La CIDH escuchó los testimonios de las víctimas y familiares de víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El embajador Gustavo Adrianzén, quien representó al Estado peruano, perdió los papeles ante manifestantes que ingresaron a la audiencia.
“Es mentira, el Estado está mintiendo. ¡Ustedes mienten, él está mintiendo!”, gritó una mujer, segundos después de que el embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, terminara su exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a que Adrianzén aseguró a la presidencia de la CIDH que la delegación peruana se retiraría si no cesaban los reclamos, la mujer y otras personas insistieron en lanzar duras críticas al gobierno de Dina Boluarte. Evidentemente ofuscado, Adrianzén respondió:
“¡Ellos son los violentos, son los que ocasionaron las muertes, presidenta!”, dijo a gritos el embajador peruano, perdiendo la diplomacia y los papeles.
El Comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, tuvo que intervenir ante la incómoda situación, pidiendo orden y haciendo una invocación a la diplomacia y la cordialidad.
“Este es un diálogo diplomático, de alto nivel, que no se puede dar en el contexto de expresiones de violencia, de insultos ni de reclamos que están por fuera del objeto de esta audiencia. Así que a todos los presentes hago ese llamado a mantener las formas diplomáticas y las formas del diálogo. Las audiencias son espacios de intercambio y de diálogo, no de gritos, violencia, ataques y acusaciones personales o institucionales”, dijo Pulido antes de continuar con la audiencia.
“La justicia está lejos para nosotros”
La audiencia en la CIDH se realizó con el objetivo de hacer seguimiento y conocer los avances frente a las 36 recomendaciones que dejó el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, presentado en mayo pasado. La CIDH concluyó que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano durante las protestas de diciembre del año pasado y enero de este año, contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, lo que provocó la muerte de 49 personas. Los ciudadanos pedían entonces el adelanto de elecciones presidenciales.
Entre los puntos relevantes del informe, la CIDH señala que los hechos ocurridos en Ayacucho “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” que, “dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.
La CIDH recomendó al Estado peruano realizar investigaciones céleres, a cargo de fiscales especializados en derechos humanos, con peritajes técnicos, y que permita la individualización de los responsables, entre otras medidas.
Precisamente, el Primer Ministro Alberto Otárola aseguró, el pasado 18 de octubre, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el Estado peruano cumplirá con todas las disposiciones establecidas por el organismo internacional. Sin embargo, en audiencia ante la CIDH, las víctimas y los familiares de las víctimas de lo sucedido en las protestas aseguraron que siguen desprotegidas por el Estado. El panorama es totalmente desalentador para ellos.
Uno de los primeros en exponer su testimonio fue Nelson Oré Espinoza, una de las víctimas de la represión violenta durante las protestas realizadas en Ayacucho en diciembre del año pasado.
“Soy uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayacucho del 15 de diciembre del año pasado. La mayoría de las lesiones fueron con arma de fuego. No querían dispersar la manifestación, querían asesinarnos. (…) Aseguramos que el Estado ha incumplido con las recomendaciones dadas por esta comisión, y pedimos que se cree una junta de médicos (…) así como una pensión vitalicia para aquellos que han quedado con discapacidad”, dijo ante la comisión.
Le siguió Raúl Samillán Sanga, hermano de uno de los fallecidos durante las protestas en Juliaca. Contó las dificultades que tienen que enfrentar para acceder al sistema de justicia.
“Soy el hermano de Marco Antonio Samillán, el biólogo médico internista que fue asesinado cobardemente por la espalda cuando estaba salvando vidas en las inmediaciones del aeropuerto. Luego de las 36 recomendaciones de derechos humanos del informe, lamentamos informar que el proceso de justicia se ve muy lejos de las víctimas, debido a que muchos de mis hermanos son de pueblos muy lejanos a las ciudades, de Sandia, de Carabaya, donde ni siquiera hay acceso. (…) Nosotros vemos la justicia cada vez más lejos porque nos han ido poniendo cada vez más trabas”, contó conmovido.
Respecto a las recomendaciones específicas del informe de la CIDH, Gloria Cano, responsable del área legal de Aprodeh, aseguró que la actual coyuntura política del país no colabora en crear un clima de confianza hacia las instituciones por lo que solicitó la creación de un grupo multidisciplinario independiente de investigación.
Asimismo, señaló que se puede afirmar que el Estado peruano ha incumplido las recomendaciones del informe en los puntos 15, 16 y 17. Estos puntos son los referentes a la lucha contra la impunidad como señala el informe:
“Estamos investigando”
La respuesta por parte del Estado peruano llegó representada por funcionarios públicos de los diferentes sectores del Gobierno, algunos de ellos expusieron sus avances desde Lima.
El embajador Gustavo Adrianzén recordó que el informe de la CIDH reconoció que el 7 de diciembre se produjo un Golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, y atribuyó a este hecho las protestas que ocurrieron después.
“El Estado peruano reconoce el derecho a la protesta pacífica, en ese marco se produjeron actos de violencia (…) la toma sistemática de aeropuertos, el mismo día, a la misma hora en diferentes regiones, a causa de una maniobra sin duda alguna orquestada por organizaciones que tenían previsto este asalto a la democracia del Perú (…) Es menester indicar que es absolutamente importante indicar que estos hechos la propia comisión los ha considerado casos concretos”, aseguró.
Por su parte, Mariana Mendoza, representante de la Fiscalía de la Nación, informó desde Lima que se solidarizan con los testimonios escuchados en la audiencia e informó que se han abierto 51 carpetas fiscales sobre el caso, de las cuales 38 han sido declaradas como casos complejos. Además, dijo que los fiscales a cargo han realizado más de 4.400 actos de investigaciones que comprenden declaraciones, pericias, incautaciones, pruebas balísticas y otros procedimientos.
Asimismo, el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Luigino Pilotto, aseguró que el Estado peruano brindó atención a 111 deudos de 63 personas fallecidas y a 155 personas que resultaron con heridas de gravedad. Mencionó, además, que le brindó apoyo económicos a las familias de las víctimas, por una suma de 55 mil soles por persona fallecida y 25 mil soles por cada herido de gravedad.
Finalmente, luego de dos horas de audiencia, la presidenta de Audiencias Públicas de la CIDH, Roberta Clarke, agradeció la participación de las autoridades y las organizaciones civiles y los invitó a seguir dialogando.
“Cuando se han violado los derechos humanos de las personas más afectadas, se sienten afectadas el resto de sus vidas. En muchos casos lo único que les queda es su voz y su capacidad de levantarla”, dijo antes de cerrar su exposición.
