Comisión Permanente deja a la JNJ al borde de la destitución e inhabilitación

Con 20 votos en promedio la Comisión Permanente aprobó el informe que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. El pleno del Congreso debe votar esta propuesta y se necesitan 66 votos, pero los integrantes de la Comisión Permanente no pueden votar. Si lo logran, se extinguirá la Junta porque 3 de los 7 suplentes ya no cumplen el requisito de la edad. ¿Será eso lo que quieren? Si no hay Junta, no hay juez para jueces y fiscales, especialmente para los suspendidos como Patricia Benavides.

La Comisión Permanente del Congreso ha cumplido con el paso previo para destituir e inhabilitar a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Con 20 votos en promedio, todos los integrantes de la JNJ han quedado al borde de la destitución por infracción constitucional al no haber sacado del cargo a la integrante de la Junta Inés Tello de Ñecco cuando cumplió 75 años, es decir 8 meses después de haber iniciado el periodo constitucional de 5 años para el que fue elegida.

El presidente del Congreso y varios congresistas, entre ellos la fujimorista Patricia Juárez advirtieron que lo que se discutía no era la destitución de los integrantes de la JNJ sino “el informe final que recomienda la destitución e inhabilitación”, es decir, un paso previo, pero no la destitución. Como si de la decisión de hoy no dependiera de que el proceso continuara.

En la sesión de la mañana de este lunes, el abogado de la mayoría de los integrantes de la JNJ Samuel Abad presentó 10 razones por las que no hubo infracción a la Constitución en la decisión de mantener en su cargo a la integrante de la Junta Inés Tello de Ñecco.

Abad expuso ampliamente cuál fue el criterio de la comisión encargada de la elección de la Junta cuando evaluaron el tema del requisito de la edad. Abad presentó el video en el que el entonces presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini interrogaba a Tello y le dijo claramente que expusiera su plan para 5 años, “no para los siguientes 8 meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular que es tener entre 45 años y 75 y una vez electa pues la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado sino al concluir su mandato”. Ahora Blume es un ferviente defensor de la acusación constitucional y del argumento en contra del que tuvo cuando participó en la elección de Inés Tello. “El hecho de que ahora (Blume) cambie de opinión y haya ido a la comisión a decir exactamente lo contrario, ya no es un tema que nos corresponde a nosotros evaluar, algunas razones habrá tenido para eso”, dijo el abogado Abad.

Abad también publicó el fragmento de una entrevista que concedió a RPP otro de los integrantes de la comisión de alto nivel, el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, quien reveló que dentro de la comisión discutieron ese asunto y llegaron a la conclusión de que el requisito de la edad era para la postulación y no para el ejercicio del cargo: “el entendido fue que tenía que cumplir los 5 años después de haber sido electa si fuera electa. Me parece particular que ese tema, bajo mi punto de vista debería cumplir los 5 años para los cuales juramentó, ella no juramentó para 8 meses”. Curiosamente los integrantes de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales convocaron a varios integrantes de la comisión de alto nivel para conocer su opinión, pero no convocaron al exrector Alva.

Abad se refirió a otro argumento de la acusación según el cual el informe de Servir, que señala que el requisito de la edad es para el ingreso al cargo y no para el ejercicio del cargo, no tiene validez pues fue firmado por una economista. Abad recordó que los informes son institucionales y no personales y que en todo caso el argumento podría considerarse también para el caso del congresista que elabora el informe que recomienda la destitución e inhabilitación de los miembros de la Junta, Esdras Medina, quien tampoco es abogado. Medina es licenciado en administración, pero tiene dos doctorados Honoris Causa otorgados por las universidades nacionales de Moquegua y Piura “por su contribución a la restitución de la autonomía universitaria”, para ser más claros, por su participación en la contrarreforma universitaria y el golpe a la vigilancia de la calidad universitaria. De hecho, el pasado viernes el acusador de la JNJ fue reconocido públicamente en la ceremonia por el primer aniversario de la “nueva Sunedu”.

El congresista Medina se declaró víctima de una campaña de acoso por parte de periodistas que lo insultan pero que no lo amilanan. Y dijo que explicaría “con manzanitas” que los integrantes de la JNJ han infringido la Constitución aunque al final no lo explicó.

Se ofendieron

Durante la sesión de la Comisión Permanente también intervino el abogado Omar Cairo, abogado de Inés Tello de Ñecco quien sostuvo que el congreso le pide a su defendida algo que era imposible: que promoviera su propia vacancia a pesar de que la edad no es una causal de vacancia o que cometiera un delito y abandonara el cargo, caso en el cual sí estaría incursa en una infracción. Cairo terminó su intervención con un mensaje que ofendió a varios congresistas al sostener que la situación se puede poner compliada “en el momento en el que el pueblo aprecie que sus autoridades se dediquen a tramitar acusaciones sin sustento que lo que hacen es privar de sus funciones a órganos independientes; empezará cuando el hartazgo de la gente lleve al poder a personas que no tienen criterio mínimo y que sustentan su adhesión en la apariencia estridente y la banalidad. Para que eso no pase, para que la salud de la República se conserve y para que este Congreso se prestigie les pido que archiven este procedimiento”.

Inmediatamente después, el presidente del Congreso Alejandro Soto hizo una “invocación a que se expresen con respeto al Congreso de la República que es el primer poder del Estado”. Para afianzar esta exigencia de respeto al congreso, el almirante José Cueto sostuvo que “la pésima defensa de estos señores que han venido hoy, el abogado ha empezado cuestionando las prerrogativas del Congreso. Me hizo recordar al señor Vizcarra que pensó que podía venir a decirle samba canuta al Congreso. Este Congreso está haciendo su labor le guste o no le guste a la Junta Nacional de Justicia”.

En el debate se destaparon las cartas: el vocero de Fuerza Popular Eduardo Castillo anunció que su partido votaría a favor del informe y luego Alejandro Aguinaga, médico de profesión quien ha sido investigado por el caso de las esterilizaciones forzadas, utilizó una figura médica para referirse a la Junta: “es un neonato con terribles malformaciones”.

La voz en contra de la destitución corrió a cargo de Susel Paredes quien recordó que ella ha sido crítica de la Junta por la elección de la fiscal Patricia Benavides, pero sostuvo que esta propuesta de destitución es “un paso más en los intentos de capturar la justicia por parte de organizaciones que siendo partido se comportan como gestores de intereses”. Paredes dijo que el plan para capturar la JNJ tiene también el objetivo de “capturar a los órganos electorales, a la ONPE, al RENIEC, dos de las instituciones que se encargan de que tengamos elecciones limpias. Como dirían los futboleros, quieren controlar al árbitro”.

La votación

La Comisión Permanente votó de manera independiente la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de destituir e inhabilitar a los integrantes de la Junta. Las votaciones en los siete casos fueron prácticamente iguales:

Imelda Tumialán, ex presidenta de la JNJ: 21 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

Aldo Vásquez, actual vicepresidente de la JNJ: 18 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

José Avila, ex presidente de la JNJ, quien renunció la semana pasada por las alusiones de Jaime Villanueva, 18 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones.

Antonio de la Haza, actual presidente de la JNJ, 20 votos a favor y 7 en contra.

María Zavala, 19 votos a favor y 6 en contra.

Guillermo Thornberry, 19 votos a favor y 6 en contra.

Quienes votaron consistentemente a favor de la destitución e inhabilitación de los integrantes de la Junta fueron los congresistas de los partidos Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre, Unidad y Diálogo, Somos Perú, Acción Popular y Podemos.

Quienes votaron en contra del informe fueron los congresistas Susel Paredes, Nieves Limachi, Isabel Cortez, José Balcázar, Jorge Coayla, Kira Alcarraz y Francis Paredes.

Se preparan

Hace 6 días, el 20 de febrero, el congresista José Cueto, activo promotor de la destitución e inhabilitación de los integrantes de la Junta, envió un oficio al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien como se sabe preside la comisión encargada del concurso para la selección de los integrantes de la JNJ. El oficio “expresa preocupación debido a la edad de los miembros de la JNJ y solicita que informe qué acciones tomará en calidad de presidente de la Comisión Especial para la Elección de los Miembros de la JNJ”.

La preocupación de Cueto tiene que ver con el hecho real de que 3 de los suplentes seleccionados en el concurso en el que fueron elegidos los miembros de la actual JNJ en el 2019 ya cumplieron los 75 años, razón por la cual no podrán asumir el cargo en caso se concrete la destitución de los titulares.

Los suplentes elegidos son Abraham Siles, quien ya fue convocado para asumir la plaza que dejó el renunciante José Ávila, razón por la cual solo quedan 6 suplentes. Estos son: Mónica Rossel Medina, Marco Tulio Falconi Picardo, Jaime de la Puente Parodi, María del Pilar Tello Leiva, Jorge Calderón Castillo y Jacinto Tulio Rodríguez Mendoza.

En entrevista con el programa Réplica de Epicentro, el vicepresidente de la JNJ Aldo Vásquez dijo el pasado jueves que la destitución de todos los integrantes de la Junta generaría una situación grave pues no es posible completar el quorum y no habrá posibilidad de continuar con la labor de la Junta, entre otras razones porque quien convoca a los suplentes es el presidente, contra quien también pende la amenaza de la destitución. Lo interesante para los promotores de la destitución es que mientras no haya Junta los jueces y fiscales que estén suspendidos y se venza el plazo de la suspensión sin un fallo definitivo deberán volver a sus puestos. Algo como lo que ocurre con la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides quien podría regresar al cargo si la JNJ no sigue en funciones por falta de quorum.

A la mayoría de los congresistas de la Comisión Permanente no pareció importarles ninguno de los argumentos expuestos por la defensa de los integrantes de la junta. El próximo lunes se reanudan las sesiones ordinarias del pleno del Congreso. El informe será sustentado por los congresistas Esdras Medina y Lady Camones. Para destituirlos necesitan 66 votos sin contar a los 30 integrantes de la Comisión Permanente. Es posible que aún no consigan los votos. Pero las negociaciones entre bancadas son intensas.