Patricia Benavides y el pacto de impunidad
La intentona de Patricia Benavides para tomar la Fiscalía de la Nación amparada en una resolución de la JNJ, provocó un terremoto de alta intensidad que nos ha vuelto a mostrar no sólo a una Benavides desesperada por regresar al cargo más alto del Ministerio Público por la fuerza, sino también quiénes son sus aliados y por qué la necesitan como Fiscal de la Nación.
Hace un año, cuando el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió, por unanimidad, destituirla como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación, Patricia Benavides reapareció en un evento organizado por el Partido Aprista y su abogado, el aprista Jorge del Castillo Gálvez.
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El acto de desagravio en homenaje a Benavides estuvo respaldado por el grupo extremista ‘Los Combatientes’, facción de la extrema derecha de ‘La Resistencia’, cuyos miembros reaparecieron en apoyo a Patricia Benavides la mañana del último lunes cuando la ex fiscal irrumpió en el Ministerio Público con el objetivo de tomar por la fuerza el cargo de Fiscal de la Nación. Los nexos de La Resistencia y sus satélites con los partidos de la coalición que hoy gobierna al Perú ya son conocidos y están muy bien detallados en un reportaje de Epicentro.
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El pacto congresal
Pero, vamos por partes: la congresista fujimorista Martha Moyano está investigada en el caso La fiscal y su cúpula de poder tras las revelaciones de Jaime Villanueva, el ex asesor de Benavides, quien afirmó que la entonces Fiscal de la Nación había intercambiado favores con congresistas interesados en que se archivaran sus procesos. La propia Moyano admitió que solicitó a Benavides la remoción de los fiscales el equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Fue precisamente Pérez quien sentó en el banquillo de los acusados a Keiko Fujimori y a toda la cúpula del Fuerza Popular en el caso Cócteles.
El neofujimorista Fernando Rospigliosi declaró esta semana que el Ministerio Público debía acatar la decisión de la JNJ y aprovechó la oportunidad para sumarse a una de las narrativas que ha cobrado fuerza a raíz de la entrada a empellones de Benavides al piso 9 del Ministerio Público: que este organismo constitucionalmente autónomo está en crisis y que urge una reforma y reorganización de la Fiscalía y de todo el sistema de justicia.
Perú Libre recogió el guante, por si a alguien le quedaban todavía dudas de que el llamado Fujicerronismo continúa boyante. Américo Gonza, congresista del partido liderado por el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público, empezando por destituir a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y a todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos para, luego, encargar a la JNJ el nombramiento de los 7 integrantes de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, cuyo Pleno elegirá al nuevo Fiscal de la Nación Transitorio. Un Congreso con más de la mitad de sus miembros investigados por diferentes delitos pretende reorganizar a su medida el Ministerio Público, utilizando como sastre a la misma JNJ que ordenó la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, sin cumplir con los requisitos de ley.
Renovación Popular no podía quedarse atrás. Su líder, Rafael López Aliaga, condecoró con la medalla de Lima a Patricia Benavides en 2023, pese a que el alcalde de Lima es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el caso Panamá Papers. Esta semana, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos por la presunta comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de la función pública, por no haber acatado lo que ordenó la JNJ.
El rol del Ejecutivo
Está claro que el objetivo de la coalición que controla el Congreso es capturar al Ministerio Público para ponerlo al servicio de los congresistas y sus líderes investigados. ¿Y qué papel juega el Poder Ejecutivo? Además del aprista Jorge Del Castillo, Benavides tiene entre sus abogados a Humberto Abanto, defensa legal de Jaime Yoshiyama y de otros miembros de la cúpula de Fuerza Popular procesada por el caso Cócteles. Abanto es también abogado del wayki de la presidenta Dina Boluarte, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, investigado junto a la mandataria por el caso Rolex.
Si bien la presidenta Boluarte - quien no responde preguntas de la prensa desde hace ocho meses - no ha defendido abiertamente el retorno de Patricia Benavides, quien sí lo ha hecho es su premier, el hermanito Eduardo Arana, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que también involucra a ex congresistas de Fuerza Popular y a la señora K. Arana respaldó la decisión adoptada por la JNJ y afirmó que el Ministerio Público debía cumplir con la restitución de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación.
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El Defensor del Pacto
La cereza sobre el pastel de la defensa del regreso de Benavides la puso el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuya elección fue una de las primeras muestras del pacto fujicerronista. En mayo de 2023, la coalición que controla el Parlamento eligió al cuestionado ex abogado del prófugo Vladimir Cerrón como titular de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la Constitución, el Defensor del Pueblo es el responsable de presidir la comisión especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ. Por eso la elección de Josué Gutiérrez era clave para el pacto.
En octubre del año pasado, Josué Gutiérrez presidió la comisión que eligió a los actuales miembros de la JNJ. La Misión de Observación Internacional que llegó al Perú para supervisar el proceso concluyó que la falta de transparencia y autonomía en la selección de sus nuevos integrantes se convertiría en un obstáculo para la independencia del sistema de justicia peruano. La resolución que emitió la JNJ esta semana que ordena reponer a Benavides como Fiscal de la Nación no hace sino confirmar las conclusiones a las que arribó la misión de observación.
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Como los demás integrantes de esta lista, Josué Gutiérrez también está investigado. Sobre él pesa una denuncia constitucional por el presunto nombramiento ilegal de una militante de Alianza Para el Progreso, el otro partido miembro del pacto, como jefa de una Oficina Defensorial.
Como vemos, las figuras más destacadas en la defensa del regreso de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación tienen investigaciones a cuestas en las que el Ministerio Público juega un rol determinante. Retomar el control de la Fiscalía es uno de los objetivos más importantes de la coalición que gobierna porque eso les garantiza lo que es la razón misma del pacto: la impunidad.
* David Gómez-Fernandini G.
Periodista peruano con 20 años de experiencia. Ex reportero de los programas de investigación periodística Prensa Libre y Cuarto Poder de América TV. Maestrando en Ciencia Política.