Procuraduría en contra del sobreseimiento del caso de Enma Benavides

La Procuraduría Anticorrupción se opuso hace ocho meses al pedido de la Fiscalía para declarar "sobreseído" el proceso investigatorio contra la hermana de la fiscal de la Nación y otros jueces –por el caso de la liberación de procesados por narcotráfico a cambio de presuntas coimas– y pidió una “investigación suplementaria” para efectuar diligencias que el Ministerio Público debió haber hecho. El juez supremo Juan Checkley debe tomar una decisión.  

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios nunca estuvo de acuerdo con el pedido que hizo el fiscal supremo provisional Uriel Terán al Poder Judicial para que declare sobreseído y archivado el caso contra la jueza Enma Benavides –hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides– y otros jueces. Por ello, el organismo defensor del Estado cuestionó la solicitud del fiscal Terán y se opuso a la misma.

Terán presentó su pedido de sobreseimiento del caso el 1 de febrero pasado. El 23 del mismo mes, la Procuraduría Anticorrupción, durante la gestión del procurador Javier Pacheco, presentó ante el despacho del juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley Soria, un escrito de “Oposición” a la disposición de Terán.

El escrito, de 59 páginas, firmado por la entonces procuradora adjunta, Yudith Villegas Espinoza, argumenta que aún hay diligencias de investigación que el Ministerio Público no ha practicado y que debe realizar en una “investigación suplementaria” que el juez Checkley debería ordenar.

El juez Checkley es el mismo que tiene en sus manos decidir sobre el requerimiento del fiscal Terán Dianderas. Si decide sobreseer el caso en el extremo de los jueces, no habrá nada que hacer. Si opta por la continuación de la investigación, debe pronunciarse sobre las diligencias que pide la Procuraduría Anticorrupción.

El fiscal Terán requirió sobreseer el caso y mandarlo al archivo argumentando una supuesta falta de elementos que pudieran probar que los jueces Enma Benavides y sus colegas del Colegiado E de la Sala Penal Nacional recibieron dinero del hoy prófugo abogado Walter Mendoza Pérez, como presunto nexo entre los propios magistrados y los procesados por narcotráfico detenidos en el penal Ancón II, los colombianos Roberto Carlos Gómez Herrera, ‘Huevo’, Edinson Ruiz Martínez, entre otros.

Terán sólo mantuvo los cargos contra los demás implicados en los presuntos pagos de sobornos, es decir, los colombianos y el abogado Walter Mendoza Pérez.

En su escrito, la Procuraduría es sumamente crítica con la postura adoptada por el fiscal Terán.

“A diferencia de lo que asume el Ministerio Público [en el pedido de sobreseimiento de Terán], esta parte procesal [la Procuraduría] afirma que sí existen elementos de convicción indiciarios que dan lugar a que efectivamente el dinero entregado a Walter Mendoza Pérez; fue entregado a los jueces investigados”, señala la página 14 de la oposición presentada por la procuradora Yudith Villegas.

En varios puntos, la procuradora manifiesta su desacuerdo con los postulados del pedido de sobreseimiento del fiscal Terán.

Por ejemplo, contrario a lo que señala el fiscal, de que el testigo “Hilario Manuel Rosales Sánchez no sería un testigo directo del hecho incriminado y por lo tanto su dicho no posee entidad suficiente para sustentar una acusación”, la Procuraduría considera que “la declaración brindada [por Rosales Sánchez] es coherente con las declaraciones de Percy Coromoto Mato Sandoval”, el interno colombiano que denunció a sus compatriotas como los presuntos pagadores de sobornos.

En las páginas 20 y 21, la Procuraduría cuestiona la lógica del fiscal Terán, quien en el pedido de sobreseimiento del caso se refiere a a una supuesta falta de pruebas para vincular a los procesados por narcotráfico y presuntos pagadores de coimas, con los jueces liberadores.

“Si bien es cierto que no existe una prueba directa, como grabaciones o registro histórico de llamadas, entre el abogado Walter Máximo Pérez, y los jueces, existe la afirmación de los propios actores de la búsqueda de su libertad, a través del pago de sobornos, y, su corroboración con las resoluciones emitidas por los juzgados y salas que eventualmente conocieron el caso 640-2012, denegando el juez Rafael Martín Martínez Vargas; y los magistrados del colegiado E de la Sala Penal Nacional, obtuvieron libertad”, señala la Procuraduría.

La Procuraduría cuestiona también que la Fiscalía no haya observado la necesidad de realizar una pericia que determine algún posible incremento patrimonial en los jueces.

“Siendo necesario para estos efectos examinar el probable aumento o desbalance patrimonial de dichos magistrados, dentro del periodo de investigación, es decir, de haber recibido las cantidades de 150 000.00 dólares, tuvo que manifestarse dentro de su movimiento financiero, por lo cual, se requiere un examen pericial respecto a este extremo, petición que se hará en el apartado respectivo del presente”, indica.

Pide “investigación suplementaria”

Ante el avance de los plazos, la Procuraduría Anticorrupción desarrolla desde la página 27 del documento la necesidad de que la Fiscalía realice una “investigación suplementaria” para la ejecución de pesquisas fundamentales.

“A consideración de esta parte [la Procuraduría], razonablemente sí existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, que eventualmente establecerá o determinará la recepción del elemento corruptor por parte de los magistrados, así como la forma en cómo se organizó la libertad de [l colombiano] Roberto Carlos Gómez Herrera, en el penal en el que venía purgando un mandato de detención”, alega.

Por esa razón, la procuradora Villegas solicitó al juez Checkley que ordene realizar actos de investigación que el Ministerio Público no considera hasta la fecha, que son fundamentalmente cuatro:

1. El levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los jueces investigados.

Ello, según la procuradora, es necesario porque “si el dinero que los abogados requirieron a estos procesados por narcotráfico, tenía como finalidad la entrega, en calidad de sobornos a los magistrados que conocían sus procesos, es lógico afirmar, que de haber recibido efectivamente este dinero, lo hayan incorporado a su patrimonio, y eventualmente, hayan realizado operaciones comerciales con esta”.

2. La realización de una pericia contable-financiera de la información obtenida del levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los jueces investigados.

3. La toma de declaración de los internos Larry Fernando Castillo Delgado, Percy Coromoto Matos Sandoval y Hector Simón Pacheco Córdova, tres de los denunciantes iniciales.

Sobre este punto, la Procuraduría señala: “las declaraciones que se solicita sean recabadas, fortalecerán de modo significativo la tesis respecto a que dentro del establecimiento penitenciario Ancón II, los procesados por narcotráfico tenían conocimiento que el colegiado E de la Sala Penal Nacional pedían sobornos a cambio de otorgar la libertad a estos procesados por narcotráfico”.

4. La toma de declaración del colombiano Roberto Gómez Herrera, ‘Huevo’, preso hoy en Brasil, vía cooperación internacional.

Siendo uno de los principales personajes en este caso, para la Procuraduría, la declaración de Gómez “establecerá la forma y modo en cómo se hizo la entrega del agente corruptor y las razones que le brindó el abogado Walter Mendoza Pérez respecto a la entrega del dinero a los magistrados que conocían su proceso judicial”.

La Fiscalía pidió declarar sobreseído este caso sin practicar diligencias importantes. Algunas, las ha hecho notar la Procuraduría Anticorrupción en su escrito de “oposición”. Esto fue planteado hace ocho meses y el juez supremo Juan Carlos Checkley tiene en sus manos la decisión sobre las diligencias requeridas y sobre el sobreseimiento. El reloj avanza.