Nayib Bukele, el controvertido presidente de El Salvador, acaba de ser reelegido para un nuevo período de 5 años. Su aplastante victoria – no exenta de acusaciones de fraude porque Bukele también tiene el control de los organismos electorales – abre un nuevo capítulo en la historia salvadoreña y en la del auto proclamado “dictador más cool del mundo”.

El gran mérito que se le atribuye a Bukele es haber convertido a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina, después de haber sido - en 2015 - el país con mayor número de homicidios per cápita del mundo.

En 2022, su gobierno aprobó un régimen de excepción que llevó a la detención de más de 76 mil personas por sus presuntos vínculos con las pandillas que durante décadas mantuvieron a la sociedad salvadoreña aterrorizada. De ellos, más de 6 mil fueron liberados por ser inocentes. Y es que la suspensión de los derechos constitucionales llegó de la mano con graves acusaciones por detenciones arbitrarias de inocentes, torturas y muertes de cientos de presos, y otras violaciones a los derechos humanos. Sus seguidores, tanto en el Salvador como en otros países de la región agobiados por la inseguridad, consideran que las violaciones de derechos pueden ser un costo tolerable para reducir la criminalidad.

Entre sus admiradores peruanos destacan los políticos más conservadores y autoritarios, como el alcalde Lima, Rafael López Aliaga, o el propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; quienes han expresado la necesidad de implementar el llamado ‘Plan Bukele’ en el Perú. O el fujimorismo, cuyos representantes han alabado sus políticas más de una vez.

Y es que el gobierno de Alberto Fujimori tiene más de una similitud con el de Nayib Bukele, además de las violaciones de derechos humanos. La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial inmediata. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional – elegida por un Congreso con mayoría del partido de Bukele – hizo n una “interpretación auténtica” al estilo Fujimori y le permitió postular a la presidencia.

Pese a la arrolladora popularidad de Bukele, lo cierto es que su régimen ha puesto en jaque a la democracia salvadoreña concentrando el poder de manera absoluta, pues ha logrado el control del Congreso, el sistema de justicia y el resto del aparato estatal, eliminando la separación e independencia de poderes.

Otro país de la región cuya clase política en el poder ha logrado controlar casi todas las instituciones es Guatemala. La coalición mafiosa, como la llamó la ONU, intentó evitar que el nuevo presidente electo Bernardo Arévalo de León jurase el cargo para el mandato 2024-2028. Su elección es un respiro democrático en un país en el que una coalición de partidos ha logrado el control de casi todas las instituciones poniéndolas en contra de sus adversarios políticos. La Fiscalía guatemalteca archivaba denuncias por corrupción contra el presidente y sus aliados mientras orquestaba una campaña de persecución a jueces, fiscales y abogados que trabajaban en causas contra el gobierno.

Con una crisis política e institucional que se agrava cada vez más, en el Perú nos preguntamos en qué espejo debemos mirarnos: en el de Guatemala, con una coalición mafiosa que logró controlar todas las instituciones para ponerlas a su servicio para demoler a sus rivales. O en el El Salvador, con un líder populista que arrase en las elecciones proponiendo mano dura sin respeto a los derechos humanos, y que termine concentrando cada vez más poder.

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