Los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia serán investigados por una supuesta intromisión e injerencia en las funciones del Congreso en el caso Zoraida Ávalos. Para ello, la parlamentaria Patricia Chirinos ha planteado una investigación sumaria que suele aplicarse cuando no se tienen dudas de que el resultado será condenatorio. La ONU expresó su preocupación por la posible vulneración de la independencia de poderes en el país.

El Pleno del Congreso decidió que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realice una investigación sumaria en catorce días "por causa grave" a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras aprobar la moción N° 7565, presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, vulnerando la autonomía de este organismo y la separación de poderes.

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Los magistrados que serán investigados son la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán Pinto así como Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto De la Haza Barrantes, María Zavala Valladares, Guillermo Thornberry Villarán y Luz Inés Tello de Ñecco.

La medida busca destituir a los siete magistrados por una supuesta injerencia en las funciones del Congreso, al haber emitido un pronunciamiento sobre el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, donde pedían una mayor reflexión sobre la sanción que la inhabilitó.

La moción también considera como falta la supuesta presión por parte de tres magistrados al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncie por el caso Ávalos; la interpretación de la Junta sobre el límite legal de 75 años para el ingreso al organismo y no para el cese; el supuesto incumplimiento de presentar un informe anual; y la presunta filtración de la investigación contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Este jueves la Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la posible vulneración de la democracia en el país. Advirtió que los principios básicos de la ONU y la Constitución del Perú reconocen la independencia de los jueces y la separación de poderes.

“Solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas”, señaló el comunicado de la ONU.

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Una "investigación sumaria" es un proceso rápido que suele realizarse cuando no se tienen dudas de que el resultado será condenatorio. De hecho, el Congreso aprobó un plazo de sólo 14 días para que la Comisión de Justicia indague y emita su informe final.

En entrevista con Canal N, el magistrado emérito del Tribunal Supremo de España, Andrés Ibañez, señaló que una investigación sumaria “se sigue en situaciones de guerra, donde no se dan garantías y, por tanto, tiene algo de farsa”.

“Es un modo de proceder que tiene un poco de agresión de un órgano del Estado contra otro, quebrando el principio de independencia y con una particularidad que el ‘órgano agredido’ es el órgano de garantía de los jueces”, dijo el jurista Ibañez.

De ser destituidos los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, la Comisión Especial del organismo deberá seleccionar a sus nuevos integrantes. Esta comisión está conformada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien preside la elección, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, el contralor general, Nelson Shack, la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, un representante de las universidades públicas y otro de las privadas.

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