El hasta hoy embajador de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, es el nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte. Es el tercer jefe de Gabinete Ministerial tras la salida de Pedro Angulo y Alberto Otárola. Acá recordamos algunas de sus polémicas intervenciones públicas.

Sin ningún otro cambio, más que el del primer ministro, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a su ‘nuevo’ gabinete ministerial. El reemplazo de Alberto Otárola es el hasta hoy representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén.

Adrianzén llega como un bombero a intentar apagar el incendio que provocó la polémica salida de Otárola tras la difusión de un audio que lo implicaba en el presunto favorecimiento en la contratación de su amiga y ex pareja, Yaziré Pinedo, en el Ministerio de Defensa.

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¿Quién es el nuevo jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros? Gustavo Adrianzén es el tercer jefe del Gabinete Ministerial del gobierno de Dina Boluarte, tras la salida de Pedro Angulo y Alberto Otárola. Es abogado y especialista en Derechos Humanos, con estudios de posgrado en Europa.

En el 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala, fue designado procurador público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En el 2015, fue viceministro de Justicia, y luego fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos. En el cargo duró 6 meses, luego de que la procuradora Julia Príncipe denunció que fue retirada de su cargo tras investigar a la primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos. Adrianzén presentó su renuncia al cargo asegurando que fue decisión suya el cese de Príncipe y que lo hizo porque la ex funcionaria incurrió en inconducta funcional.

En febrero del 2023, volvió a ocupar un cargo público cuando Dina Boluarte lo nombró representante permanente del país ante la OEA.

Polémicas

El hoy presidente del Consejo de Ministros es recordado por algunas intervenciones polémicas en eventos donde se han debatido temas relacionados a los derechos humanos, área en la que es especialista.

En mayo del año pasado, Adrianzén participó como embajador de Perú ante la OEA en  un foro organizado por el Diálogo Interamericano en Washington. En el evento también estuvieron como invitados el politólogo Alberto Vergara y el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. El tema a tratar era la crisis política que dejaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, cuya represión ocasionó la muerte de 49 personas.

Adrianzén aseguró desde el inicio que no estaba de acuerdo con hablar de una crisis política en el Perú porque sonaba muy catastrófico. “Perú, crisis política, me suena a fin del mundo y no es esa la percepción que yo tengo y no es la percepción que yo creo que tiene la mayoría de los peruanos”, dijo.

Pero lo más controversial, por decir lo menos, fue lo que el hoy primer ministro dijo sobre las ciudades en donde se protestó en contra de Boluarte y en donde se evidenció el abuso de la fuerza letal de parte de la policía y las Fuerzas Armadas.

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“En el informe de Human Rights se indican los lugares donde estuvo la protesta. Juliaca: ¿saben qué pasa en Juliaca? Está la mina de oro ilegal más grande del Perú, La Rinconada, con trata ilegal. Chala, en Arequipa, minería ilegal de oro y trata de personas. Pichanaqui: narcotráfico y terrorismo. Chao, las alturas de la libertad: minería ilegal. Coincidentemente en cada uno de estos lugares donde estallaron los brotes de protesta que así ha registrado Human Rights, es donde tenemos la presencia de estos crímenes organizados. De estos cárteles. Claro, es una conjetura del embajador Adrianzén. No podemos decir que efectivamente ellos han financiado la protesta. Pero es una coincidencia extraña que quiero revelar aquí”, aseguró.

Pero lo que más ha causado críticas es su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre del año pasado. La audiencia en la CIDH se realizó con el objetivo de hacer seguimiento y conocer los avances frente a las 36 recomendaciones que dejó el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, presentado en mayo pasado. La CIDH concluyó que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, lo que provocó la muerte de 49 personas. Los ciudadanos pedían entonces el adelanto de elecciones generales.

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“El Estado peruano reconoce el derecho a la protesta pacífica, en ese marco se produjeron actos de violencia (…) la toma sistemática de aeropuertos, el mismo día, a la misma hora en diferentes regiones, a causa de una maniobra sin duda alguna orquestada por organizaciones que tenían previsto este asalto a la democracia del Perú (…) Es menester indicar que es absolutamente importante indicar que estos hechos la propia comisión los ha considerado casos concretos”, dijo Adrianzén.

Al terminar su exposición, una mujer gritó: “Es mentira, el Estado está mintiendo. ¡Ustedes mienten, él está mintiendo!”.

Esto ocasionó que el entonces embajador perdiera los papeles y gritara: “¡Ellos son los violentos, son los que ocasionaron las muertes, presidenta!”.

Adrianzén suscribía así, a los gritos, la tesis esgrimida por el gobierno, y con especial énfasis por el entonces premier Alberto Otárola, que responsabilizaba a los manifestantes abatidos a tiros de sus propias muertes, a pesar de los videos que demuestran que algunos de ellos no estaban participando de las manifestaciones y un considerable número de los mismos tampoco estaba poniendo en peligro la vida de nadie cuando fueron alcanzados por disparos de la policía y el ejército. Por esa razón, el reemplazo de Otárola por Adrianzén no representa ningún cambio de fondo en el gabinete. Es, en todo caso, un cambio para que nada cambie.

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