Hace menos de un mes, el Ejecutivo retiró de su cargo al general Jorge Angulo porque se evaluó que los estados de emergencia no disminuyeron la criminalidad, sin embargo, ayer se anunció que se decretará el estado de emergencia en Trujillo y Pataz por 60 días. Algo no cuadra.
Hace apenas 4 días, agentes de la Divincri de Chimbote tuvieron que llegar a Trujillo para rescatar a 6 niños venezolanos que habían sido secuestrados por la organización criminal “Los Gallegos del Tren de Aragua”. Según la policía, los delincuentes raptaron a los menores para obligar a sus madres a ser explotadas sexualmente. Durante la intervención se detuvo a ocho personas.
En diciembre del año pasado, en el distrito de Pataz, también en La Libertad, un atentado contra la minera Poderosa, provocó la muerte de 9 personas y dejó heridas a 15. Los responsables, según las propias autoridades regionales serían sicarios contratados por mineros ilegales de la zona, quienes en los últimos años han ido en aumento en la zona.
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Ante el avance acelerado de la criminalidad, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido declarar en estado de emergencia Trujillo y Pataz. La medida fue anunciada por el primer ministro Alberto Otárola quien precisó que la medida se extenderá por 60 días, como estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana que se vive en esa zona del país.
Con esta medida, las Fuerzas Armadas (FF. AA.), con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), asumirán el control del orden interno en Pataz, ante el incremento de delitos conexos de la minería ilegal como la explotación sexual, el tráfico de armas e insumos químicos, el proxenetismo, entre otros.
“El crecimiento de la minería ilegal en Pataz es descontrolado. Nos enfrentamos a 20 bandas organizadas” advirtió el jefe del Gabinete Ministerial.
De igual manera, en Trujillo la PNP mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas ante el aumento de delitos como homicidios, robos y hurtos.
"Existen una serie de bandas y organizaciones criminales que hacen daño, especialmente, a las zonas más pobladas de Trujillo. Por ello, conjuntamente con las autoridades regionales y locales, haremos frente a esta ola delincuencial" dijo Otárola.
En ambas provincias quedarán suspendidas las actividades comerciales y actividades sociales, desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada.
La medida llega 12 días después de que el gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se reuniera con la presidenta Dina Boluarte para pedirle precisamente que se declare en emergencia por 120 días la región y que se instale una base militar como medida de seguridad en Trujillo.
“He venido a conversar con la presidenta para que tome a La Libertad como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad. Del primero de enero hasta ahora, hay más de 33 muertos. ¡Todos los días un muerto!”, dijo Acuña a su salida de Palacio de Gobierno.
Contradictorio
La reciente declaratoria de emergencia evidencia que el gobierno de Boluarte ha caído en una gran contradicción respecto a las políticas de Estado frente a la inseguridad ciudadana. El pasado 22 de enero, a través de la Resolución Suprema N° 019-2024-IN, el Ejecutivo dio por concluida la designación del general Jorge Angulo como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta decisión se tomó después de que la presidenta Dina Boluarte fuera agredida por familiares de víctimas de las protestas en Ayacucho.
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Lo contradictorio es que en esa resolución suprema, firmada por el ministro del Interior, Víctor Torres y la presidenta Boluarte, el Ejecutivo argumentó la salida del general Angulo basándose en que los estados de emergencia decretados para disminuir la inseguridad ciudadana habían fracasado ya que “no han logrado disminuir la criminalidad que viene afectando gravemente a la ciudadanía”.
¿Entonces? ¿Funcionan o no? Ante la consulta, el primer ministro Alberto Otárola aseguró ayer que las cifras que dejaron los estados de emergencia anteriores aseguran que sí son eficientes.
“Yo puedo mencionar una cifra que está en la propia nomenclatura del Ministerio del Interior. El delito se redujo en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y en Lince, en un promedio de 36%. Sí son eficientes estas medidas, si se aplican en un trabajo conjunto con las autoridades regionales y locales, y sobre todo, con las instituciones que tienen que apoyar estas medidas. Cuando uno declara un estado de emergencia no solamente es la decisión del Poder Ejecutivo, nosotros convocamos públicamente tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, para que nos ayuden a enfrentar la criminalidad organizada”, dijo en conferencia.
Para el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, la medida no basta ante la criminalidad organizada que ha tomado la capital de La Libertad.
“En Trujillo te roban, te matan y no podemos ni identificar las huellas dactilares. Esos análisis y los de sangre o absorción atómica tienen que ir a Lima. Estamos al borde del abismo. No basta con declaratorias de emergencia o más policías en las calles. Hay que enfrentar a las bandas organizadas con las mismas herramientas legales y estrategias con que se venció al terrorismo y con investigación policial”, opinó en Canal N.
El burgomaestre recordó que en Trujillo hay, en promedio, un asesinato por día y que solo en lo que va del año se han registrado 53 crímenes en la región La Libertad.
“Si dejamos que esto siga, mañana tendremos establecidas a las mafias colombianas, ecuatorianas y va a seguir creciendo la mafia venezolana, que ya está enquistada, y esto no lo va a parar nadie. Tiene que darse ya el punto de quiebre. El Gobierno Nacional debe hacerlo”, dijo.
De igual forma, Miguel Rodríguez Albán, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, opinó que declarar estado de emergencia en Trujillo y Pataz es solo parte de un populismo jurídico.
“Es una medida extrema, pero insuficiente ante el fracaso del Estado y las instituciones, en particular de la policía, la falta de liderazgo del gobierno frente al avance del crimen. En La Libertad vivimos una situación desesperante, las familias, las empresas, frente a la amenaza del crimen, las extorsiones, los asesinatos, se han desbordado y la ausencia de liderazgo que tienen las autoridades es notoria. Lo único que han recurrido en los últimos meses es a un populismo jurídico, de declaratorias de emergencia que a la fecha no han dado resultados, por lo menos los que esperamos”, dijo en Hablemos Perú.
No es la primera vez que las críticas apuntan al fracaso de la declaratoria de estados de emergencia, incluso los malos resultados lograron sacar a un ministro del Interior. El actual ministro Víctor Falcón ya está nuevamente en la mira del Congreso por el mismo motivo.
