El poder al servicio de la impunidad. La detención del abogado de la presidenta Mateo Castañeda ha puesto al descubierto cómo, sin ningún pudor, él y la mandataria han utilizado todo su poder para lograr la impunidad de Nicanor Boluarte. Primero trataron de comprar a los oficiales del Equipo Especial y, cuando fracasaron, usaron la fuerza para destruirlos. Los oficiales grabaron al abogado de la presidenta haciendoles ilegales ofrecimientos. Un papel fundamental en esta trama de contrainteligencia ha jugado el ex ministro del interior general Carlos Morán.

Mateo Castañeda y Dina Boluarte. Foto: Presidencia.

Los oficiales a cargo del Equipo Especial Policial, los que hacen la investigación de campo en EFICCOP, se han convertido en el objetivo de la presidenta. No ha ido por uno, ni por dos, sino por tres de ellos.

El pasado martes 7 de mayo, a las 8:55 de la mañana, el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la DIVIAC y coordinador del Equipo Especial, se reunió durante hora y media con la presidenta en Palacio de Gobierno. Boluarte lo citó para conocer detalles de los casos en los que trabaja el equipo a su cargo. En la reunión, Boluarte le preguntó sobre el funcionamiento del Equipo Especial y otros detalles reservados. Fuentes de Epicentro señalan que la actitud de la presidenta fue fuerte y con tono autoritario cuando Moreno se negó a darle información que tenía carácter de reservada.

El coronel Moreno informó a sus superiores y a la coordinadora del EFICCOP, Marita Barreto, antes y después de la reunión. Moreno asumió la coordinación del Equipo Especial, luego de que la Inspectoría de la Policía suspendió del cargo al coronel Harvey Colchado por el ya conocido caso de la torta con el torito que tanto ofendió a la presidenta y a su entorno.

Desde el Congreso, un día antes de la reunión con la presidenta, ya le habían dado una dosis de presión al coronel Franco Moreno. El lunes 6 de mayo, el oficial acudió a una sesión reservada de la Comisión de Inteligencia. En esa sesión, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi trató de descalificar la labor de Moreno haciendo mención de su hermano, también policía, asesinado por el llamado “Escuadrón de la Muerte”.

Desactivación del equipo especial

Tras tratar de quemar, infructuosamente, su última bala en esa reunión con Moreno, el Ejecutivo pasó públicamente a la acción contra el Equipo Especial. Ayer jueves, el ministro del interior Walter Ortiz Acosta, expidió la Resolución 0610-2024-IN, mediante la cual se desactiva el Equipo Especial Policial de apoyo al EFICCOP y se ordena abrir investigación contra quienes lo conformaron en julio de 2022, concretamente, el entonces ministro del interior Mariano González.

Según expertos en derecho penal, la desactivación del Equipo Especial configura, en toda su extensión, el delito de obstrucción de la justicia. Así lo explicó en su cuenta de X el abogado penalista César Nakazaki. “Desactivación del Equipo Especial PNP horas antes de detención del hermano de la presidenta, es la prueba de un intento desesperado por dificultar ejecución de medidas cautelares y, sin duda, revancha o represalia. Ministro del Interior asume responsabilidad política y legal”.

De la defensa a la complicidad

Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, detenido esta madrugada en su casa de Miraflores, habría intentado comprar, en nombre de la mandataria, a dos coroneles integrantes del Equipo Especial Policial de EFICCOP.

Castañeda “procuró neutralizar las investigaciones contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en el marco de la investigación de la carpeta fiscal #11-2023, que guarda relación con los hechos que son materia de esta investigación; ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los Coordinadores Policiales que apoyan al Equipo Fiscal”, dice la resolución del Poder Judicial que autoriza la detención preliminar e incomunicación del abogado de la presidenta.

La información suministrada por el Ministerio Público al juez para sustentar el pedido de allanamiento y prisión preliminar contiene actas de declaraciones de oficiales y de dos agentes encubiertos que develan las gestiones de encubrimiento que habría realizado Castañeda.

Objetivo 1: Bica

El 8 de febrero pasado, el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, a través de un colega suyo logró reunirse con el coronel Walter Lozano, Bica, quien hace parte del Equipo Especial, pero quien en ese momento estaba con licencia, haciendo el curso de ascenso para general. Bica actuó en esta reunión como Agente Encubierto, con designación específica por parte de la fiscal Marita Barreta. Según consta en el expediente, en la reunión en un restaurante de la cadena Pardos, el abogado Castañeda le dijo a Bica que la presidenta Boluarte confiaba mucho en él y que sentía que era una buena persona, opinión que, según Castañeda, no tenía del coronel Harvey Colchado.

Tras los elogios “de ley”, Castañeda habría pasado a la acción: pedir ayuda para que el caso de Nicanor Boluarte se archivara o pasara de EFICCOP a una fiscalía anticorrupción ordinaria. En esa reunión, Bica, quien como ya se dijo actuaba como Agente Encubierto, le sugirió a Castañeda que presentara el escrito a la fiscal Marita Barreto haciendo el pedido formal de traslado del expediente a esa fiscalía.

“Se habría buscado la finalidad de archivar la investigación 011-2023, o en su defecto derivar la carpeta a la primera fiscalía anticorrupción de Lima, conforme al escrito presentado por el abogado Ronal Cabrera Tejada, asimismo esto habría favorecido las investigaciones que se llevan a cabo contra Wigberto Nicanor Boluarte (…) por el presunto delito de Colusión Agravada y Tráfico de Influencias”, sostiene la resolución judicial que autorizó la detención de Castañeda.

La fiscal Barreto rechazó el pedido del abogado Cabrera para trasladar el expediente de Boluarte a la primera fiscalía anticorrupción de Lima.

Objetivo 2: René

Ante el fracaso de la gestión, Mateo Castañeda enfiló sus esfuerzos directamente hacia el coronel Harvey Colchado, René, quien era coordinador del Equipo Especial. Castañeda buscó al general Carlos Morán, ex ministro del Interior y mentor de Colchado, a quien le pidió que hiciera un contacto con el oficial.

Con autorización de la fiscal Marita Barreto, y en calidad de Agente Encubierto, el coronel Colchado se reunió con el abogado Mateo Castañeda el 14 de marzo en un almuerzo en el restaurante Pescados Capitales. En la reunión estuvieron Castañeda, el general Morán y Colchado. De esa conversación hay un acta en el expediente, sustentada en grabaciones y chats y la copia de la factura de pago del almuerzo a nombre del estudio Castañeda y Menacho.

Pasaron los días y a la presidenta se le abrió un nuevo frente: la investigación por el Caso Rolex. El abogado Castañeda volvió a contactar al general en retiro Carlos Morán para afianzar el supuesto apoyo de Colchado. Morán y Colchado coordinaron una llamada para que la presidenta pudiera escuchar al coronel diciendo que contaban con su apoyo. En el expediente hay evidencias de una llamada que hizo Morán a Colchado el lunes de la Semana Santa, 25 de marzo, desde la oficina de Castañeda. Según el testimonio, en esa reunión estaba la propia presidenta quien en altavoz escuchó la conversación. Siguiendo con la estrategia como Agente Encubierto, Colchado ratificó que estaba de su lado y que les daría información en cuanto la tuviera.

Llegó el Viernes Santo, 29 de marzo, y con él la orden judicial de allanamiento a la casa y la oficina de la presidenta Boluarte. Colchado tenía la responsabilidad de comandar el operativo, pero también de mantener la apariencia de que estaba del lado de la mandataria y de su abogado. Faltando 15 minutos para el inicio del operativo, informó a su superior. Después, en coordinación con Morán, para dejar constancia de su supuesta ayuda, le envió un mensaje de WhatsApp que decía “contésteme urgente”. Por supuesto, tal como habían quedado, Morán no contestó. Cinco minutos después, envió otro mensaje: “vamos a allanar la casa de la número 1. Llámeme urgente”. Mensaje que Morán tampoco leyó ni respondió. Por supuesto no le informó al abogado Castañeda. Ese mensaje solo lo necesitaban como “prueba” para reafirmarles a Castañeda y a la presidenta la presunta colaboración de Colchado.

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La destrucción de la chapa de la puerta de la casa de la presidenta, autorizada por Colchado, ofendió profundamente a la mandataria y a su entorno.

Pocos días después, en el automóvil del general Morán, Colchado tuvo una conversación telefónica con el abogado Castañeda quien estaba muy molesto por el allanamiento y le pidió que encontrara a un suboficial a quién atribuirle la responsabilidad por haber usado el “torito” para romper la chapa de la puerta de la casa de la presidenta. La imagen de Colchado autorizando el uso del “torito” para ejecutar el allanamiento fue titular en todo el mundo y ofendió profundamente a la presidenta, a su abogado, y al presidente del Consejo de ministros.

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Gustavo Adrianzén, primer ministro.
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Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte.

Llegó el 11 de abril, día del 50 cumpleaños del coronel Colchado y él subió a su estado de WhatsApp la ya famosa foto de la torta que hace alusión a un allanamiento policial. Ese mismo día, la Inspectoría General de la Policía creó la Inspectoría número 17, que se encargó del caso torta. Al día siguiente, 12 de abril, se notificó  la decisión de crear la inspectoría 17, y simultáneamente esa dependencia abrió investigación contra Colchado y lo suspendió por tiempo indefinido, mientras duren las investigaciones, por la presunta comisión de una falta muy grave.

“Intercambiar figuritas”

Con la suspensión express a Colchado, la presidenta y su abogado le demostraron que sí podían actuar en su contra y que tenían como arma letal a la Inspectoría General de la Policía. Entonces, Castañeda volvió a arremeter vía el general Morán. El viernes 26 de abril a la 1 de la tarde en el Centro de Esparcimiento de la FAP ubicado en la Avenida Javier Prado de Lima, se volvieron a encontrar el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, el general en retiro Carlos Morán, y el ya suspendido coronel Harvey Colchado. Esa reunión también está documentada en el expediente.

“Intercambiar figuritas”: esa fue la expresión que usó el abogado Castañeda para proponerle un canje a Colchado. El trato era este: que Colchado consiguiera información comprometedora contra el fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena y contra su adjunto, el fiscal Hernán Wilfredo Mendoza Salvador. Según Castañeda, a cambio de esa información, el gobierno le concedería el “perdón” a Colchado y no lo invitaría al retiro en diciembre próximo.

Si usted llegó hasta aquí en este relato, tendrá claro que la situación de la presidenta y de su abogado es muy comprometida. Pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y posible obstrucción de la Justicia. A eso tendrán que hacer frente legalmente. Las consecuencias políticas, como siempre,están por verse.

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