El anunciado ‘Plan Boluarte’ propone 33 medidas para la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y el fortalecimiento de la Policía Nacional, según el premier Alberto Otárola. El presupuesto que ha consignado el Ejecutivo es de 1.500 millones de soles para reforzar el sistema de vigilancia, incorporar personal en retiro al servicio de seguridad, modificar el Código Penal y Código Procesal Penal, regular la normativa sobre el uso de celulares robados, así como crear la Central Única de Emergencia, entre otros. El ‘Plan Boluarte’ no propone soluciones de fondo, y ese es el fondo del problema.
Solo en Lima Metropolitana, entre enero y julio del 2023, se reportaron más de 13 mil denuncias por robo y hurto agravado, según la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Los distritos capitalinos con mayor número de incidencias son San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. Pero la institución también advierte que el alto índice de inseguridad ciudadana se viene replicando en todas las regiones del país, especialmente en las del norte.
Frente a esta situación, algunas autoridades han considerado que en el Perú se debe aplicar el denominado ‘Plan Bukele’, represión sin freno. Así lo han expresado el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; el primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García; los alcaldes de San Martín de Porres y Los Olivos, Hernán Sifuentes y Felipe Castillo, respectivamente; e incluso el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola.
El pasado martes, en el marco de la solicitud de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, el premier Otárola sustentó ante el Congreso de la República un paquete de cincuenta iniciativas en materia de seguridad ciudadana, modernización e infraestructura, y gestión de riesgos de desastre. Del total, treinta y tres propuestas están orientadas a la lucha contra el crimen organizado y al fortalecimiento institucional de la Policía Nacional.
Otárola ha dicho que no aplicará el ‘Plan Bukele’ sino el ‘Plan Boluarte’, un proyecto que —según las palabras del premier—“consiste en hacer aquello que mejor han hecho otros gobiernos; por ejemplo, ¿qué bueno ha hecho el señor (Nayib) Bukele? Ha puesto a los policías en los buses a proteger a la ciudadanía, ha realizado programas de vivienda, de fomento del deporte en aquellas zonas que ha recuperado de la delincuencia. Y durante nuestro gobierno, nosotros vamos a implementar estas y otras medidas”.
El llamado ‘Plan Boluarte’ prevé un presupuesto de s/1.500 millones, según el Poder Ejecutivo. En él proponen reforzar el sistema de vigilancia para una rápida identificación del delito, modificar el Código Penal y Código Procesal Penal en materia de investigación del delito e intervención de la justicia (todavía no se ha hecho público en qué aspectos), incorporar personal en retiro al servicio de seguridad, regular la normativa que sanciona el uso y la compra de celulares robados, así como crear la Central Única de Emergencia, entre otros.
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Alejandra García
Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, la estrategia contra la criminalidad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “es inaplicable” en el Perú porque no compartimos el mismo contexto. No obstante, remarca que el ‘Plan Boluarte’ tampoco será efectivo porque se enfoca en asuntos superficiales. Algo que es un mal endémico de los últimos gobiernos. Recordemos, por ejemplo, el ‘Plan Zanahoria’, ese que proponía hace unos años que un policía nos acompañará del cajero a casa para evitar los robos.
“El problema de la inseguridad es múltiple. No se va a liquidar de manera inmediata con un marco legislativo nuevo o adicional. Las medidas que ha propuesto el Ejecutivo sólo van a tocar aspectos tangenciales del problema y no van a ir a lo medular. En ese sentido, Bukele tiene un concepto que sí es medular que es el control territorial, lo que pasa es que eso no se puede aplicar aquí como allá”, aclaró Valdés.
El especialista también se refirió a la posibilidad de incorporar al personal en condición de retiro al servicio de seguridad ciudadana, sostuvo que la medida es buena si se orienta adecuadamente. Dijo que esto permitiría que aquellos agentes con más de treinta y cinco años de carrera policial y que dominan un conocimiento podrán reingresar a ocuparse de las labores de investigación criminal, mientras que los efectivos jóvenes podrán tener un rol más activo en el control territorial. Esto que plantea el exviceministro es medular porque no se trabaja en la especialización de los policías y la experiencia no es un grado. Un efectivo que ha estado, por ejemplo, diez años en la Dircote de un día para otro es asignado a la Policía Verde o a vigilar carreteras.
“Otra solución a la mano es modificar el régimen laboral que tienen las comisarías de 24 x 24. En la práctica tenemos a un policía las 24 horas en la comisaría, pero no necesariamente patrullando ni atendiendo. Deberíamos tener tres turnos de 8 horas, eso implica una mayor concentración”, añadió el exviceministro del Interior.
Valdés señaló, además, que el primer ministro Alberto Otárola y la presidenta Dina Boluarte deberían revisar el Sistema de Seguridad Nacional y el Plan de Seguridad Nacional al 2030 que contempla medidas multisectoriales que ayudarían a reducir la inseguridad ciudadana.
La sensación de inseguridad convierte a un país en un lugar invivible donde la mayor parte de sus ciudadanos están secuestrados por el miedo. Medidas efectistas y cortoplacistas, ministros del Interior a granel en casi todos los gobiernos, la incapacidad perenne para llevar a cabo una verdadera reforma policial, el mal uso de la fuerza pública nos han llevado a donde estamos. Si el ‘Plan Boluarte’ dinamita la inseguridad ciudadana se verá en los próximos meses, aunque parece que en este caso la mecha no va a prender.
