Máximo órgano contralor argumenta que no puede hacerlo debido a que actualmente existe un arbitraje entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria Rutas de Lima. Sin embargo, el 2024 la Contraloría realizó una auditoría en la que se pronunció sobre el problema de la liberación de los terrenos en la ampliación de la vía Ramiro Prialé.
La Contraloría General de la República ha optado por no pronunciarse sobre las obras de ampliación de la autopista Ramiro Prialé, que debería ejecutar la concesionaria Rutas de Lima como parte del contrato de concesión, pero que terminará ejecutando el Ejército Peruano con fondos públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Invocando el "principio de no interferencia" desarrollado por el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2006, la Contraloría General le dijo a este medio que no emitirá opinión sobre el uso de presupuesto de la empresa municipal Emape para asfaltar un tramo que debía ejecutar, entre otras obras, la concesionaria Rutas de Lima con sus propios recursos.
Ello, pese a que anteriormente la Contraloría se ha pronunciado ya por aspectos relacionados a la concesión, como señalaremos líneas más adelante.
Epicentro Tv informó el viernes que el alcalde Rafael López Aliaga y un alto oficial del Ejército Peruano suscribieron un convenio que obliga a la Municipalidad de Lima a desembolsar por lo menos S/ 60 millones como costo referencial para limpiar y acondicionar un tramo total de 8.1 kilómetros, y pavimentar, de ellos, 4 kilómetros.
Para poder realizar los trabajos, el concejo municipal aprobó la declaratoria de emergencia de las obras, y el día de su aprobación -17 de octubre de 2024-, ante la pregunta de uno de los regidores sobre la legalidad de la decisión que tomarían, toda vez que está vigente un contrato de concesión, el alcalde respondió que sí, pues el contralor César Aguilar Surichaqui le había asegurado el día anterior que su gestión contaba con "todas las garantías de que no va a intervenir".
Por esa razón, Epicentro Tv consultó a la actual gestión de la Contraloría si la afirmación del alcalde era cierta. El viernes en la noche, la gestión del contralor Aguilar Surichaqui nos respondió.
La respuesta del contralor
El ente contralor señaló:
"Es pertinente indicar que, en la medida que existe un procedimiento arbitral en curso (cuyas actuaciones son reservadas), en virtud del "Principio de no Interferencia" desarrollado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia del 28 de febrero del 2006 (Expediente N° 6167-2005-PHC/TC), no podría ejecutarse una acción de control respecto de los efectos en el Contrato de Concesión de la Declaratoria de Emergencia de la vía metropolitana Ramiro Prialé emitida por la MML".
Y brevemente añadió que no ejercería ninguna acción de control "toda vez que la evaluación de dicha actuación debe ser efectuada por el Tribunal Arbitral, en el marco de sus competencias".
Este medio no preguntó a la Contraloría si efectuaría alguna acción de control a los trabajos. Epicentro Tv sólo preguntó:
- ¿Abordaron el tema de los trabajos de la ampliación de la autopista Ramiro Prialé el contralor general y el alcalde de Lima en la reunión que, según el alcalde, se dio el 16 de octubre de 2024?
- ¿En dicha reunión el señor contralor general le dijo al alcalde de Lima que no intervendría en el tema de la ejecución de los trabajos?
- ¿Siendo que estos trabajos debían ser ejecutados por el concesionario de la vía, las ordenanzas municipales que declararon en emergencia las obras son mecanismo suficiente para superar cualquier supuesto problema legal futuro?
La Contraloría en 2024
No obstante, anteriormente el órgano contralor de la República sí se ha pronunciado sobre la concesión Rutas de Lima, y lo ha hecho a pesar de que para entonces ya estaba en curso el proceso arbitral entre la concesionaria y el municipio, iniciado en diciembre de 2022.
Por ejemplo, el 24 de junio de 2024, la Contraloría emitió su Informe de Auditoría Nº 14979-2024, titulado "Contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima".
En dicho documento, la Contraloría se refirió, por ejemplo, al problema de la liberación de los terrenos sobre los cuales se construiría la ampliación de la vía Ramiro Prialé, una obligación (la liberación) que por contrato le corresponde a la Municipalidad de Lima.
"Se ha evidenciado que el Concedente suscribió actas de acuerdo estableciendo plazos sin sustento para la entrega de áreas de terreno de la concesión, los cuales fueron incumplidos por la MML durante la ejecución contractual, encontrándose -hasta la fecha del cierre de la presente desviación- pendiente la liberación y entrega de diversas áreas de los Tramos PN, PS y Tramo RP [N.R.- Ramiro Prialé], vulnerando lo establecido en las cláusulas 5.6 y 5.9 del contrato de concesión", indicó el informe de auditoría en la página 158.
En la misma página, la auditoría añadió que la falta de liberación de los terrenos "generó la postergación de la culminación de las obras obligatorias por parte del concesionario en los tramos PN, PS y Tramo RP", y "generó que el Estado dejara de percibir un monto estimado de S/ 71’882,582 como pago por derecho de la concesión al cual tiene derecho una vez que se haya culminado la totalidad de las obligatorias".
La liberación de terrenos es un elemento de suma importancia para la continuación de las obras. Por esa razón, el propio convenio entre el Ejército Peruano y la gestión de López Aliaga precisa:
"Las actividades y/o trabajos a realizarse, según el ítem A [limpieza y acondicionamiento del terreno previos al asfaltado] sólo se realizarán en los terrenos liberados, de acuerdo al acta de entrega de terreno, hasta que la MML oficie la liberación total de los sectores afectados".
Por lo pronto, sabemos que la Contraloría no tomará acción en virtud -señala- al "principio de no interferencia".
* Daniel Yovera
Periodista peruano. Exreportero de los dominicales televisivos "Cuarto Poder" (América Tv) y "Es Noticia (ATV). Exjefe de Investigación del diario El Comercio y de Política de La Primera.
