La farsa de la neutralidad electoral

Los recursos públicos se utilizan ante nuestros ojos para hacer campaña política, al amparo de leyes hechas a medida o de trampas para evadir los controles. Los jurados electorales especiales, que deben velar por la neutralidad y la garantía de que haya un piso parejo para los aspirantes, hacen poco y algunas veces equivocan el foco.

Recientemente, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha iniciado un procedimiento sancionador contra el contralor general, César Enrique Aguilar por violación de las normas de publicidad estatal y neutralidad electoral. Le atribuyen haber publicado en Facebook y otras redes sociales de la Contraloría las visitas de inspección a lugares en donde descaradamente se están robando nuestra plata sin que nadie haga nada. Es el mismo Jurado Electoral Especial que cuando Rafael López Aliga, aún alcalde de Lima publicaba en sus redes sociales mítines suyos de Renovación Popular y media ciudad se veía empapelada con publicidad suya, concluyó que no había evidencia de que el propio López Aliaga fuera quien ordenara esas acciones y lo conminó a no hacerlo mientras siguiera siendo alcalde. Fallos dignos de nuestro tiempo. 

El fallo del JEE que da inicio al proceso contra el Contralor le atribuye haber hecho 53 publicaciones en las redes sociales de la entidad (no publicidad pagada) con información de sus acciones de control, a pesar de que ni siquiera son publicaciones pagadas. La decisión comete un error jurídico sustancial: incluye a la Contraloría, un ente constitucionalmente autónomo, en el ámbito de la ley que regula la publicidad estatal cuando esa ley realmente solo se refiere a las autoridades del gobierno central, regional y local. La propia resolución del Jurado dice quiénes están sujetos a ese control: "todas las entidades de los diferentes niveles de Gobierno Nacional (Ministerios, Direcciones, Proyectos, Programas, Institutos, etc.), Regional (Gobiernos Regionales, Direcciones, Programas, etc.) y Local (Municipios provinciales y distritales)". 

Si el JEE siguiera la misma línea que ha tomado con la Contraloría, podría empezar a abrir procesos a los titulares de la Fiscalía, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional cada vez que hacen una publicación.

Candidatos con la nuestra

Todo eso, mientras se le escapan las tortugas. Porque la utilización de recursos públicos para hacer política electoral es abierta y descarada. Uno de los más flagrantes es el de la candidata a la vicepresidencia por APP en la plancha de César Acuña, Jessica Tumi Rivas, la directora del programa Llamankasu Perú, la institución que se encarga de buscar puestos de trabajo, algo que ha sido, a lo largo de la historia, el papel estelar del clientelismo en la política. Con su chaleco y camisa del programa Llamamkasu, la candidata de la raza distinta alimenta sus redes sociales personales con todas las acciones que ejecuta en las diversas regiones del país. Basta revisar las cuentas de redes sociales del Ministerio de Trabajo en las que promocionan los beneficios del programa que dirige la señora Tumi, para notar el mismo look por no decir la misma mano creativa.

Lo más interesante es que Tumi no está haciendo nada que no le permita la ley: solo está obligada a pedir licencia 60 días antes de las elecciones y, si el voto popular no la favorece, tranquilamente puede volver a su cargo y así podría ser feliz si lograra su felicidad, como diría su máximo líder. 

Por la reelección

En realidad, al margen de la situación de la candidata Tumi, lo que vemos hoy es que los recursos públicos sirven no solo para ir al gimnasio y pagar a los asesores cortaúñas, sino para promocionar las candidaturas de quienes hoy ostentan el poder: los congresistas que se hicieron su propia ley para que no quede duda. Hoy, ellos pueden usar su semana de representación para hacer campaña. Los congresistas que buscan reelecciones o gobernaciones y alcaldías promocionan sus leyes y su "gran compromiso con el pueblo". El titular del legislativo que se hace llamar "vicepresidente del Congreso encargado de las funciones de la presidencia del Congreso" para que no creamos que el control lo tiene el partido naranja violando así su compromiso pre-vacancia de no estar en la mesa directiva, se hace rodear de los mandos policiales y envía mensajes de apoyo irrestricto a la fuerza pública que ahora "casualmente" podrá acudir a las urnas. El jefe del gabinete de asesores de la bankada, sigue cobrando su sueldo mientras se disfraza de provinciano para grabar videos de redes sociales promocionando a su partido a ver si esta vez, con él como vicepresidente, sí la hacen. Recordar la utilización de la cámara del Congreso para grabar el lanzamiento de la lideresa naranja es como llover sobre mojado. 

Sería interminable la lista de quienes han utilizado su puesto y nuestros impuestos para hacer campaña: Rafael López Aliaga con los hospitales de la solidaridad, César Acuña con los mítines transmitidos en sus redes y su telaraña de poder en el Congreso, o los exministros Juan José Santiváñez, César Vásquez y Morgan Quero, con su candidatura nonata. 

No solo se trata de la carga que tiene el hecho de que a pesar d sus actos en estos últimos años quieran reelegirse, sino que se presentan en desigualdad de condiciones ante sus rivales que están en el asfalto y que tienen que hacer campaña con sus propios recursos. Porque no es lo mismo tener carro, combustible, asesor y pasaje garantizados que empezar una campaña desde cero. 

Los que quieren quedarse en el poder les han visto la cara a los ciudadanos. Poco les importa respetar las reglas de juego. La palabra ética ha perdido significado, si es que alguna vez la conocieron. Porque para subir todo vale, como diría uno de ellos.