La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigación preliminar contra el fiscal Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, por haber sostenido reuniones con autoridades políticas investigadas por diversos presuntos delitos. El magistrado tiene diez días hábiles para presentar sus descargos.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió de oficio investigación preliminar contra el fiscal Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, por presunta inconducta funcional debido a que en los años 2022 y 2023 se reunió con autoridades –dos ministros, tres congresistas y un gobernador regional– que enfrentaban y aún enfrentan investigaciones fiscales por diversos delitos.

En los años 2022 y 2023 el fiscal Fernández Jerí se reunió con el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, José Luna Gálvez, y con dos de sus integrantes, María Acuña Peralta y Miguel Ciccia Vásquez.

Luna enfrenta investigaciones por presuntos cohecho activo, organización criminal y lavado de activos; Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), una investigación por presunto delito de concusión, por el caso “Mocha-sueldos”; y a Ciccia, de Renovación Popular, se le investiga por presuntos patrocinio ilegal y tráfico de influencias en la Sunat a favor de una empresa familiar.

“En resumen, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, se habría reunido con 6 autoridades políticas y representantes de diversas instituciones públicas, no obstante que estas autoridades políticas son investigadas por el Ministerio Público”, indica la apertura de investigación preliminar de la JNJ.

Fernández dijo en una entrevista en RPP que se reunió con Miguel Ciccia, María Acuña Martha Moyano, y en 2022, con José Luna. Todos, de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Según el fiscal, el propósito de dichas reuniones era obtener presupuesto para la Autoridad Nacional de Control y acotó que la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides, sabía de sus visitas al Parlamento.

“Son miembros de la Comisión de Presupuesto, son líderes de sus grupos parlamentarios. Yo tengo una responsabilidad de dotar de recursos a la Autoridad Nacional de Control. Mi techo presupuestal para el próximo año son S/ 23’200,000. ¿Cuál es mi demanda de presupuesto? Es 179 millones”, señaló Fernández en dicha entrevista.

Inconsistencias

Sin embargo, la JNJ observa que en el 2022 –año de su reunión con Luna Gálvez– la Autoridad Nacional de Control no existía como “unidad ejecutora” de la Fiscalía.

“El fiscal no habría estado facultado para realizar dicha gestión toda vez que no era titular del pliego, con lo cual habría incumplido las disposiciones legales referidas a las atribuciones del titular del pliego del Ministerio Público, función que recaía en el fiscal de la nación por su condición de titular del pliego”, indica la JNJ.

Cuando contextualiza los hechos bajo investigación, la JNJ señala que Fernández también alegó haberse reunido con César Acuña, gobernador de La Libertad, por el tema presupuestal.

Reunión entre el fiscal Fernández Jerí y César Acuña Peralta.
Reunión entre el fiscal Fernández Jerí y César Acuña Peralta.

“Las reuniones sostenidas, a decir de Juan Fernández Jerí y de la Oficina de Comunicaciones de la institución que éste jefatura habrían tenido por objeto lograr mayor presupuesto para la Autoridad Nacional de Control, combatir la inseguridad ciudadana en los departamentos con mayor declaratoria de estado de emergencia e intercambiar políticas de integridad”, refiere la JNJ en la apertura de investigación preliminar.

Acuña es un político que tiene 72 carpetas fiscales abiertas por hechos ocurridos entre el 2005 y junio del 2022, de las cuales, 15 están activas.

Reuniones con ministros

Sede de la Junta Nacional de Justicia.
Sede de la Junta Nacional de Justicia.

Otras reuniones que la Junta Nacional de Justicia someterá a investigación preliminar son las que Fernández sostuvo con el exministro del Interior, Vicente Romero, y el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa.

Romero afronta dos investigaciones en la Fiscalía de la Nación, por presunto genocidio y homicidio por las 49 muertes durante protestas contra la presidenta Dina Boluarte, y por omisión de actos funcionales debido a la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en enero de 2023; y Arana, es investigado por presunto tráfico de influencias agravado por haber coordinado presuntos favores en procesos judiciales a través del entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi.

Las reuniones entre Fernández Jerí y ambos ministros fueron divulgados por las redes sociales de la Autoridad de Control el 18 de setiembre de 2023. Una semana después, medios periodísticos informaron que Vicente Romero había sido citado a declarar por las protestas.

Los cargos imputados al fiscal Fernández –señalados en la apertura de investigación preliminar– son dos:

1.- Haber gestionado en los años 2022 y 2023 ante congresistas de la Comisión de Presupuesto el otorgamiento de recursos para la Autoridad Nacional de Control, incluso cuando ésta no existía y sin estar facultado por ley para hacerlo, “conllevando su conducta a considerar la presunta comisión de faltas muy graves”.

2.- Haberse reunido con autoridades políticas con investigaciones fiscales por diversos presuntos delitos, pese a ser jefe de la Autoridad Nacional de Control con potestad disciplinaria sobre los fiscales a cargo de dichas investigaciones, lo cual también constituiría “falta muy grave”.

La disposición de investigación preliminar, firmada por el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza Barrantes, le otorga al fiscal Fernández Jerí un plazo de diez hábiles para remitir sus descargos.

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