Un día después de la presentación del premier Alberto Otárola ante la OEA, otro informe le recuerda al gobierno peruano que la forma en que enfrentó las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 estuvo “fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”.

Un informe sobre las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) concluye que los funcionarios gubernamentales responsables de hacer cumplir la ley hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, contra los manifestantes, lo cual estuvo “fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”, e implicó “una privación arbitraria de la vida” de las víctimas.

El informe analiza las protestas ocurridas en el período comprendido del 7 de diciembre de 2022 al 15 de septiembre de 2023, pero se enfoca en los acontecimientos violentos suscitados entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Carátula del informe del Alto Comisionado de la ONU.

“La OACNUDH considera que hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú. Esto incluye violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a las garantías judiciales, a la reunión pacífica y al derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala en informe del Alto Comisionado de la ONU.

Primeras conclusiones del informe del Alto Comisionado de la ONU.

Añade que “algunas de estas violaciones derivarían de asuntos estructurales relacionados con la respuesta de las autoridades a las protestas, incluidos los actos de violencia que puedan producirse en este contexto”.

El Estado peruano –de acuerdo con el documento– restringió el derecho de reunión pacífica de los manifestantes, incluso, mediante estados de emergencia, controles de identidad, detención de manifestantes y uso de fuerza letal y menos letal para dispersarlos.

El Alto Comisionado precisa que la mayoría de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y julio de 2023 fueron pacíficas, pese a que “algunos manifestantes y otras personas protagonizaron actos de violencia”, que en el contexto del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no están protegidos por el derecho de reunión pacífica.

Las violaciones a los derechos humanos incluyen “casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad”.

La oficina de la ONU también recoge casos de manifestantes heridos que sufrieron retrasos en el acceso a la atención médica urgente, quienes denunciaron discriminación en los centros hospitalarios. Ellos y sus familias –señala el informe– sufrieron efectos físicos y psicológicos devastadores que alteraron sus planes de vida. La mayoría de las víctimas son personas indígenas.

“Cientos de personas manifestantes fueron detenidas con el pretexto del control de identidad, en algunos casos en masa. Las personas entrevistadas denunciaron falta de garantías jurídicas en el contexto de la detención, incluidas injerencias indebidas en el derecho a una defensa legal. En cuatro casos, OACNUDH documentó situaciones que podrían implicar un trato cruel, inhumano y degradante de los manifestantes, posiblemente equivalente a tortura”, advierte el Alto Comisionado.

Manifestación contra el gobierno ocurrida en Arequipa el día 20 de enero de 2023.

Refiere que varios manifestantes fueron denunciados penalmente y acusados por terrorismo, con el objetivo de lograr un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación. “En algunos casos, estas denuncias penales suscitan preocupaciones por su compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos. Es positivo que algunas de estas investigaciones hayan sido archivadas”, alerta.

En esa línea, llama la atención que en el contexto de polarización social y política, haya aumentado la práctica del “terruqueo” y el uso de un lenguaje que califica a los manifestantes como “violentos, vándalos o vinculados a actividades ilegales”, así como “el discurso racista con comentarios despectivos basados en la etnia, la condición social o el origen regional de los manifestantes”.

El documento recoge información acerca de que “varias personas informaron que las fuerzas de seguridad hostigaban e intimidaban a los manifestantes, incluso mediante el uso de vigilancia, amenazas y otras formas de coacción, como medio de disuadirlos o limitar su participación en las manifestaciones”.

Incluso, llama la atención sobre el acoso que sufrieron los periodistas que cubrieron las marchas: “Los y las periodistas y profesionales de los medios de comunicación que participaban en el seguimiento de las asambleas o informaban sobre ellas se enfrentaron a limitaciones en el ejercicio de su labor, tanto por parte de manifestantes como de agentes de seguridad, incluidas amenazas, lesiones y daños o confiscación de sus equipos”.

Sobre las investigaciones abiertas en el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, los ministros de Defensa e Interior de entonces, y los altos militares involucrados, el Alto Comisionado pide que “las investigaciones garanticen un enfoque centrado en la víctima, incluida la participación activa de las víctimas, sus familias y su representación legal”.

“Por otra parte, es necesario que se adopten medidas para reducir las tensiones, así como para garantizar la independencia de las instituciones electorales y judiciales, abordar la discriminación racial estructural e implementar las reformas pendientes en el sector de la seguridad”, añade el informe.

La oficina de la ONU también apunta al riesgo que enfrenta la institucionalidad democrática en el país. “Es necesario que se adopten medidas para reducir las tensiones, así como para garantizar la independencia de las instituciones electorales y judiciales, abordar la discriminación racial estructural e implementar las reformas pendientes en el sector de la seguridad”, recomienda.

El informe le plantea al Estado peruano dieciocho recomendaciones. En las primeras, solicita a las autoridades garantizar que la vigilancia policial de las manifestaciones sea planificada con el objetivo de permitir su desarrollo y de reducir cualquier posibilidad de daño personal y material, y exhorta al gobierno a que se abstenga de declarar estados de emergencia, “salvo en situaciones verdaderamente excepcionales”.

El documento es lanzado un día después de la presentación del premier Alberto Otárola ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y tres semanas antes de la evaluación que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo al Estado peruano sobre la forma como enfrentó las protestas.

El informe completo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH):

Peru-Report-2023-10-18-SP | PDF | Perú | Policía
Peru-Report-2023-10-18-SP

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