39 de los 49 muertos presentaban impactos de arma de fuego y no hay evidencia de armas distintas a las de dotación de las fuerzas de seguridad. Investigadores documentaron uso de municiones prohibidas (perdigones metálicos) y no encontraron justificación para disparos de larga distancia con armas largas cuando manifestantes no representaban peligro inminente. “Presidenta Boluarte, primer ministro y otras autoridades no tomaron medidas efectivas para detener las muertes” dice el informe.
Al menos 39 de los 49 muertos en las protestas ocurridas en Perú desde el 7 de diciembre pasado tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo cayeron a causa de impactos de arma de fuego que son consistentes con las que utilizan las fuerzas de la seguridad del Estado peruano. Esta es una de las conclusiones del informe de Human Rights Watch presentado este miércoles y titulado Deterioro Letal, Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en Perú.
Investigadores de HRW (organización no gubernamental que se ocupa de la defensa y promoción de los derechos humanos desde 1978), estuvieron en Perú, revisaron 37 horas de video, autopsias y peritajes, recogieron testimonios de ciudadanos y entrevistaron a autoridades e investigadores para presentar este informe que concluye que hay evidencia de que hubo ejecuciones extrajudiciales durante la represión de las protestas. El director asociado de HRW para las Américas, Cesar Muñoz, recalcó que en el informe de esa organización presentado tras las protestas de 2020 en las que murieron Inty y Bryan se recomendaba una reforma profunda de la Policía con énfasis en la capacitación del personal policial, pero dos años después no se ha hecho nada en ese camino.
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En cuanto al uso de las armas de fuego, HRW señala que las balas recuperadas en los cuerpos de los caídos son compatibles con las que utilizan las fuerzas de seguridad del Estado, que no hubo ni en los videos ni en los reportes oficiales evidencia de que los manifestantes hayan usado armas de fuego y que la propia Policía admitió ante los investigadores que no decomisaron armas de fuego usadas por los manifestantes. Lo que sí está documentado es el uso de municiones prohibidas, perdigones metálicos, por parte de las fuerzas del orden contra los manifestantes.
Concretamente sobre el caso de los fallecidos en las protestas en Ayacucho el 10 de diciembre, Muñoz sostuvo que se estableció que los disparos se hicieron a larga distancia, incluso hasta más de 90 metros, lo que confirma que las fuerzas de seguridad no dispararon en un contexto de legítima defensa o de amenaza contra otras personas. Aseguró que la protección de un bien inmueble como es el aeropuerto no justifica el uso de armas letales no solo a la luz de la legislación internacional sino al amparo de las propias normas internas que regulan el uso de la fuerza en Perú.
En la presentación del informe, la investigadora Nathalye Cotrino señaló que constataron graves fallas en las investigaciones en el terreno, en donde no se recogieron casquillos de bala ni se hicieron pruebas de absorción atómica que son las que establecen si alguien ha disparado un arma de fuego. Reveló que la Inspectoría de la Policía se negó a darles información detallada de las investigaciones.
Muñoz llamó la atención sobre las investigaciones. Sostuvo que éstas deben apuntar no solo a quienes dispararon sino a sus superiores operacionales y a las autoridades civiles que tomaron las decisiones que condujeron a esta situación y recordó que “dos días después de los hechos de Ayacucho, el entonces ministro de Defensa Alberto Otárola se presentó ante los medios y dijo que las Fuerzas Armadas habían actuado escrupulosamente y les ofreció protección legal”. “Hay fuertes razones -dice el informe- para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.
El director asociado de HRW para las Américas también señaló que llama mucho la atención y es preocupante que hasta febrero el Ministerio del Interior no haya abierto investigaciones contra los policías que dispararon ni los haya suspendido de sus cargos. Cesar Muñoz le atribuyó responsabilidad a Pedro Castillo pues su frustrado golpe de Estado desencadenó todos estos hechos y cuestionó severamente a quienes lo defienden y respaldan lo que hizo: “no se puede ignorar lo que hizo Castillo el 7 de diciembre y seguir haciendo como si no pasara nada”.
Finalmente, César Muñoz reveló que tuvieron reuniones con fiscales de Lima y provincias para conocer el estado de las investigaciones y advirtió que los procedimientos en el Ministerio Público han tenido bastantes fallas e inestabilidad de los fiscales, pues los casos han sido trasladados a distintas fiscalías y llamó la atención sobre la falta de investigadores especializados, pues por ejemplo en Ayacucho únicamente había 4 fiscales especializados en Derechos Humanos. Por esta razón, reiteró una de las recomendaciones del informe, que haya asistencia técnica internacional para apoyar al Ministerio Público.
El informe de HRW también cuestiona el uso de la facultad que tiene la Policía para detener ciudadanos para “control de identidad” y mantenerlos en las comisarías. Llama también la atención sobre las detenciones masivas ocurridas en la Universidad de San Marcos y el procesamiento de las personas que allí se encontraban por “usurpación” cuando “simplemente se alojaban en ese lugar para poder hacer uso de su derecho de protesta”.
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