Congresista Alejandro Muñante busca interpelar a la ministra de la Mujer por la norma que dispone la designación de un Oficial de Igualdad en todas las entidades públicas para supervisar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

A un día de finalizar el 2023, el Ejecutivo publicó el decreto supremo 013-2023-MIMP en el que establece que todas las entidades públicas designen un funcionario o funcionaria para que cumpla el rol de oficial para la igualdad. Esto en cumplimiento de la ley N° 28983, ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que data de hace 16 años; así como de la Política Nacional de Igualdad de Género y la Política General de Gobierno aprobada el año pasado.

¿Qué funciones cumplirá el o la oficial de igualdad? Según el decreto supremo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el o la oficial supervisará el cumplimiento de la incorporación de los principios y roles establecidos en la Ley N° 28983. Asimismo, promoverá “una cultura institucional basada en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.

Solo podrán ser designados como oficial de igualdad los o las funcionarias del primer nivel organizacional de la entidad pública que no cuenten con un proceso judicial en curso o una sentencia por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Cada entidad pública deberá designar a su oficial de igualdad, a través de una resolución de su máxima autoridad, y deberá comunicarlo al MIMP. Las entidades deberán implementar la norma desde el próximo 17 de enero. La norma también alcanza a las entidades del sector privado que quieran contar con un oficial de igualdad.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, aseguró que la creación de la figura del oficial de igualdad contribuirá en la eliminación de la discriminación contra las mujeres. “Principalmente, garantizar así el ejercicio pleno de sus derechos, que todos tienen, como el derecho a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía”, dijo en el Diario El Peruano.

Foto: Presidencia.

La titular del MIMP destacó que la norma es importante porque en una sociedad igualitaria hay menos probabilidades de que ocurran hechos de violencia.

“Porque por más campañas, políticas, leyes y endurecimiento de las normas que hemos venido dando, la presencia de la violencia contra las mujeres, en todos sus ciclos de vida, se mantiene resistiéndose al cambio. Por eso, tenemos que trabajar todos para construir la igualdad, eliminando todos los estereotipos de género, ese lenguaje sexista, esos chistes sexistas, promoviendo la inclusión de las mujeres al empleo”, agregó.

“Nos quieren imponer su agenda”

Para los grupos políticos de derecha, la nueva norma es una imposición por parte del gobierno de Dina Boluarte de la mal llamada “ideología de género” en las entidades públicas.

El primero en reaccionar ante la medida ha sido el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien aseguró en sus redes sociales que lo aprobado por el MIMP es un “atentado en contra de la libertad y el derecho de todos los peruanos”.

Muñante anunció, además, que desde el Parlamento promoverán la interpelación a la ministra de la Mujer debido a la promulgación del reciente decreto. "Promoveremos la interpelación por este y otros temas ideológicos que la ministra ha decidido impulsar por encima de políticas efectivas de protección a la niñez y poblaciones vulnerables", dijo en su cuenta de Twitter.

De igual manera, el grupo conservador la Coordinadora Republicana también manifestó su rechazo a la incorporación de un oficial de igualdad al considerar que con esa medida se les está imponiendo discretamente la forma de pensar de la “ideología de género”.

No es la primera vez que Renovación Popular está en contra de las medidas que buscan promover la igualdad de género. En septiembre del año pasado, el Pleno del Congreso aprobó modificar precisamente la ley de Igualdad de oportunidades con el objetivo de evitar “el desdoblamiento innecesario” del lenguaje inclusivo; es decir, prohibir el uso del género femenino para diferenciar a las mujeres de los hombres en los textos escolares y documentos oficiales.

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El proyecto fue promovido entonces por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, y fue sustentado por el legislador de Perú Bicentenario, José Balcázar, titular de la Comisión de Educación. Ambos con historiales con posturas machistas y conservadoras.

¿Por qué es importante la igualdad de oportunidades?

La desigualdad de género en el Perú existe y es reconocida, tanto por los tratados internacionales firmados por el Estado peruano como por las propias normas nacionales, como el resultado de la discriminación estructural contra las mujeres. Entre los efectos que deja esta discriminación están las  vulneraciones al derecho a una vida libre de violencia; a los derechos a la salud sexual y reproductiva; al derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones; y a los derechos económicos y sociales.

De estas vulneraciones hay evidencia innegable: el año pasado 165 mujeres fueron asesinadas por su condición de género, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Un total de 18 feminicidios más en comparación con los cometidos en el 2022.

Y hay más. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2022), el 35,6% de las mujeres de entre 15 a 49 años han sido víctimas de violencia familiar en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta.  Lo que implica casos de violencia psicológica, física y sexual.

Precisamente, la norma publicada por el gobierno que establece la creación de un oficial de la igualdad en las entidades públicas se da para fortalecer la participación efectiva de mujeres en la toma de decisiones y ámbitos públicos.

Según la Política Nacional de Igualdad de Género, publicada en el 2019, en el Perú persiste el problema de la limitada participación de las mujeres en organizaciones políticas a nivel de cargos directivos o afiliados. Según el Registro de Organizaciones Políticas, la participación de la mujer en estas organizaciones es de 46.9% a nivel de afiliadas a una organización política.

“Es posible interpretar que aquello responde a que las estructuras de partidos políticos son masculinizadas y responden a un orden en el que las mujeres están en una relación subordinada frente a los hombres”, señala el documento. Nada alejado de la realidad.

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