Las redes "interna" y "externa" de Patricia Benavides

En su denuncia constitucional, la fiscal suprema Delia Espinoza revela la existencia de redes en dos niveles presuntamente lideradas por la exfiscal de la Nación para lograr la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Alianzas, acuerdos bajo la mesa, intrigas y acciones en tiempo récord, todo eso contiene el documento de 111 páginas que compromete tanto a Patricia Benavides como a Patricia Chirinos.

La denuncia constitucional presentada este viernes por la fiscal suprema Delia Espinoza contra Patricia Benavides y la congresista Patricia Chirinos, revela un conjunto de acciones rápidas–en realidad, muy rápidas–destinadas a remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), dispuestas supuestamente por quien es imputada como presunta líder de una organización criminal, la exfiscal de la Nación.

El documento de la fiscal Espinoza dirigido al Congreso de la República, de 111 páginas, detalla las acciones que con ese fin realizó la presunta organización criminal en dos niveles, una red interna y otra externa.

La “red interna”, que integraron los asesores Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, y los fiscales supremos provisionales Marco Huamán Muñoz y Elmer Ríos Luque, y la “red externa” conformada por funcionarios de otras entidades estatales, como las congresistas Martha Moyano Delgado y Patricia Chirinos Venegas.

A ellos, el despacho de la fiscal Espinoza añade a los investigados Hernán Garrido-Lecca Montañez, José Luis Hauyón Dall’orto, Rudy Renzo Aguedo del Castillo y Claudia Vanessa Ruiz Mesías.

En el caso específico de los esfuerzos para deshacerse de los magistrados de la JNJ, la fiscal Delia Espinoza detalla la participación de otros personajes como el fiscal superior–exfiscal supremo provisional–Miguel Ángel Vegas Vaccaro, entre otros.

Delia Espinoza imputa a Patricia Benavides los presuntos delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico, y a Patricia Chirinos, el ser presunta cómplice primaria del delito de peculado doloso.

Según la denuncia, Benavides y Chirinos se vincularon a través de Jaime Villanueva y Abel Hurtado, este último, coordinador parlamentario anteriormente del Ministerio de Defensa.

“Fue éste quien habría iniciado los vínculos con Chirinos Venegas, presentándole a Villanueva Barreto”, indica la denuncia.

Dichos vínculos–señala el documento–propiciaron que Chirinos “presentará en el Congreso de la República, entre otros, determinadas pretensiones tales como la Moción de Orden del Día Nº 7565, que tenía por finalidad lograr la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, así como la presentación de la denuncia contra los jueces superiores que otorgaron la medida cautelar en favor de los integrantes de la entidad antes citada”.

El relato que sigue a continuación es una oda a la velocidad burocrática. Parece que los protagonistas tenían motivos para actuar con premura, agilidad y empeño.

Los motivos de Benavides

La denuncia constitucional identifica que Patricia Benavides tenía interés en neutralizar a la JNJ debido a que este organismo constitucional autónomo había abierto procesos de investigación en su contra. Debía actuar rápido.

La denuncia constitucional señala:

“Es el caso que la denunciada habría utilizado indebidamente (sus) facultades para separar a determinados fiscales del conocimiento de investigaciones presuntamente para favorecer a terceras personas con las cuales tendría vinculación directa o indirecta, o como represalia contra determinados fiscales que habrían denunciado o investigado a sus allegados”.

Como se sabe, las decisiones tomadas por Benavides dieron lugar a que el 17 de abril de 2023 la Junta Nacional de Justicia le abriera la Investigación Preliminar 008-2023-JNJ (https://epicentro.tv/el-caso-008-los-hechos-que-comprometen-a-la-fiscal-de-la-nacion/), mediante la cual resolvió abrir investigación preliminar de oficio en su contra con base en cinco ejes temáticos.

1. La remoción de fiscales claves, entre ellos, Bersabeth Revilla, la investigadora de Enma Benavides, hermana de la fiscal.
2. La remoción de los fiscales Aurora Castillo Fuerman y Luis Zapata Gonzales.
3. El nombramiento como fiscal supremo provisional y encargado de la Fiscalía Suprema de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Miguel Vegas Vaccaro, pese a los cuestionamientos en su contra.
4. La remoción de Frank Almanza Altamirano como fiscal a cargo del caso Sánchez Paredes.
5. La desarticulación de experimentados fiscales del equipo Cuellos Blancos.

Es por ello que el documento de la fiscal Delia Espinoza dice:

“Las investigaciones disciplinarias iniciadas contra la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas por la Junta Nacional de Justicia, habrían generado un peligro y serios riesgos a la estabilidad y permanencia de la organización criminal, que ella habría encabezado, ya que existía la posibilidad de que sea objeto de alguna sanción disciplinaria”.

La fiscal suprema añade las consecuencias que trajo dicha situación:

“Habría generado que la denunciada Benavides Vargas realice una serie de acuerdos de connotación ilícita, con determinados congresistas y grupos políticos para lograr remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y así evitar que dichas investigaciones prosperen y eventualmente concluyan con la imposición de una sanción  administrativas disciplinarias grave".

Ocurre, según la denuncia constitucional, que Benavides “habría contado con información privilegiada” dentro de la propia JNJ a través de dos personajes bien identificados por el colaborador eficaz Jaime Villanueva:

“(Benavides) habría sido informada por Hernán Jesús Garrido Lecca Montañez–quien a su vez habría obtenido información de Guillermo Thornberry–, que en virtud de los citados procedimientos disciplinarios iniciados en su contra, podría eventualmente ser suspendida en el cargo”.

El documento cita una declaración de Villanueva, quien confesó que “cuando se había inhabilitado a Zoraida Avalos, estaba pendiente el tema de la Junta”, por lo que “Patricia Benavides tenía interés porque la Junta venía investigándola y ella tenía información de dentro, me dijo que proporcionada por el señor (Guillermo) Thornberry, por medio de (Hernán) Garrido Lecca, de que la iban a suspender”.

Frente a ese escenario, empezó la estrategia para neutralizar a la JNJ.

Primeras acciones

Según cita la denuncia constitucional, Jaime Villanueva señaló textualmente:

“Con Miguel (Girao) habíamos visto el tema de la remoción (de los miembros de la JNJ), que es otra figura distinta a la acusación constitucional, en la que se puede sacar de manera más expeditiva a los miembros de la Junta. Es así que yo le digo a Patricia Chirinos de la existencia de esa figura, le entregó una ayuda memoria explicándole la figura de la remoción y Abel (Hurtado), con Miguel (Girao) habían proyectado la moción de remoción, que es la que finalmente terminó presentando Chirinos”.

Ello ocurrió el 24 de agosto de 2023, tras la instalación de la legislatura 2023-2024.

Ese día, Patricia Chirinos presentó la moción de orden del día en la que planteó la remoción de todos los miembros de la JNJ por haber incurrido en supuestos actos que configurarían “causa grave”, esto es, por haberse pronunciado sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, por la supuesta intromisión ante la Corte Suprema, entre otros hechos.

De acuerdo con la denuncia, Benavides tenía “interés directo” en que el Congreso pusiera a debate y votara la moción de Chirinos.

Por ello, dispuso–según el documento–que sus asesores Villanueva y Girao inicien una ronda de coordinaciones con congresistas.

Incluso, los asesores prepararon un proyecto de resolución con un texto que concluía en la remoción de los integrantes del pleno de la JNJ, proyecto que fue encontrado en posesión del asesor Abel Hurtado durante el allanamiento de su domicilio.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, agendó la discusión y la votación de la moción de orden de Patricia Chirinos para el 8 de noviembre de 2023. Pero eso no ocurrió.

La JNJ había presentado una medida cautelar ante la Tercera Sala Constitucional de Lima para suspender provisionalmente el procedimiento parlamentario, y el tribunal concedido la solicitud a la Junta.

En ese momento empezó la segunda fase de acciones para neutralizar a los integrantes de dicho organismo.

Nuevas coordinaciones

Frente al entrampamiento de la moción de Patricia Chirinos en el Congreso–sostiene la denuncia constitucional–Patricia Benavides habría puesto en marcha una suerte de segunda fase de su plan para la destitución de todos los integrantes de la JNJ.

“Frente a ello, la entonces fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas habría realizado coordinaciones con miembros de la agrupación política denominada Fuerza Popular, arribando al acuerdo de que dichos jueces superiores (de la Tercera Sala Constitucional de Lima) debían ser investigados por el delito de prevaricato para continuar con el procedimiento de votación programada para el día 08.11.2023”.

Primero, de acuerdo con el tenor de la denuncia de Delia Espinoza, Benavides le solicitó a la congresista Chirinos, a través de Jaime Villanueva, que presente una denuncia penal contra los jueces, propuesta que fue elaborada por el fiscal adjunto supremo Álvaro Abilio Castañeda Rojas y por el asesor Abel Hurtado Espinoza.

“Finalmente (Patricia Chirinos) la presentó como suya el 08.11.2023 a través de la mesa de partes virtual de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación”.

Dicha denuncia recayó en el despacho del fiscal supremo provisional Miguel Ángel Vegas Vaccaro, un magistrado de mucha confianza para Benavides Vargas, sobre quien Epicentro Tv ha informado ampliamente en el reportaje “Cambios, retiros y nombramientos que comprometen a la fiscal de la Nación”, el 10 de setiembre de 2023 (https://epicentro.tv/jnj-cambios-retiros-y-nombramientos-que-comprometen-a-la-fiscal-de-la-nacion/).

“Para la concreción de sus objetivos, Liz Patricia Benavides Vargas, presuntamente haciendo un uso indebido de su cargo de Fiscal de la Nación, habría logrado que el fiscal adjunto supremo Miguel Ángel Vegas Vaccaro, quien dirigía el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, con participación de la fiscal adjunta suprema Doris Gloria Beltran Espinoza... inicien de manera célere una investigación contra los jueces superiores que ampararon la medida cautelar en favor de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”.

Lo curioso es que Vegas Vaccaro también es investigado por la Junta Nacional de Justicia, por su desempeño como fiscal en un caso que implica a la propia Patricia Benavides en llamadas telefónicas con Edwin Antonio Camayo, personaje vinculado al caso Cuellos Blancos, cuyo abogado es Mateo Castañeda Segovia, el mismo que defiende a la presidenta Dina Boluarte y que ha sido recientemente detenido por presuntamente interceder a favor de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado.

“(La JNJ acusa al fiscal Vegas de) interferir a través de la fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas, en las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, a fin de ocultar las siete llamadas telefónicas que mantuvo entre febrero y junio de 2018 con Edwin Antonio Camayo Valverde, y Alberto Carlo Chang Romero, dos llamadas entre los meses de febrero y marzo de 2016; ambos investigados por integrar la aludida organización criminal”.

La denuncia constitucional menciona que todos esos hechos constituyen indicio de “intercambios de favores ilícitos”:

“Lo cual denota que con posterioridad al nombramiento de Miguel Ángel Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional, habría realizado presuntos intercambios de favores ilícitos con la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas, aprovechando sus altos cargos al interior del Ministerio Público para su beneficio propio”.

Velocidad, agilidad...

El documento de la fiscal Delia Espinoza refiere que la denuncia contra los jueces constitucionales por presunto prevaricato y abuso de autoridad fue preparada por el asesor Abel Hurtado y por el fiscal Álvaro Abilio Castañeda Rojas.

Luego de ello, Hurtado le entregó el documento a Jaime Villanueva, quien, a su vez, se lo envió a la congresista Chirinos. Ésta firmó la denuncia y la ingresó a la Fiscalía el 8 de noviembre de 2023, a las 11:31 de la mañana, a través de la dirección de correo electrónico de la mesa de partes virtual de la Secretaría General del Ministerio Público.

A las 11:33 de la mañana, Patricia Chirinos escribió un tuit, informando que había presentado una denuncia contra los jueces de la sala constitucional:

“La decisión de la Tercera Sala Constitucional es a todas luces arbitraria y abusiva. Es claro que interfiere en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, tal como lo ha establecido el TC en la Sentencia 74/23. Por ello, he denunciado a los magistrados de esta sala por los delitos de Abuso de Autoridad y Prevaricato, por haber ejercido de manera arbitraria la función de administración de justicia, menoscabando las competencias que la constitución le reconoce al Parlamento”.

Tras ello, Jaime Villanueva coordinó con la secretaria general de la Fiscalía, Fiorella Roxanna Casique Alvizuri, para que esté “atenta” a la llegada de la denuncia presentada por Chirinos, para que la derive a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos; es decir, al despacho del fiscal Miguel Vegas Vaccaro.

Pero, antes de ello, otros personajes, entre fiscales y asesores hoy investigados por el despacho de Delia Espinoza, fueron “avanzando con la elaboración de la disposición de inicio de investigación preliminar” contra los jueces constitucionales.

A las 12:24 del mediodía, 51 minutos después del ingreso de la denuncia, ésta ya se encontraba en la Carpeta Electrónica Administrativa de la Secretaría de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

A la 1:11 de la tarde los ágiles implicados ya habían generado la carpeta fiscal, y a la 1:43 ya tenían listo el proyecto de la disposición de apertura de investigación contra los jueces, el mismo que fue firmado por Vegas Vaccaro a la 1:50, apenas siete minutos después.

Entre el ingreso de la denuncia de Patricia Chirinos por mesa de partes de la Fiscalía y la firma de la disposición por el fiscal Vegas, transcurrieron 2 horas y 19 minutos. Una velocidad pocas veces vista en la burocracia estatal.

Esa misma tarde, el tema se debía ver en el Congreso. Pero algo ocurrió.

“Pese a que el fiscal adjunto supremo Miguel Ángel Vegas Vaccaro inició la investigación preliminar contra los jueces superiores que concedieron la medida cautelar en favor de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, no se llegó a concretar el debate y votación de la Moción N° 7565, por cuanto el presidente del Congreso de la República, en la citada sesión, dio cuenta de la existencia de la notificación de la resolución judicial que concede la medida cautelar con lo cual suspendió la sesión del pleno”.

Jaime Villanueva ha confesado que esa misma tarde, tras regresar de Arequipa, Patricia Benavides le manifestó su “molestia” debido a que los congresistas de Fuerza Popular no habían cumplido con su “compromiso” de impulsar el debate y la votación de la moción de Patricia Chirinos.

Ello, a pesar de que ella había abierto investigación contra los jueces constitucionales, según “habrían acordado” con el partido fujimorista.

Entonces, vino lo que es considerado por la fiscal Delia Espinoza como un acto de “represalia” de Benavides.

“Por ello, como represalia, habría convocado al fiscal adjunto supremo Marco Miguel Huamán Muñoz, encargado del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y le ordenó que se tenga lista la denuncia constitucional contra la congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, quien se encontraba investigada por la Fiscalía de la Nación por supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho ... pues se iba presentar dicha denuncia constitucional con el objeto de enviarles un mensaje a los integrantes de la agrupación política”.

Efectivamente, así ocurrió. El 9 de noviembre del mismo año, la fiscal de la nación denunció constitucionalmente a Cordero Jon Tay por el presunto delito de cohecho pasivo propio y concusión.

Esta es, en resumen, la denuncia constitucional presentada por la fiscal suprema Delia Espinoza contra Patricia Benavides y Patricia Chirinos. Los hechos están ampliamente detallados, pero es el Congreso de la República el que debe decidir si acoge o no la denuncia. No es ningún secreto que Benavides tiene la simpatía de las bancadas mayoritarias del Congreso.