"Es un paquete de impunidad para policías y militares": abogados sobre leyes para policías
Penalistas Roberto Pereira y Carlos Rivera cuestionan normas impulsadas por el gobierno -que el Fuero Militar investigue y sancione "delitos de función"- y por el Congreso -que fiscales detengan a policías que causen lesión o muerte con sus armas no sean detenidos- porque abren las puertas a la impunidad, son inconstitucionales y se dan en un contexto de autoritarismo.
En las últimas 24 horas el Ejecutivo y el Congreso han impulsado y aprobado nuevas normas inconstitucionales y que generan impunidad, de acuerdo con especialistas en materia penal.
Este miércoles, el pleno del Parlamento aprobó en primera votación un dictamen para que los policías que hayan causado lesiones graves o la muerte de personas utilizando su armamento reglamentario no puedan ser detenidos por pedido de la Fiscalía.
El martes, en tanto, la presidenta Dina Boluarte anunció al concluir el Consejo de Estado que se acordó la presentación al Congreso de un "marco legal constitucional" para que policías y militares que hagan uso de la fuerza en cumplimiento de sus funciones sean procesados en el Fuero Militar Policial.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ahondó en la figura el miércoles, precisando que se tratará de una "reforma constitucional".
"Se trata de una ley de reforma constitucional para que todos los policías y militares que en estado de emergencia o excepción hagan uso de sus armas de fuego de manera reglamentaria, previo informe de Inspectoría General, puedan ser juzgados únicamente por el Fuero Militar Policial. Si, por resultados de la actividad se comprueba que no hubo uso reglamentario, recién entonces pasará a la justicia ordinaria", dijo.
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"Es un paquete de impunidad" y, además, "inconstitucional", dijeron a Epicentro Tv los abogados penalistas Roberto Pereira, del Estudio Benites, Vargas y Ugaz, y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), al comentar los anuncios oficiales.
Fuero Militar Policial
Una primera pregunta es cómo se implementaría el "marco legal" anunciado por la presidenta Dina Boluarte al lado del todavía fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, entre otros.
Carlos Rivera considera que el proyecto que envíe ell gobierno al Congreso debe contener normas de carácter procesal, de procedimiento, que tendrían aplicación para casos actuales, anteriores y futuros, y que incluso las carpetas fiscales abiertas contra los policías y militares por las 49 muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte de 2022-2023 pasarían al Fuero Militar Policial.
"La ley va a determinar qué casos pasarán a competencia del Fuero Militar. En el caso de las 49 muertes, las casi sesenta carpetas aún no tienen acusación fiscal, por lo tanto, están en el Ministerio Público. Ellos (Ejecutivo y Congreso) creen que este es el momento de arrancharle los casos al Ministerio Público", señala Rivera.
Roberto Pereira no cree que la norma pueda aplicarse a hechos anteriores, pero observa que claramente está orientada a dotar de impunidad a policías y militares ante eventuales hechos que ocasionen muertes y lesiones graves en contexto de protestas sociales.
"Y eso es una irresponsabilidad del gobierno y es claramente inconstitucional. Puede ser un indicio de responsabilidad penal en el caso que ocurran violaciones de derechos humanos", alerta.
Pereira recuerda que la posibilidad de ampliar las competencias del fuero castrense es "manifiestamente inconstitucional" y, además, "contraria a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
"Si ocurren muertes [durante protestas sociales] y se aplica la justicia militar, igualmente los autores serán responsables", advierte.
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Posible contienda de competencia
Tarde o temprano, la norma que proponga el Ejecutivo y que apruebe la alianza mayoritaria del Congreso será vista por el Poder Judicial, poder del Estado que deberá definir qué fuero -civil o militar- se hará cargo de investigar y sancionar las lesiones graves o muertes que causen policías y militares.
"El Poder Judicial puede inaplicar la ley porque la norma de competencia del fuero militar es claramente inconstitucional", observa Pereira.
Según Rivera, la regla procesal señala que cuando hay una contienda de competencia y dos fueros se disputan un mismo caso, la Corte Suprema resuelve dicha contienda.
El abogado acota que las lesiones graves o muertes pueden ocurrir en contextos que representen graves violaciones de derechos humanos, y esos hechos no los investiga la justicia militar, sino el Ministerio Público.
"El Código de Justicia Penal Militar investiga delitos de función [de policías], y no es parte de la función militar o policial lesionar o matar personas. Podrían hacerlo, pero no es parte de su función. Por eso, las lesiones graves, los homicidios, están establecidos en el Código Penal", precisa.
Recuerda, asimismo, que en noviembre de 2004 el IDL ganó una contienda de competencia en el caso "Indalecio Pomatanta", cuando la sala suprema presidida por el juez César San Martín estableció que el caso no era de competencia del fuero militar y esa sentencia es vinculante.
"Veinte años después, hemos vuelto al mismo debate que ya estaba zanjado, no puede ser", critica Rivera.
Cuando la Corte Suprema defina su posición, tendrá ante sí la sentencia del caso "Indalecio Pomatanta".
Por su parte, Pereira también recuerda que la Defensoría del Pueblo -cuyo representante estuvo al lado de la presidenta Boluarte durante el anuncio- es autor de demandas de inconstitucionalidad contra normas que en los años noventa le arrebataron la contienda al fuero civil en casos de graves violaciones de derechos humanos.
"Esto ya lo hemos vivido, la justicia militar ha servido para dotar de impunidad ante graves violaciones de derechos humanos en el Perú. No estamos haciendo un ejercicio de futurología, ya lo hemos vivido. Por eso se tuvo que volver a juzgar en el fuero civil. La medida anunciada por la presidenta de la República, avalada por los señores que estaban sentados a su lado, es inconstitucional", añade Pereira.
Prohibición de detención
El gobierno y sus aliados en el Congreso están enfrentando el tema del accionar policial y militar desde varias dimensiones. Por ello, la mayoría parlamentaria ha aprobado el dictamen que impide la detención de los policías que causen lesión o muerte con sus armas.
"El problema es que con esta nueva norma solo podría ir a prisión alguien con sentencia condenatoria. Pero, para ello tenemos que esperar que el Fuero Militar policial lo condene", explica Rivera.
Es por eso que califica las iniciativas como "paquete de impunidad".
Pereira, por su lado, recuerda que el uso del armamento está sometido a normas nacionales e internacionales.
"Lo que se está pretendiendo es darle absoluta impunidad a la policía y eso es peligroso porque la regla debe ser que el uso del arma está sometida a un conjunto de reglas nacionales e internacionales. El establecer a priori en una norma que nunca se va a poder determinar prisión preliminar o preventiva es un exceso que se enmarca en un contexto en el que el gobierno está dando tumbos en el tema de seguridad ciudadana", señala.
Los dos penalistas coinciden en que es falso el argumento oficialista de que se trata de dotar a los efectivos de protección legal para enfrentar "efectivamente" a la criminalidad.
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* Redacción Epicentro
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