Un Defensor cuestionado
La fiscalía ha revelado chats que involucran al asesor de la Fiscal Patricia Benavides, Jaime Villanueva, con algunos congresistas para coordinar la elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo. Sindicato de la entidad exige que renuncie al cargo, mientras que Gutiérrez niega acusaciones.
“Yo en ningún momento he pedido a ninguna autoridad, aún cuando sean conocidos, que intercedan por mí, y eso van a dar cuenta cada uno de los señores congresistas”, dijo hoy en conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo, Josué Gutierrez. Estas fueron sus primeras declaraciones tras revelarse la investigación fiscal que denuncia la existencia de una supuesta organización criminal, liderada por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, y que, a través de su asesor Jaime Villanueva, habría “negociado” la designación del Defensor del Pueblo en el Congreso.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (EFICCOP), liderado por la fiscal Marita Barreto, incluyó como indicios de prueba unos chats de Whatsapp en donde se evidenciaría una "influencia ilícita" por parte de Jaime Villanueva en algunos congresistas no solo en la elección del Defensor, sino también en la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Yo no conocía a la Fiscal de la Nación hasta después de mi elección. No la conocía. No había intercambiado una sola palabra, ni siquiera un saludo en el Congreso de la República o algo parecido. ¿Cómo podía haberle pedido algo?", dijo Gutiérrez acompañado de algunos trabajadores de la Defensoría del Pueblo.
¿Qué dice la investigación?
El EFICCOP ejecutó, durante la madrugada del domingo último, el operativo ‘Valkiria V’ para detener de forma preliminar por 10 días a Jaime Villanueva por formar parte de la supuesta organización criminal. Villanueva también es acusado por tráfico de influencias en agravio del Estado.
En la orden de detención preliminar, dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se describe como uno de los hechos presuntamente delictivos la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo “para fines ilícitos”. La tesis de la Fiscalía apunta a que tanto Jaime Villanueva como Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, asesores principales de Patricia Benavides, “desplegaron sus pretensiones de contar con un Defensor del Pueblo a la talla de sus intereses particulares”. Esto teniendo en cuenta que, ante una posible remoción de los integrantes de la JNJ, es el Defensor el que preside la Comisión Especial para elegir a los nuevos integrantes.
Este trabajo de coordinación con los congresistas se habría iniciado desde el año pasado y habría continuado hasta mayo de este año cuando el Pleno del Congreso finalmente eligió al nuevo Defensor del Pueblo. Como pruebas de este “despliegue de un plan de acción delictivo” por parte de la supuesta organización criminal ‘La Fiscal y su cúpula’, se adjunta el cuadro de visitas de los asesores de Benavides a los parlamentarios José María Balcazar de Perú Libre, Lady Camones de APP y Gladys Echaíz de Renovación Popular.
Tanto Lady Camones como Gladys Echaíz han reconocido que se reunieron con Jaime Villanueva, sin embargo, aseguraron que no trataron temas vinculados a la exfiscal Zoraida Ávalos o el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Debido a que en octubre del 2022, el Pleno del Congreso no llegó a un consenso con la elección del nuevo Defensor del Pueblo, la Junta de Portavoces acordó conformar una nueva Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo (2022-2023), quedando así:
En su cuarta sesión, realizada el 18 de abril de este año, se proclamó el orden de los candidatos aptos quedando en la lista Pedro Cartolín Pastor, Jorge Rioja Vallejos y Josué Gutierrez. Días después, Cartolín presentó su carta de renuncia irrevocable a la elección quedando solo Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez como seleccionados. Esta situación, señala la Fiscalía, generó un escenario de debate político. Rioja era promovido por las bancadas de Acción Popular y el Bloque Magisterial, mientras que Gutiérrez por el partido Perú Libre.
Las críticas surgieron entonces contra Gutiérrez por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de la Defensoría, que señala que Gutiérrez debió acreditar haber cumplido 35 años, ser abogado y gozar de conocida reputación, integridad e independencia. Gutiérrez no cuenta con trayectoria académica, ni tiene especialización en derechos humanos. Ha sido congresista nacionalista y abogado del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón.
En un primer momento, tal como muestran los chats investigados por la Fiscalía, Jaime Villanueva, mostró interés por el candidato Jorge Rioja Vallejos, asegurando que la cercanía con los congresistas era una garantía para el trabajo coordinado.
Sin embargo, el 17 de mayo, el mismo día de la votación del Pleno, Villanueva avisa que la estrategia es otra: apoyar a Josué Gutiérrez. Esto sucedió a las 4:15 p.m. cuando el congresista de Fuerza Popular y vicepresidente de la Comisión Especial, Arturo Alegría, estaba fundamentando su informe para la elección del Defensor.
“Puedo afirmar con total convicción que la Comisión Especial ha llevado a cabo su labor de manera rigurosa y conforme a los parámetros legales establecidos. Nuestro compromiso con la transparencia e imparcialidad ha sido constante a lo largo de todo el proceso”, dijo entonces Alegría.
Minutos después, en una sesión silenciosa y sin debate, el Pleno votó por la elección de Jorge Rioja Vallejos. El resultado fue negativo: 58 votos a favor, 31 en contra y 24 abstenciones. Se necesitaban 87 votos para la elección del Defensor.
A las 4:30 p.m. el Pleno pasa a la segunda votación. En minutos se observa cómo los congresistas van adecuando sus votos. Desde el Whatsapp, Villanueva también hace seguimiento y señala: “Portero, cambia a verde. Tenemos defensor. Ahora falta la lagarta. Con los mismos votos, contundente”.
Acá se puede observar cómo la congresista Marleny Portero, de Acción Popular, a quien menciona Villanueva, cambia su voto a favor de la elección de Gutiérrez.
Josué Gutiérrez Cóndor logró 88 votos a favor, con mayoría de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular.
Al día siguiente, Villanueva continuó con los mensajes por Whatsapp pidiendo garantizar que la elección de Gutiérrez les sea beneficiosa.
¿Crisis en la Defensoría del Pueblo?
Desde la polémica llegada de Josué Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo, seis funcionarios adjuntos de áreas importantes de la entidad renunciaron a sus cargos. Se trata de Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales) y Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer), y Percy Castillo (Derechos Humanos).
Algunos de ellos, según fuentes de Epicentro Tv, dieron un paso al costado porque la agenda del Defensor del Pueblo no priorizaba la lucha en favor de los derechos humanos.
Los cambios sorpresivos también se han dado en adjuntías regionales. En Arequipa, designó recientemente a la abogada Andrea Livia Sarayasi Tejada como la nueva jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, en reemplazo de Ángel María Manrique Linares, quien renunció el 27 de octubre después de ocupar el cargo desde diciembre de 2017. Esta situación se debería también a discrepancias con el Defensor.
Según un reportaje de Epicentro TV, la renuncia del exjefe de la Defensoría de Arequipa no habría sido una decisión propia y habría estado motivada por presiones provenientes de la oficina Lima que esperaba la renuncia para no acudir a la figura de la destitución. Sarayasi Tejada fue designada en el referido cargo de confianza el 31 de octubre mediante la Resolución Administrativa N° 082-2023/DP, firmada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Sin embargo, el perfil y la trayectoria de la nueva funcionaria generaron inquietudes.
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Lo que más polémica ha generado aún es el dictamen aprobado recientemente por la comisión de Constitución el cual modifica la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Este dictamen recoge algunas propuestas realizadas por el actual Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en su proyecto de ley 6202/2023-DP, el cual ha sido cuestionado porque debilita el principio de la meritocracia dentro de la institución.
Entre las modificaciones a la actual norma está el establecer que el Defensor del Pueblo cesará de su cargo cuando se venza el plazo de su designación y “una vez que haya sido elegido su sucesor”, es decir que continuaría en el cargo incluso con el periodo vencido si no hubiera acuerdo para la elección del sucesor. Además, el dictamen plantea que el Defensor del Pueblo podrá designar a sus adjuntos sin necesidad de que pasen por un concurso público de méritos como se hace en la actualidad.
Lo más cuestionable es que el Defensor del Pueblo, según el dictamen, también podrá designar a alguien de su confianza en la secretaría técnica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instancia importante que viene siendo atacada por el Parlamento que busca la remoción de sus integrantes.
Para la Secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, Magali González, lo que se espera ahora es que Gutiérrez presente su renuncia al cargo porque no representa a la entidad.
“Lo que nosotros cuestionamos como sindicato es que la permanencia de Gutiérrez en el cargo afecta la integridad de nuestra institución. Nosotros somos la institución que supervisa la correcta administración pública, en ese sentido, requerimos tener un compromiso ético, una imagen intachable para que nuestras recomendaciones que no son vinculantes sean aceptadas y asimiladas por los órganos de la administración pública. Con qué legitimidad moral, ética podemos trabajar nosotros como comisionados en la labor diaria si tenemos a un titular que está seriamente cuestionado por la forma en que llegó al cargo”, aseguró a Epicentro Tv.
Asimismo, cuestionó que Gutiérrez haya despedido a 15 trabajadores CAS en octubre sin dar mayor explicación y que contrate a funcionarios que no cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Defensoría.
“Los adjuntos deben ser nombrados por concurso público, sin embargo está manteniendo una práctica errada de nombrar como personal de confianza, y los designa directamente, y justo por eso que en el proyecto de ley que presentó se incluye la modificación la Ley Orgánica para que se formalice esta práctica equivocada de considerarlos personas de confianza”, dijo González.
