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"Ley de Amnistía no va a borrar el delito": víctimas piden a jueces inaplicar la norma

Organizaciones y deudos de La Cantuta, Barrios Altos y otras matanzas, rechazan la ley impulsada por el Congreso. Advierten que viola sentencias internacionales y consagra la impunidad. Piden resistencia legal y apoyo de la comunidad internacional.

Ilegal, injusta e inhumana. Así fue como los familiares de las víctimas de casos emblemáticos como La Cantuta, Barrios Altos, Accomarca, entre otros, calificaron la ley recientemente aprobada que otorgará amnistía a policías, militares, funcionarios del Estado y miembros de comités de autodefensa que hayan cometido violaciones de Derechos Humanos entre 1980 y 2000.

"Para nosotros es una traición que un Congreso con 16 votos nos arrebate este derecho a la justicia que tenemos, pero que nos ha costado tantísimos años conseguir", resaltó Gisela Ortíz, exministra de Cultura y portavoz de los familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta.


Los principales afectados con esta norma, junto a organizaciones de derechos humanos, se reunieron este jueves 10 para rechazarla y pedir a los jueces que la inapliquen caso por caso, dado que alrededor de 150 condenas y 600 procesos por graves violaciones a los Derechos Humanos están en riesgo. Además, recalcaron que esta ley viola sentencias internacionales y protege a denunciados por graves violaciones de DDHH.

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"Hay una infinidad de casos que todavía están en investigación, otros están en proceso judicial y que ahora pretenden ser cerrados aplicando esta ley", advirtió Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).


Por su parte, Sharmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, periodista ayacuchano asesinado en 1988 por el exministro del Interior y excandidato a la Municipalidad de Lima, Daniel Urresti, se dirigió a los parlamentarios que aprobaron esta ley y les pidió que los "dejen cerrar sus duelos". "Déjennos en paz porque mientras sigan promulgándose estas leyes abren nuestras heridas (...) Señores congresistas, no hagan sus vidas más miserables de lo que ya son", sostuvo.

Amnistía a condenados

Esta iniciativa de los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular, José Cueto y Jorge Montoya (Honor y Democracia) permitirá otorgar amnistía no solo a quienes aún se encuentran en procesos judiciales, sino también a aquellos que ya han sido sentenciados y tienen 70 años o más. Esto beneficiaría, por ejemplo, al exministro del Interior, Daniel Urresti, quien cumplirá dicha edad el próximo año.

Desde Huanta, Ayacucho, la hija de Bustíos respondió así:"El señor Daniel Urresti ha sido una persona hostil penalmente, que no nos ha dado tregua. La justicia que hemos logrado no ha sido algo fácil para nosotros, entonces pensar en su posible liberación me llena de impotencia, indignación, coraje y no puedo dejar de pensar en mis padres".

Piden intervención de la ONU y la CIDH

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Los familiares, víctimas y organizaciones dejaron en claro que lo más probable es que el Gobierno de Dina Boluarte no observe esta ley y que esta se promulgue en los próximos días. Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), informó que la ONU debe amparar a los jueces que decidan inaplicar esta norma. "Sabemos de las amenazas que se pretenden dar contra jueces y fiscales a través de la JNJ y otros medios", sostuvo.

Asimismo, indicó que ya han alertado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta ley y que presentarán informes ante la Corte IDH, tanto en los procesos que están en supervisión de cumplimiento de sentencias como en casos pendientes de audiencias públicas.

"Vamos a seguir exigiendo, acompañando y asesorando a los familiares a pesar de los intentos de este Congreso de callarnos la boca y amarrarnos las manos para no luchar contra la impunidad", recalcó Cano.

¿Cómo se aplicará esta norma en los casos?

De acuerdo con el abogado Carlos Rivera, esta norma no es autoaplicativa; es decir, que una vez promulgada debe haber un pedido individual al juez de la causa. A partir de allí, se activará una excepción de amnistía que deberá ser comunicada al fiscal y a las partes involucradas. Luego se convocará a una audiencia para discutir la procedencia del beneficio y finalmente el juez emitirá una resolución

Mientras el Congreso promueve una norma que podría beneficiar a sentenciados por crímenes de lesa humanidad, los deudos insisten en que la memoria, la verdad y la justicia no pueden ser anuladas por una mayoría parlamentaria. Ahora, la atención está puesta en los jueces: si aplican la ley, cerrarán la puerta de la justicia a cientos de casos; pero, si la rechazan, podrían marcar un precedente en defensa del Estado de derecho.

"La Ley de Amnistía no va a borrar el delito, no va a borrar quiénes son, no va a borrar esas manos manchadas de sangre de nuestros seres queridos (...) Vamos a seguir resistiendo contra estas leyes y luchando", dijo entre lágrimas Gisela Ortiz.