El destino del juicio de los jóvenes Inty Sotelo y Brian Pintado, quienes perdieron la vida manifestándose en contra del gobierno de facto de Manuel Merino, es incierto.

Un nuevo proyecto de ley presentado por la bancada fujimorista  promueve que ahora altos funcionarios tengan una prerrogativa constitucional: el que no puedan ser procesados sin la autorización ni licencia del parlamento. El Ministerio Público ha emprendido una investigación, pero para continuarla se necesita licencia del Congreso.

¿Cuál es el destino de ambos juicios? Para Entender, mira esta entrevista al abogado, Ronald Gamarra.