El gobierno peruano promueve la candidatura del abogado colombiano Carlos Bernal Pulido para ser reelegido como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Cancillería dice que lo escogió gracias a su "excelente desempeño" en la CIDH. Sin embargo, el Comisionado ha mostrado una tendencia contraria a los principios de interdependencia de derechos, progresividad y no regresividad que rigen el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, la cual ha sido documentada con rigurosidad en el informe titulado "El Impacto de los Votos Razonados en los Estándares de Derechos Humanos Históricamente Establecidos por el Sistema Interamericano". En este informe, elaborado por la abogada Tatiana Bances Lange, especializada en derecho internacional, experta en igualdad y empoderamiento de las mujeres, y magíster en Derechos Humanos, queda en evidencia cómo el abogado Bernal Pulido ha dejado constancias a través de sus votos razonados en contra de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y cómo sus posturas expuestas en esos votos confirman una preocupante erosión de los estándares históricos de protección de los derechos sexuales y reproductivos consolidados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
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Esta es la historia secreta de cómo fue bombardeado diplomáticamente un arreglo que lograron el 14 de marzo pasado las cancillerías de Perú y Colombia en Lima para normalizar las relaciones diplomáticas rotas desde diciembre de 2022 cuando Petro tomó partido por Pedro Castillo. El candidato colombiano que Perú ha presentado para la reelección en la CIDH es el detonante. Ahora está en riesgo la candidatura de Perú a la Secretaría Adjunta de la OEA.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo en audiencia ante la CIDH que el proceso para elegir a los nuevos integrantes de la JNJ cumplió "literalmente" con las exigencias y expectativas de la comunidad internacional.
Abogado José Sardón, representante del Perú ante la OEA, sostiene en audiencias sobre la situación del Perú en la sede supranacional que para Josué Gutiérrez obtener el máximo cargo de la Defensoría del Pueblo fue un "logro sumamente difícil".
La abogada chilena Lidia Casas fue candidata a la CIDH y en abril del año pasado sostuvo una reunión con el entonces embajador y hoy primer ministro Gustavo Adrianzén. Fue la reunión más difícil, revela en esta entrevista en la que cuenta cómo Adrianzén le habló de la persecución a militares y policías en materia de derechos humanos y del debate acerca de que sean los padres los que decidan qué educación sexual reciben sus hijos.