La Constitución que languidece y la "constituyente" sin pueblo
El Congreso, que sólo alcanza al 6% de aprobación según las últimas encuestas (IPSOS, Oct. 2024), viene desarrollando un conjunto de modificaciones constitucionales que están cambiando la estructura de la Constitución en algunos aspectos claves: como el modelo político de un sistema unicameral o uno bicameral; la eliminación, en la práctica, de la posibilidad de la cuestión de confianza para el equilibrio de poderes; se pretende también la eliminación de la Junta Nacional de Justicia para reemplazarla por una enigmática "Escuela Nacional de la Magistratura"; se plantea asimismo aumentar el número de integrantes del Tribunal Constitucional; e incluso, entre los proyectos, también se incluye el retorno a la elección política de jueces y fiscales supremos.
Algunas de estas iniciativas parecían remotas e incluso, como ocurrió con el retorno del Senado, esta iniciativa había sido rechazada en un referéndum en el año 2019. No obstante, bajo un esquema de negociaciones políticas no siempre transparentes, se han acordado las votaciones necesarias para hacer cambios omitiendo el referéndum y, en otros casos, para evitar el procedimiento de reforma constitucional, simplemente se ha procedido a modificar el texto constitucional mediante leyes ordinarias que han sido luego convalidadas por un Tribunal Constitucional que ha sido reconformado por el actual Congreso y ha actuado, al menos en sus primeras decisiones, como un comisionado de éste para cerrar el círculo de atropellos a la Constitución.
De este modo, una verdadera "constituyente" sin pueblo o, incluso, contra el pueblo, opera sin controles desde hace ya varios meses desde el Congreso. Se trata de un proceso que, siguiendo cierta corriente del Derecho comparado, puede identificarse como un proceso de "desconstitucionalización" o desmontaje de la Constitución y su eficacia como norma fundamental. Es un proceso opuesto al que se vivió en los años de la transición luego de la caída del régimen de Fujimori y al que se suele identificar como proceso de "constitucionalización". Mientras el proceso de constitucionalización permitió democratizar y dotar de contenidos los derechos de una Constitución concebida para manipular y controlar las instituciones, el proceso de desconstitucionalización, que estamos viviendo, afecta la institucionalidad democrática y pretende desactivar los mecanismos de control del poder y supone, a su vez, un peligroso proceso de retroceso en materia de protección de los derechos humanos.
La Constitución que languidece quiere expresar este deterioro del valor social y jurídico de la Constitución. Mientras la ciudadanía ve que la Constitución es usada por los políticos, funcionarios y abogados como argumento para cualquier tipo de maniobra estratégica, en paralelo, la Constitución es también dejada de lado por los propios poderes a quienes se dirige de modo prioritario para limitar y controlar el poder.
Languidece en su valor social y languidece también en su valor jurídico. Si una ley ordinaria puede cambiar el contenido de la Constitución y las instancias llamadas a defenderla convalidan estos atropellos renunciando al control, ésta languidece como norma fundamental y, cuando la Constitución languidece, también ocurre lo mismo con los derechos y los mecanismos de control del poder.
*El autor Pedro Grandez presenta su libro La Constitución que Languidece, estudios de Derecho Constitucional en tiempos de crisis, este sábado 7 de diciembre a las 4 de la tarde en el auditorio Pilar Dughi del Parque Kennedy en Lima, en la Feria del Libro Ricardo Palma.
