Candidato de Perú para la CIDH vota contra los derechos de las mujeres
El gobierno peruano promueve la candidatura del abogado colombiano Carlos Bernal Pulido para ser reelegido como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Cancillería dice que lo escogió gracias a su "excelente desempeño" en la CIDH. Sin embargo, el Comisionado ha mostrado una tendencia contraria a los principios de interdependencia de derechos, progresividad y no regresividad que rigen el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, la cual ha sido documentada con rigurosidad en el informe titulado "El Impacto de los Votos Razonados en los Estándares de Derechos Humanos Históricamente Establecidos por el Sistema Interamericano". En este informe, elaborado por la abogada Tatiana Bances Lange, especializada en derecho internacional, experta en igualdad y empoderamiento de las mujeres, y magíster en Derechos Humanos, queda en evidencia cómo el abogado Bernal Pulido ha dejado constancias a través de sus votos razonados en contra de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y cómo sus posturas expuestas en esos votos confirman una preocupante erosión de los estándares históricos de protección de los derechos sexuales y reproductivos consolidados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
El aborto: negación sistemática de un derecho reconocido
Una de las posturas más alarmantes del Comisionado Bernal Pulido es la negación sistemática del Derecho al Aborto. En seis votos razonados, sostiene que dicho derecho no existe en el Derecho Internacional, ignorando jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana —como en los casos Artavia Murillo y Guzmán Albarracín— que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho vinculado a la vida, integridad y dignidad de las mujeres y personas gestantes.
Su interpretación restrictiva del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos niega por completo los matices incorporados por la Corte IDH al establecer que la protección de la vida desde la concepción no es absoluta ("en general") y debe ponderarse frente a otros derechos fundamentales. Bernal omite deliberadamente estos matices y se posiciona contra la jurisprudencia de la Corte IDH, promoviendo una lectura regresiva y parcial del derecho interamericano.
Aún más grave, el comisionado desestima las consecuencias devastadoras que tiene esta postura para mujeres criminalizadas tras emergencias obstétricas, como ha sido documentado en países como El Salvador y Honduras. Minimiza incluso los casos de embarazo forzado producto de violencia sexual infantil, negando su tipificación como violaciones de derechos humanos, lo que equivale a ignorar estándares internacionales consolidados.
Maternidad forzada y embarazo infantil: la institucionalización del abuso sexual infantil
Una de las expresiones más graves del retroceso en materia de derechos humanos que representan los votos razonados del Comisionado Carlos Bernal Pulido es su abordaje —o más precisamente, su negación— de la maternidad forzada, especialmente en contextos de embarazo de niñas y adolescentes producto de violencia sexual. En el Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, la Comisión Interamericana denuncia cifras alarmantes de embarazos en niñas menores de 14 años, muchos de los cuales son consecuencia directa de violaciones. Lejos de promover la reparación de estas niñas, el Comisionado Bernal desestima el uso del término "embarazo forzado", califica de "equivocada" la utilización del término por no encajar en la tipificación del Estatuto de Roma.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido con preocupación el vínculo directo entre la penalización absoluta del aborto y los altos índices de embarazos forzados en países como Honduras, donde las cifras son alarmantes:
| Indicador | Datos Relevantes |
|---|---|
| Embarazo Adolescente | 23% de las adolescentes (15-19 años) ya han estado embarazadas (UNICEF) |
| Embarazo de Niñas (10-14 años) | Aumento del 10,9%en partos institucionales (2016-2019) (UNFPA) |
| Embarazos NO deseados | 40% de los embarazos no fueron planificados, la gran mayoría son producto de violación (CIDH) |
Lejos de asumir estas cifras como evidencia de una crisis estructural de derechos humanos, el Comisionado Bernal Pulido señala que "no se puede equiparar un embarazo no deseado a un embarazo forzado" y desacredita la categoría de "embarazo forzado", aludiendo que no se cumplen las condiciones técnicas del Estatuto de Roma para configurar un crimen internacional, lo cual implica un desplazamiento jurídico y ético inaceptable. Con ello, niega el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que desde la CEDAW hasta la propia Corte Interamericana, reconoce que forzar a una niña a continuar un embarazo producto de violación constituye violencia institucional, trato cruel, inhumano y degradante.
Negar la naturaleza forzada de embarazos producto de violación infantil es una forma brutal de revictimización institucional.
Concluye que no existe obligación estatal alguna de ofrecer aborto legal, aún en estos casos, ya que
—según su lectura— el Estado está obligado a proteger prioritariamente "la vida del no nacido".
Este enfoque ignora por completo el interés superior del niño, consagrado en los estándares interamericanos, y despoja a las niñas embarazadas de su calidad de sujetos de derecho. También minimiza las consecuencias devastadoras del embarazo infantil: abandono escolar, pobreza estructural, aumento de la mortalidad materna, desnutrición, depresión posparto, e incluso suicidio.
El Comisionado Bernal Pulido articula así una narrativa jurídica restrictiva, sin fundamento en el corpus iuris interamericano, que naturaliza la maternidad forzada en niñas como un resultado legítimo de políticas públicas restrictivas. Al negar la existencia del derecho al aborto incluso en casos de violencia sexual infantil, desmantela décadas de avances y coloca al SIDH en riesgo de perder credibilidad como garante de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes en la región.
Anticoncepción y desinformación: una narrativa sesgada
Respecto a los métodos anticonceptivos, el Comisionado insiste en un discurso que enfatiza riesgos físicos sin contexto ni base científica sólida, citando de forma recortada fuentes como la OMS, omitiendo las partes que destacan los beneficios del uso de anticonceptivos. Este uso selectivo de la información alimenta campañas de desinformación y perpetúa estigmas que dificultan el acceso de niñas, adolescentes y mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, fundamentales para ejercer su autonomía.
Su lectura del consentimiento informado también es parcial y omite el derecho al acceso a información clara y oportuna, como lo establecen tanto la Corte IDH como la OMS.
Objeción de conciencia: el riesgo de una herramienta regresiva
Bernal Pulido promueve una noción extensiva e institucional de la objeción de conciencia, incluyendo incluso a personas jurídicas, en contra del criterio de la propia Corte Interamericana que limita la titularidad de derechos a las personas humanas. De prosperar esta visión, clínicas, hospitales y escuelas enteras podrían negarse a brindar servicios o contenidos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, restringiendo derechos fundamentales de grupos históricamente discriminados, como mujeres, personas LGBTIQ+ y niños, niñas y adolescentes.
Esta posición contradice su propia insistencia en los procedimientos formales para el reconocimiento de nuevos derechos, ya que intenta consolidar el derecho a la objeción de conciencia más allá de su desarrollo normativo convencional.
Educación Sexual Integral y la invisibilización de las niñeces
El Comisionado también niega la obligatoriedad de la educación sexual integral (ESI), sosteniendo que no existe base convencional para imponer su enseñanza. Ignora así sentencias de la Corte IDH, como Guzmán Albarracín vs. Ecuador, que reconocen a la ESI como parte del derecho a la educación y como herramienta clave para prevenir abusos, embarazos forzados y violencia sexual. Al privilegiar el derecho de los padres a oponerse a contenidos educativos, sin ponderar el interés superior del niño, Bernal Pulido contribuye a una narrativa capacitista que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes a una educación que proteja su salud, bienestar e integridad.
Un patrón de regresividad incompatible con los principios del SIDH
A lo largo de sus votos, el Comisionado Carlos Bernal Pulido adopta una estrategia interpretativa regresiva respecto de los derechos y restrictiva en relación a las atribuciones y facultades de la CIDH y la Corte IDH, sustentada en una visión rígida del texto convencional, el uso arbitrario de fuentes del derecho internacional y una retórica que prioriza ideologías personales por sobre la protección efectiva de derechos. Al ignorar la evolución jurisprudencial del SIDH y los principios de interpretación pro persona, progresividad y no regresividad, sus votos representan una seria amenaza al desarrollo y garantía de derechos humanos en la región.
La neutralidad frente al retroceso también es una forma de violencia.
*Abogada, especializada en Derechos Internacional Público, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Experta en igualdad y empoderamiento de las mujeres y en el abordaje de las violencias por motivos de género. LL.M. (Magister) en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por American University, Washington College of Law. Fue asesora legal en materia de género y diversidad del Gobierno Nacional Argentino por casi diez años. Principalmente trabajó con personas que atravesaron situaciones de violencia por motivos de género y en la elaboración, implementación y monitoreo de políticas públicas para la transversalización de la perspectiva de género.
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