El proyecto de ley que busca sancionar la difusión de protestas que terminan en disturbios evidenciaría una conducta antidemocrática y autoritaria de parte de la presidenta Dina Boluarte. Así lo señalan especialistas consultados por Epicentro Tv.
El gobierno de Dina Boluarte ha propuesto modificar el Código Penal con el único propósito de criminalizar la labor periodística de informar sobre las protestas sociales, bajo la figura de “instigación” al delito de disturbio, vulnerando el derecho a la libertad de expresión.
A finales del mes pasado, el Poder Ejecutivo sustentó ante el Congreso de la República un paquete de cincuenta proyectos de ley sobre materia de seguridad ciudadana y otros. Entre ellos, incluyó esta propuesta que atenta, principalmente, contra el ejercicio del periodismo.
“Sancionar a los instigadores del delito de disturbio (…), ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”, indica el punto 3.1.2, inciso C, del proyecto de ley N° 5632/2023 del Ejecutivo.
Especialistas consultados por Epicentro Tv advierten que la propuesta evidencia una conducta antidemocrática y autoritaria de parte de la mandataria Dina Boluarte.
“Lo que hemos visto es un proyecto autoritario durante los últimos meses, pero no podemos ver eso sin considerar los intentos de amedrentar y hostigar a la prensa (...) El camino al autoritarismo no se puede completar si es que no se tiene controlada o minimizada a la prensa”, señaló el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar.
Salazar agregó que ha notado que los congresistas y la propia presidenta Boluarte “no son capaces de separar lo personal de lo universal”, por ello sus “malas experiencias” con la prensa que los cuestiona, investiga e incomoda, han terminado motivándolos a respaldar este tipo de iniciativas que atentan contra la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
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El abogado especialista en asuntos penales y derechos humanos, Carlos Rivera, consideró que el Ejecutivo tiene “un afán de persecución” en contra de los medios de comunicación que informaron sobre la actuación de las fuerzas del orden durante las movilizaciones de diciembre y enero pasados y, en consecuencia, difundieron los excesos.
“Este proyecto de ley está fuera del marco constitucional, convencional y penal. Se pretende convertir en un hecho delictivo el ejercicio de un derecho constitucional, que es la libertad de expresión. Incluso, en términos penales se está desnaturalizando gravemente una figura delictiva, como es la instigación que está tipificada”, apuntó.
Rivera también sostuvo que el proyecto tiene un “perfil autoritario” que busca “censurar” y evitar que la ciudadanía se informe. “Me parece que de una manera bastante autoritaria quieren generar una suerte de incumplimiento del deber y apuntar contra todo el que quiera ser parte de alguna red de información, comunicación. Ese es el objetivo”, añadió.
Por su lado, el abogado penalista Roberto Pereira indicó que detrás de la propuesta del Ejecutivo habrían tres posibles razones: la primera es recurrir al “típico populismo penal” por la incapacidad de la Policía Nacional de perseguir, identificar y detener en flagrancia a las personas que verdaderamente ejercen violencia durante las protestas.
“En el Perú no existe un problema de ausencia de legislación, vacío normativo, laguna de punibilidad que requiera ser incorporado al Código Penal”, dijo.
La segunda razón, según Pereira, podría ser “una venganza” contra la prensa que se manifestó a favor de las movilizaciones y que denunció los abusos; y la tercera tendría que ver con “la vocación antidemocrática” de los políticos que están en el Ejecutivo y Legislativo.
“Creo que esos tres factores, con mayor o menor intensidad, están confluyendo en este caso y son los que explicarían que el Poder Ejecutivo diga con tanta sinceridad que pretende afectar un derecho fundamental como la libertad de expresión”, arguyó.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, también se pronunció en contra de la propuesta. “En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos”.
🔴 Sociedad Interamericana de Prensa rechaza proyecto del modificación del Código Penal que pretende “Sancionar a los instigadores del delito de disturbio" en el marco de las protestas, que limita la actividad de los medios de comunicación.https://t.co/aaSvjDrN1T pic.twitter.com/jKN4shHmjS
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 13, 2023
Greenspon instó a la presidenta Dina Boluarte a retirar la iniciativa “por cercenar” derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Comisión de Constitución reconoció que este proyecto de ley representa un peligro para todos los peruanos, sin embargo, en lugar de removerlo, agregó una línea para precisar que “no se afecta ningún derecho fundamental consagrado en la Constitución Política”. Con una celeridad inusitada, este grupo de trabajo ha agendado para mañana, viernes 15 de septiembre a las 3 de la tarde, el debate y votación del predictamen que pretende criminalizar la actividad informativa.
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