El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha viajado a El Salvador con el fin de “intercambiar ideas sobre seguridad” con el régimen autoritario de Nayib Bukele. El primer ministro Otárola dijo que espera que el sistema carcelario de El Salvador pueda replicarse pronto en el Perú.
Sin ningún temor a las críticas, el primer ministro Alberto Otárola, ha mostrado nuevamente su interés por replicar el sistema carcelario antiderechos que el presidente Nayib Bukele ha implementado en El Salvador desde el 2022.
El presidente del Consejo de Ministros salió a explicar el por qué del viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, al país de Bukele, autorizado a través de la resolución suprema 032-2024. En la norma, publicada el martes en el diario El Peruano, se precisa que el ministro Arana visitará El Salvador hasta el 24 de febrero “para intercambiar experiencias en materia de seguridad pública”.
Se señala además que el viaje de Arana permitirá afianzar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, que establece la necesidad de fortalecer la seguridad integral de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. De hecho, uno de los objetivos de esta política busca asegurar las condiciones de seguridad y convivencia de los reos de las cárceles peruanas; un aspecto del que carece el sistema carcelario de Bukele.
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Ante la consulta del por qué de la visita del ministro del sector que vela por los derechos humanos viaja a El Salvador, Otárola fue firme en asegurar que el objetivo es “ver la realidad de la logística carcelaria de ese país” que espera se pueda aplicar pronto en el Perú.
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“Ha sido enviado por el gobierno, efectivamente, para ver la realidad de la logística carcelaria en ese país que, a ojos vista, no solamente se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan sobre todo los presos más violentos y los más peligrosos; sino que también ha ido a tener reuniones conjuntas con el sector justicia de El Salvador, acerca de la viabilidad de estas cárceles que pensamos ojalá podamos implementar aquí en el Perú”, dijo el primer ministro.
No es la primera vez que el primer ministro muestra su admiración por el gobierno de Bukele, que se ha caracterizado por reducir los índices de homicidio en su país, pero vulnerando derechos humanos. En agosto del año pasado, Otárola se manifestó de acuerdo con la propuesta del Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, de que Perú imite el régimen de Nayib Bukele para combatir a las organizaciones criminales.
“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar (la delincuencia)”, dijo entonces.
Frente a las críticas por intentar emular al gobierno de El Salvador, la presidenta Dina Boluarte salió entonces a intentar, a su manera, descartar esa posibilidad.
“Yo creo que la situación de El Salvador tiene su propia particularidad. Los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia; en consecuencia, nosotros de la mano con nuestra Policía y de acuerdo a políticas y lineamientos del Gobierno, conforme de nuestra peculiaridad y particularidad del país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad”, aseguró Boluarte en aquella ocasión.
La Bukelización
Nayin Buekele ha salido reelegido con el 82% de votos en un proceso electoral que ha sido calificado como inconstitucional. Amnistía Internacional ha señalado en un comunicado reciente que “la comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador.”
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Los seguidores de Bukele, entre ellos el primer ministro Otárola, recuerdan que El Salvador ha logrado ser considerado uno de los países más seguros de América Latina. En el 2022, su gobierno aprobó un régimen de excepción que llevó a la detención de más de 76 mil personas por sus presuntos vínculos con las pandillas. Sin embargo, de ellas, más de 6 mil fueron liberadas por ser inocentes.
Bukele ha sido acusado, además, de detenciones arbitrarias de inocentes, torturas y muertes de cientos de presos, y otras violaciones a los derechos humanos. En las cárceles, que se han convertido en insignia de su gobierno, a los reclusos no se les permite hablar sin autorización, ni pueden ser visitados por sus familiares. Además, cuentan con celdas de castigo, oscuras y sin nada en su interior.
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¿Puede ese sistema carcelario antiderechos aplicarse en el Perú? Para el politólogo, Aarón Quiñon, no debería porque los contextos sobre criminalidad organizada de cada país son distintos, y replicar una estrategia de este tipo no garantiza que sea efectiva en otra realidad.
“Replicar el modelo tal cual no te asegura tener la misma eficacia, pero sí te asegura tener mayor represión, si te asegura otro tipo de costos muy altos ¿no?, y en el Ecuador está pasando lo mismo, porque en comparación de El Salvador hay un gran problema de narcotráfico, hay un gran problema también de mineros ilegales que se juntan con grupos criminales para atacar a ciertos proyectos y sobre todo hay vínculos con carteles fuera del Ecuador”, dijo en Diálogos de Democracia.
Quiñón mencionó como ejemplo al gobierno de Honduras de Xiomara Castro, el cual está replicando el modelo de Bukele dándole mayor poder a las Fuerzas Armadas y dictando medidas de estado de excepción con toque de queda. Sin embargo, los resultados, indicó, no han sido igual a los de El Salvador.
Tendremos que esperar el regreso del ministro Arana de su “visita” a El Salvador para conocer exactamente qué plantea emular el gobierno de Boluarte. Desde el Congreso hay propuestas legislativas que plantean, por ejemplo, tipificar el delito de terrorismo urbano y reinstaurar el sistema de jueces sin rostro, como hizo el gobierno de Alberto Fujimori y, más recientemente, el de Nayib Bukele en El Salvador. Ante el incremento de la delincuencia y el crimen organizado y la ineficacia del Estado para combatir la violencia, Ejecutivo y Legislativo han optado por emular a líderes que dirigen gobiernos autoritarios que atentan contra los derechos humanos de sus ciudadanos.
