ampliamente documentada por el medio IDL-Reporteros en sus ediciones del 30 de setiembre (“La droga en la piedra”) y 18 de octubre de 2022 (“La tarifa por la libertad”).

Preso en Ancón I, Roberto Gómez Herrera pidió el cambio del mandato de detención por el de comparecencia, con detención domiciliaria.

Alegó sufrir de insuficiencia cardíaca, úlcera digestiva y hernia lumbociática.

Y ofreció arraigo laboral y domiciliario, presentando para esto último un contrato de alquiler de un departamento ubicado en un edificio de la calle Alcanfores 427, Miraflores, rentado por un supuesto primo suyo, Alexander Jaramillo Herrera, también colombiano.

Los primeros intentos por obtener su libertad fracasaron.

Solo uno de los detenidos aquel 3 de noviembre de 2012 había salido de prisión; era el peruano José Panta Ortiz, a quien la Sala Penal Nacional había concedido comparecencia restringida el 13 de diciembre de ese año, veinticuatro días después de su detención. Un récord.

Según ha narrado un colaborador eficaz, con código 002-2019, Panta fue a visitarlos al penal porque tenía un secreto que contarles: cuál era el camino a la libertad.

En su confesión, el colaborador indicó que Panta les recomendó contactar con el abogado Walter Máximo Mendoza Pérez, alguien que “se presenta a (sic) los imputados y les dice que él puede solucionar su problema, ya que tiene los caños en el juzgado”.

El colaborador también comprometió  a magistrados del Poder Judicial, entre ellos, a la jueza superior Enma Benavides Vargas, del Colegiado E de la Sala Penal Nacional.

El colaborador eficaz aseguró que tras conocer al abogado Mendoza, la suerte del grupo empezó a cambiar.

El 15 de enero de 2015, el juez de la Sala Penal Nacional, Rafael Martínez Vargas, ordenó la variación de la medida de detención de Gómez Herrera y le dio comparecencia. Desde hace semanas, Epicentro Tv le ha escrito y llamado, sin obtener una sola respuesta.

El fiscal supraprovincial contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Tamariz, apeló la decisión. Sostuvo que el contrato de alquiler del departamento de la calle Alcanfores 427 estaba vencido desde agosto de 2014, por lo que consideró inexistente el arraigo domiciliario.

La apelación llegó al Colegiado E de la Sala Penal Nacional, integrado por los vocales superiores María Apaza Panuera, Enma Benavides Vargas y Lorenzo Ilave García, quienes resolvieron pocas semanas después, el 3 de marzo.

Con la ponencia de la jueza Benavides –hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides– el Colegiado E no solo ratificó la excarcelación sino que, además, ordenó liberar al compatriota de Gómez, Edison Ruiz Martínez, detenido junto con él.

Tiempo después, un agente de inteligencia de la Diviac recibió la orden de verificar el domicilio en el que debía cumplir comparecencia Gómez Herrera. Allí empezó su problema.

5 años después

Un recluso que no fue tocado por la suerte contó tiempo después los pormenores de la liberación de los colombianos, de modo que, cuando el escándalo llegó al despacho de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, ésta abrió investigación y el reo se convirtió en colaborador eficaz, código 002-2019.

El colaborador habló de presuntos pagos de sobornos, contactos y puntos de encuentro.

Uno de ellos, el lugar donde se habría concretado un importante pago: un departamento en el distrito de Miraflores “a la altura de una tienda Vivanda”, en aparente referencia a la tienda ubicada entre la avenida Benavides y la calle Alcanfores.

Los efectivos de la unidad policial especial Diviac destacados para apoyar la investigación de la fiscal Revilla revisaron el expediente de la liberación de Gómez y de Ruiz y anotaron la dirección consignada en las resoluciones judiciales de liberación: Alcanfores 247. No decía Alcanfores 427, como estaba en el contrato.

El 6 de marzo de 2020, exactamente cinco años después de que el Colegiado E de la Sala Penal Nacional ratificara la libertad de Gómez, el suboficial Alexis Franco Peña, cumpliendo una disposición de la fiscal Revilla, se dirigió a la dirección para verificar el inmueble.

La dirección consignada en la resolución judicial, es decir, Alcanfores 247, no existía.

Alcanfores 247 nunca existió

En realidad, esa dirección nunca existió.

Gómez fue liberado en virtud a un arraigo domiciliario en un lugar inexistente. Los magistrados que firmaron su liberación, en juzgado y luego en sola, no ordenaron verificaciones antes de firmar la liberación.

Pero el agente de la Diviac –que no llevaba uniforme de reglamento porque realizaba una acción de inteligencia– no se limitó a registrar la inexistencia del inmueble.

Cruzó la pista y se fue al número que estaba al frente, un edificio de dos torres llamado La Masía. Allí preguntó a los conserjes si sabían algo de la dirección 247. Se percató de que eran ciudadanos colombianos.

El diálogo informal que el agente Franco asegura haber sostenido con los conserjes fue consignado en el Informe Nº 050-2020-Dirnic-PNP/Diviac-Depinesp Nº 1, con sello de “secreto”, que Franco elevó el mismo día a sus superiores.

Según dio cuenta, uno de los conserjes le dijo que conocía a Alexander Jaramillo Herrera, el primo del liberado Gómez Herrera, y también a Gómez, pero que, según le indicó, hacía cinco años que no los veía.

Cinco años atrás, en 2015, Gómez había sido puesto en libertad y se había ido del país.

El punto 2 de la segunda página contiene esos detalles:

“Una vez ubicado dicho inmueble se procedió a entrevistar a los conserjes de cada torre (A y B), quienes al preguntarle por los ciudadanos Alexander Jaramillo Herrera y Roberto Carlos Gómez Herrera, el conserje de la Torre B refirió conocerlo, pero desde el año 2015 aproximados (sic) abandonaron dicho condominio”.

El conserje no pudo precisar o recordar qué departamento habían habitado o frecuentado, pero el mismo punto añade más información:

“(El conserje) aseguró conocer también a su primo (de Alexander Jaramillo), Roberto Carlos Gómez Herrera, precisando además desconocer el motivo de su retirada de dicho condominio; asimismo, cuando se le preguntó por la existencia del cuaderno de ingreso de dicho predio, manifestaron (que) sí existe tal cuaderno, pero que la administración (del edificio) maneja tal información”.

El suboficial Franco fotografió la fachada del edificio y una hoja con los datos de la administración, que estaba pegada en la recepción, y se fue. Su informe también fue firmado, en señal de conformidad, por su jefe inmediato, el teniente Roger Yon Hinostroza.

Poco tiempo después, vino la sorpresa.

La dirección del edificio La Masía que consigna el informe secreto del agente Franco es la misma que consigna como domicilio una de las magistradas investigadas por la presunta liberación de procesados por narcotráfico, la jueza María Luisa Apaza Panuera, del Colegiado E de la Sala Penal Nacional, el tribunal de la jueza Enma Benavides.

¿Error de tipeo?

¿Por qué si Gómez Herrera consignó futuro domicilio en Alcanfores 427, el suboficial Franco buscó la dirección Alcanfores 247? Porque las resoluciones de los jueces liberadores consignaron esta última.

¿Quién cometió el error? ¿Fue un lapsus “voluntario” o un error de tipeo?

A fines de 2014, cuando Gómez Herrera y Ruiz Martínez se preparaban para salir libres, su compatriota Alexander Jaramillo Herrera renovaba un contrato de alquiler con el propietario del departamento del edificio de Alcanfores 427. Pero, en el contrato, se tipeó 247.

Jaramillo presentó a la Sala Penal Nacional ese contrato y un “acta notarial” realizada por el notario Marcos Veinstein Blanck, quien supuestamente verificó la existencia del inmueble aunque, como ya se dijo, la dirección no existe.

Con ambos documentos, contrato de alquiler y acta notarial, tanto juez como vocales superiores repitieron –sin dudar ni preguntar– el error de la dirección inexistente.

Por esa razón, al agente Franco le ordenaron verificar ese número, y al frente, el edificio La Masía, se encontró con que los conserjes, de nacionalidad colombiana, le dijeron que allí también habían estado los colombianos Gómez y Jaramillo.

Entonces, ¿eran dos inmuebles distintos los que rentaban los colombianos Jaramillo y Gómez? ¿Uno, ubicado en la cuadra 2, y otro, en la cuadra 4 de la calle Alcanfores?

Esta duda solo pudo haber sido aclarada por Roberto Gómez, preso en Brasil, y por Jaramillo, detenido en Colombia, a través de mecanismos de colaboración judicial internacional, que ya había puesto en marcha la fiscal Bersabeth Revilla.

Pero, el fiscal Uriel Terán Dianderas, puesto en reemplazo de Revilla por la fiscal de la Nación, pidió en enero pasado archivar el caso por “sobreseimiento”, y la posibilidad de interrogar a los colombianos puede quedar trunca.

La jueza Apaza reacciona

Para la jueza superior María Luisa Apaza, que su domicilio coincida con lo que encontró el suboficial de la Diviac debe ser, por lo menos, incómodo. Ella no ha respondido ninguno de nuestros mensajes por whatsapp y por correo electrónico.

Cuando ella se enteró del informe del agente Franco, montó en cólera y lo denunció –a él y al teniente que dio conformidad a su informe, Roger Yon Hinostroza– por faltas “muy graves” al Régimen Disciplinario de la PNP, por “faltar a la verdad en documentos relacionados con la investigación fiscal” y por “fracasar en el cumplimiento de la misión o incumplir la responsabilidad funcional”. Eso se castiga con la suspensión del policía.

La jueza Apaza alegó que en su informe, Alexis Franco consignó “información falsa, sorprendiendo a la autoridad jurisdiccional para supuestamente corroborar el dicho del colaborador eficaz Nº 02-2019, cuando esto no se ajusta a la verdad, y luego considerar como uno de los elementos de convicción para fundamentar medidas cautelares personales”, en referencia al impedimento de salida del país que había dictado entonces el juez Hugo Núñez contra la jueza Enma Benavides.

La Inspectoría Descentralizada de Lima y Callao Nº 2, de la Policía Nacional, abrió procedimiento sancionador contra el suboficial, quien se defendió diciendo que solo acató una orden de la Fiscalía y que se limitó a consignar lo que recogió en el edificio.

Su defensa no tuvo éxito. El 16 de febrero de 2023, el jefe de la Inspectoría Descentralizada, coronel Maxfredid Pérez Rodríguez, lo sancionó con seis meses de disponibilidad.

Franco apeló y la máxima instancia de la Inspectoría resolverá esta semana si confirma o revoca la sanción impuesta.

El 16 de marzo de 2022 hubo una constatación fiscal en la cuadra 2 de la calle Alcanfores. La conclusión fue que –como había señalado el suboficial en su Informe 050– la numeración 247 no existe.

Entre otros, participaron los abogados de las juezas superiores María Apaza y Enma Benavides, Alfonso Fuentes Calcino y Fred Borbor Ríos, respectivamente. Este último, del Estudio Hauyón & Hauyón Abogados y Economistas.

El abogado y esposo

Desde hace tres semanas Epicentro Tv ha escrito y llamado a los investigados jueces superiores y a sus respectivos abogados, pues, la versión del colaborador eficaz es que en uno de los departamentos de Miraflores se habrían pagado presuntos sobornos.

La jueza Benavides nos colgó el teléfono apenas nos presentamos.

A su abogado, Bryan Kabsther, del Estudio Hauyón & Hauyón Abogados y Economistas, le dejamos abierta la posibilidad de alcanzarnos información y le dijimos que estábamos dispuestos a escuchar su versión. Nada.

El socio principal del Estudio Hauyón & Hauyón, José Luis Hauyón, es cercano a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como grafica una fotografía que publicamos el 24 de agosto de 2022.

Te puede interesar:

Hermana de fiscal de la Nación acusó de "conducta arbitraria" a fiscal Revilla

...

El abogado de la principal interesada en esta historia, Alfonso Fuentes Cancino, esposo de la magistrada Apaza y coronel en retiro de la Policía, respondió así a nuestro requerimiento:

“Lo único que puedo decirle es que tenga mucho cuidado en publicar mentiras o embustes, averigue bien, vaya a la Fiscalía y vea el expediente porque ahí encontrará que se quieren dañar honras y las evidencias y medios de prueba, incluso, constataciones, fotos y videos que ya se hicieron hasta el cansancio y la Dra. Apaza no tiene nada, está totalmente limpia de polvo y paja”.

Este último lunes, le insistimos. Respondió refiriéndose a la persona cuya denuncia gatilló este caso, el mayor en retiro de la Policía Hilario Rosales Sánchez, quien cumplió condena por el caso “La Gran Cruz del Norte:

“... Denuncia a tuti lo mundi (sic), entre ellos al Sr. Williams, presidente del Congreso, a Dina Boluarte, presidente de la República, a la Dra. Benavides, fiscal de la Nación, entre otras tantas autoridades, sin fundamento, indicios ni evidencias, que oportunamente también será condenado por sus irresponsables afirmaciones”.

La administración del edificio La Masía se ha pronunciado señalando que no registra ninguna visita policial y que no tuvo entre sus inquilinos a ninguno de los colombianos señalados.

Llamadas y ubicación de teléfonos

No obstante, hay otros elementos que debieron haberse profundizado.

El 24 de junio de 2020, la Diviac culminó un informe sobre cruce de llamadas telefónicas y ubicación geográfica de los celulares de los magistrados investigados, de su personal de confianza, de los abogados implicados y de los procesados por narcotráfico liberados.

El Informe 017-2021 no arroja ninguna novedad sobre los magistrados, pero sí sobre el abogado Walter Mendoza Pérez, señalado por el colaborador eficaz como el presunto nexo entre los reclusos y los jueces de la Sala Penal Nacional.

El rango de tiempo investigado fue seis meses antes y seis meses después de la liberación de Roberto Gómez, ocurrida en enero de 2015, y de Edison Ruiz, en marzo del mismo año; y el punto de referencia fue al edificio La Masía de la cuadra 2 de la calle Alcanfores.

Entre febrero y marzo de 2015, el teléfono Movistar de Walter Mendoza rebotó en las tres antenas más cercanas al edificio La Masía. Las antenas se ubican a 353 metros, 405 metros y 410 metros de allí. Mendoza estuvo muy cerca.

Su teléfono Claro registró en el mismo período rebote en la antena de esa empresa más cercana al edificio La Masía, a 391 metros de distancia.

Además, el informe revela que entre Mendoza y los colombianos Alexander Jaramillo Herrera y Percy Curomoto Matos Sandoval –otros de los detenidos junto con Roberto Gómez– hay varias decenas de llamadas telefónicas en el período investigado.

Los vocales del Colegiado E de la Sala Penal Nacional han declarado que no conocen a Walter Mendoza, hombre clave en esta trama.  

Pese a todos los indicios, el 2 de febrero de este año, el fiscal Uriel Terán pidió en un requerimiento mixto el sobreseimiento del caso para el juez Rafael Martínez Vargas y los vocales María Apaza Panuera, Enma Benavides Vargas y Pablo Ilave García.

Ello, a pesar de que en febrero el plazo de investigación, de 36 meses, no se había cumplido aún. Actualmente, en junio, dicho plazo sigue. Pero, por alguna razón, la Fiscalía lo ha cerrado.

Y ahora el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria decidirá si lo cierra definitivamente o si continúa la investigación.

El fiscal Terán tuvo ante sus ojos la dirección del edificio La Masía como domicilio de la jueza Apaza Panuera, pues está consignada en su pedido de sobreseimiento de la causa, pero, por lo pronto, no realizará más acciones de investigación.  

Epicentro Tv lo llamó y, al contestar, prometió atender nuestras consultas algunas horas después. Nunca más respondió las llamadas ni los mensajes.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia final en el Tribunal Policial de la Policía Nacional para definir la suerte del agente Alexis Franco, denunciado por la jueza Apaza Panuera por toparse con su dirección cuando solo hacía su trabajo.