Ley forestal fue promulgada por el Congreso pese a reconsideraciones

Congresistas Ruth Luque y Susel Paredes solicitaron al presidente del Congreso, Alejandro Soto, votar las dos reconsideraciones presentadas, sin embargo, la autógrafa fue enviada al Ejecutivo y promulgada hoy en El Peruano.

El Congreso de la República promulgó la Ley Nº 31973, ley que modifica la Ley forestal y de fauna silvestre, que fue aprobada por insistencia por el Pleno a fines del 2023.   La norma ha sido criticada por organizaciones ambientalistas e indígenas por considerar que promovería y legalizaría la deforestación de la Amazonía peruana.

Según los colectivos ambientales y especialistas en la materia, esta norma permitiría el aumento de la deforestación poniendo en riesgo a los bosques al excluir al Ministerio del Ambiente (MINAM) de los procesos de zonificación, además de distorsionar y eliminar los procedimientos que buscan regular y reducir la destrucción de bosques en tierras del Estado y en predios privados. Pese a ello, hoy fue publicada la ley con las firmas del presidente del Congreso, Alejandro Soto, y del segundo vicepresidente Waldemar Cerrón.

Denuncian irregularidades

La congresista de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, Ruth Luque, denunció, a través de su cuenta de Twitter, que se evidenciaron irregularidades en la tramitación de la autógrafa del proyecto legislativo. Según informó la parlamentaria, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, firmó la autógrafa sin tomar en cuenta los pedidos de reconsideración que presentaron ella y la congresista Susel Paredes el pasado 15 de diciembre, un día después de que el Pleno aprobó por insistencia el dictamen. Sin embargo, ambas reconsideraciones aparecen admitidas a trámite el 19 de diciembre.

“En la página del Congreso, se visibilizan las reconsideraciones presentadas, ahora ya no existen ¿por qué? Como toda reconsideración presentada y existiendo visiblemente en el sistema, la reconsideración debió seguir el procedimiento formal y votarse.  Luego de la remisión al Ejecutivo, en la página del Congreso ya no obra dichas reconsideraciones, en concreto han sido eliminadas las reconsideraciones presentadas ¿por qué? Claramente se ha evitado que el procedimiento se cumpla, lo correcto era votar la reconsideración presentada, y no obviar su existencia  (eliminarla) para aprobarla”, tuiteó.

Por ello, Luque envió ayer 10 de enero un oficio al congresista Soto precisando las irregularidades encontradas y solicitando, con carácter de urgencia, que no se continúe con la tramitación de la autógrafa y que “se retrotraiga al estado procedimental anterior”, con el fin de votarse los pedidos de reconsideración presentados.

De igual manera, la congresista Susel Paredes pidió al presidente del Congreso que explique por qué firmó la autógrafa sin atender las reconsideraciones. “La transparencia y el respeto al proceso son fundamentales para la confianza ciudadana”, tuiteó.

Desde la Presidencia del Congreso solo respondieron que: “las reconsideraciones están en la pestaña documentación anexa y nunca fueron borradas. Al convertirse en autógrafa ya no se encuentra en el expediente principal sino en documentación anexa”.

Según el artículo 58 del Reglamento del Congreso, las reconsideraciones deben ser resueltas en votaciones en una sesión del Pleno, y se requiere superar la mitad del número legal de congresistas para su aprobación (66 congresistas).

Pese a los pedidos de ambas congresistas, la ley fue publicada hoy ignorando las reconsideraciones y considerando solo la solicitud presentada el 4 de enero por el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, quien pidió que se continúe el trámite para la publicación de la norma obviando las reconsideraciones debido a que fueron presentadas fuera de tiempo.

La publicación de la norma hoy generó diversas críticas como la del especialista en temas ambientales, César Ipenza, quien tuiteó lo siguiente:

De igual manera, Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), manifestó su rechazo a la norma aprobada. “La publicaron. Violando normas del congreso, violando #DerechosIndigenas, violando #DerechosHumanos para favorecer a las mafias detrás de las actividades ilegales en #Peru usando como pretexto a la @UEenPeru”, tuiteó.

La Organización Regional AIDESEP Ucayali-ORAU también se opone a la nueva  ley forestal al señalar que las comunidades indígenas no fueron consultadas.

La Organización Regional AIDESEP Ucayali-ORAU también se opone a la nueva  ley forestal al señalar que las comunidades indígenas no fueron consultadas.

Las observaciones

La iniciativa legislativa había recibido las opiniones negativas de la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Agricultura y Ambiente, así como del SERFOR. Por ello, el Ejecutivo la observó en el 2022.

Una de las primeras observaciones realizadas por el Ejecutivo fue que la autógrafa de ley “no constituye una legislación adecuada, desnaturalizando el objeto y fin de La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y lo dispuesto en el artículo 2, numerales 1 y 22, y los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú”.

Según el Ejecutivo, la única Disposición Complementaria Final de la autógrafa que modifica la clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes, “podría originar una mayor afectación sobre los bosques de la Amazonía”.

Precisaron que el proceso de formalización y titulación de los predios rústicos, así como el otorgamiento de constancias de posesión, debe desarrollarse con posterioridad al proceso técnico de la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM).  Este proceso es necesario para evitar otorgar estos derechos en tierras con capacidad de uso mayor forestal o de protección.

“Un predio rural que en general viene siendo utilizado para la agricultura y ganadería, y adicionalmente tiene una parte de bosque, este podrá ser utilizado para aquellas actividades económicas, con la consecuente tala y quema para su cambio de uso. De esta forma, se legalizaría el cambio de uso no autorizado de tierra, que forma parte del patrimonio forestal de la Nación”, indicaron.

Asimismo, el Ejecutivo también observó la modificación que excluye al Ministerio del Ambiente en la aprobación de la zonificación forestal, al considerar que, hasta la fecha, la entidad se ha encargado de esa tarea de manera eficiente. La nueva norma propone que la zonificación forestal debe ser aprobada ahora mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del Serfor “en base al expediente técnico elaborado por el Gobierno Regional y con opinión previa del Ministerio del Ambiente”.

Entre las opiniones técnicas consultadas está la de la DEfensoría del Pueblo que afirmó que la autógrafa observada “no solo contraviene la finalidad y objeto de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sino también vulnera los mandatos constitucionales del Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica”.

De igual manera, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) opinó que la propuesta de eliminar el procedimiento de CTCUM y la autorización de cambio de uso de suelo, “constituye un riesgo inminente de aumento de la deforestación y degradación de los bosques Amazónicos por su conversión a actividades agropecuarias”.

Sin embargo, el Congreso ignoró las observaciones y pese a que la propuesta fue archivada, este año se planteó una propuesta de reconsideración desde la Comisión Agraria del Congreso. Lo que siguió fue lo que se ha convertido en costumbre: fue aprobada por insistencia en el Pleno.