Otárola asegura ante la OEA que Gobierno aceptará recomendaciones de CIDH

El Primer Ministro, Alberto Otárola, expuso ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington y reiteró que el Gobierno de Dina Boluarte respeta el Sistema Interamericano. Además, solicitó a la CIDH no admitir las demandas de los sentenciados por terrorismo, Florindo Flores Hala y Víctor Polay Campos.

En una exposición de veinte minutos, el Primer Ministro Alberto Otárola precisó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuáles son las prioridades del Gobierno de Dina Boluarte. El Presidente del Consejo de Ministros solicitó hace una semana ser recibido por la OEA en una sesión extraordinaria para ofrecer la disertación titulada: “El Perú en la OEA: un nuevo y fortalecido relacionamiento multilateral”.

Esta solicitud fue realizada luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocara a una audiencia pública ante la OEA para el próximo 10 de noviembre. Esta reunión tiene como objetivo ver los avances en la implementación de las recomendaciones consignadas en su informe “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas”.

En el informe publicado el 3 de mayo pasado, la CIDH concluyó que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano durante las protestas de  diciembre y enero último, contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, lo que provocó la muerte de 49 personas. Los ciudadanos pedían entonces el adelanto de elecciones presidenciales.

En el programa Réplica de Epicentro, Gloria Cano, directora de Aprodeh, intuyó ayer parte de lo que sería hoy el discurso de Otárola ante la OEA. “Va a ser más de lo mismo: que están comprometidos con los derechos humanos y violándolos en la práctica. Van a decir que van a tratar las disposiciones del Sistema Interamericano, sin embargo; cada día, cada semana, cada mes, cada año, el Estado viene incumpliendo no una sino decenas de disposiciones del Sistema Interamericano”, opinó.

Precisamente, uno de los primeros temas tocados por el Premier Otárola fue señalar el compromiso que el Gobierno peruano tiene con la OEA y con la CIDH, asegurando que cumplirá con todas las disposiciones establecidas por el organismo internacional. Afirmó, además, que colaborarán con las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público sobre las muertes ocurridas en las manifestaciones.

“El Gobierno de la presidenta Boluarte reafirma, en ese sentido, su vocación democrática y expresa que seguirá reforzando la presencia del Perú en el Sistema Interamericano con la promoción y  la protección de los derechos humanos de todas y todos los peruanos. El Estado peruano mantiene firme su compromiso, como manifestó la presidenta, de implementar las recomendaciones de la CIDH, en especial, aquellas referidas a investigar los hechos que causaron lamentables muertes de decenas de compatriotas  en las jornadas de protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023, las cuales se desarrollaron, a decir de la propia Comisión Interamericana, en un escenario de violencia generalizada alimentada por grupos extremistas”, indicó.

Cabe recordar que ayer se publicó la lista de oficiales que ascenderán en enero proximo y uno de ellos es el teniente coronel del Ejército Peruano Enrique Emilio Sampén Díaz, quien estuvo encargado de las patrullas militares que reprimieron las protestas en el aeropuerto de Ayacucho y sus inmediaciones en la jornada del 15 de diciembre en la que murieron 10 personas.

Otárola aprovechó su discurso para recordar la responsabilidad del expresidente Pedro Castillo en la crisis democrática que vive el país y los actos de corrupción que cometió en su gobierno.

“Y por si no hubiera quedado claro, Pedro Castillo, el expresidente del Perú, está preso por dos razones incuestionables. Por haber dado un golpe de Estado, que en el Perú es un delito, pero sobre todo por una decisión que traicionó los intereses de los peruanos y que se configuró en este golpe de Estado: el perjuicio de nuestro compromiso internacional a través de la Carta Democrática Interamericana”, agregó.

Pide ayuda en lucha antiterrorista

Antes de exponer ante la OEA, el titular de la PCM, se reunió con la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y los relatores y secretarios de este organismo.

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Otárola informó que en este encuentro solicitó archivar los casos formulados por los sentenciados por terrorismo, Florindo Flores y Víctor Polay Campos, quienes denunciaron al Estado peruano ante el organismo internacional. Ambos alegan que sufrieron violaciones a sus derechos durante el proceso judicial que los condenó.

“El Gobierno del Perú quiere ser muy enfático en recordar que todos los criminales que cometieron acciones terroristas vienen cumpliendo justas condenas. Son responsables de múltiples y sistemáticas violaciones de derechos humanos en las décadas de los 80 y 90, en perjuicio de miles  de peruanos. Los casos de probables beneficios a terroristas reabren heridas que aún no han terminado de sanar”, dijo Otárola ante la OEA y solicitó su ayuda en la lucha contra el terrorismo.

Al concluir la presentación de Alberto Otárola, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, recordó el constante apoyo al Gobierno peruano y su participación como estado miembro. Almagro no dejó de mostrar también su respaldo a la independencia de las instituciones democráticas del Perú.

“Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartíamos la necesidad de la independencia de la Junta Nacional de Justicia, de ONPE, de la Fiscalía Anticorrupción; y la OEA definitivamente seguirá con ustedes Perú, haciendo seguimiento y, esperamos, en ese sentido, aceptar una invitación para visitar su país”, señaló.

Previamente, Almagro informó en su cuenta de Twitter, que se había reunido con el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez. “Conversamos sobre la importancia de este organismo para la independencia del sistema de justicia en Perú”, tuiteó.

La Junta Nacional de Justicia es  investigada en la Comisión de Justicia del Congreso por cometer supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Pese a que un informe final preliminar desestimó los cargos en su contra, un grupo de congresistas ha solicitado un tiempo adicional para continuar con las investigaciones.