A la sorpresiva renuncia del jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa siguió la no tan sorpresiva designación de Andrea Livia Sarayasi Tejeda como titular de ese despacho. En su trayectoria aparece una gran cercanía con el congresista Edwin Martínez investigado por el caso Los Niños. También trabajó en un cargo de confianza con el exministro José Luis Prado, también investigado por el mismo caso, por designar en cargos de confianza a recomendados por congresistas.
La reciente designación de la abogada Andrea Livia Sarayasi Tejada como la nueva jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, en reemplazo de Ángel María Manrique Linares, quien renunció el 27 de octubre después de ocupar el cargo desde diciembre de 2017, genera atención debido a la salida de profesionales altamente capacitados en la institución en los últimos tiempos, principalmente por discrepancias con la gestión actual encabezada por Josué Gutiérrez.
Hay información según la cual la renuncia del exjefe de la Defensoría de Arequipa no habría sido una decisión propia. Según fuentes de Epicentro TV, su dimisión habría estado motivada por presiones provenientes de la oficina Lima que esperaba la renuncia para no acudir a la figura de la destitución.
En ese contexto, la abogada Sarayasi Tejada fue designada en el referido cargo de confianza el 31 de octubre mediante la Resolución Administrativa N° 082-2023/DP, firmada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. El perfil y la trayectoria de la nueva funcionaria generan algunas inquietudes.
La recientemente designada jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa ingresó a la entidad en agosto de este año bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para la Adjuntía en Prevención de Conflictos Sociales. Entre los requisitos para este puesto se exigían conocimientos técnicos en derechos humanos y conflictos sociales, los cuales, según nuestras fuentes, no poseería.
En la convocatoria no eran requeridos documentos que sustentaran los conocimientos técnicos pero era necesario tener “programas de especialización o diplomados en gerencia pública o gestión pública, evaluación o monitoreo de proyectos o sistemas de inversión pública o conflictos sociales o sistemas de inversión pública o conflictos sociales, no menor a 100 horas (…)”.
De acuerdo con su declaración de intereses, su experiencia laboral se ha centrado principalmente en los municipios distritales de Mejía, José L. Bustamante y Rivero, Tiabaya, Socabaya y Jacobo Hunter, donde ocupó cargos como Procuradora Pública, Gerente de Asesoría Jurídica y en la Secretaría General.
En su trayectoria hay un trabajo que llama la atención: hasta junio de 2016, la actual Jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa trabajó como funcionaria de confianza de Pedro Edwin Martínez Talavera durante su mandato como alcalde de la Municipalidad de Mariano Melgar (2014-2018).
En la actualidad, Martínez Talavera es congresista y miembro del partido Acción Popular. Martínez es uno de los congresistas investigados por el conocido caso de “Los Niños” de Acción Popular, por los presuntos delitos de crimen organizado y tráfico de influencias agravado, relacionados con el supuesto intercambio de votos en el Congreso a cambio de cargos ministeriales durante el gobierno de Pedro Castillo. Además, también enfrenta una investigación por el delito de lavado de activos debido a un desbalance patrimonial de 700 mil soles durante su período como alcalde de Mariano Melgar.
La experiencia laboral de Sarayasi Tejada en la Municipalidad de Mariano Melgar, donde ocupó cargos importantes y participó en decisiones de modificaciones presupuestarias como funcionaria de confianza del ahora congresista Martínez Talavera, no se considera en su declaración de intereses.
Otro aspecto relevante es el rápido ascenso en la carrera de la nueva funcionaria de Josué Gutiérrez luego de su trabajo en los municipios distritales de Arequipa. En febrero de 2022, fue designada como Directora de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Secretaría General del Ministerio de la Producción, durante la gestión del entonces ministro Jorge Luis Prado Palomino. Este ministro enfrenta acusaciones de estar involucrado en el caso "Los Niños", debido a que se le imputa haber otorgado cargos laborales a personas cercanas a los congresistas en esa entidad.
Un dato más, según el informe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la funcionaria registra una deuda por impuestos pendientes en la central de riesgos de los años 2021 y 2022, lo que plantea interrogantes sobre su idoneidad para ocupar un cargo público de tanta importancia.
Ante estas revelaciones, surge la pregunta inevitable: ¿Se trata de una designación basada en méritos profesionales o es simplemente el resultado de una influencia política? La respuesta a esta interrogante queda en manos de las autoridades competentes y del escrutinio público.
Hemos buscado la versión de la flamante defensora pero ni ella ni su responsable de comunicaciones respondieron a nuestros llamados.
