Con opinión de familiares de condenados, gobierno defiende ley de impunidad
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Con opinión de familiares de condenados, gobierno defiende ley de impunidad

El gobierno le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Congreso facilitó un proceso de consulta alrededor de la ley que establece la prescripción de crímenes de lesa humanidad. Epicentro Tv verificó quiénes opinaron y encontró en los comentarios una larga lista de familiares de condenados y prófugos. Esposas, hijos y hermanos de asesinos y violadores condenados se declaran a favor de la ley Rospigliosi Cueto. Las víctimas no fueron informadas en ese proceso de "consulta democrática".

La opinión favorable de los familiares de los condenados y prófugos por crímenes de lesa humanidad consignada en la página web del Congreso es presentada por el gobierno peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la demostración de que Ley de Impunidad sí tuvo un amplio y democrático debate social en el Perú. En esa "consulta" no hubo ni una opinión de los familiares de las víctimas. Esa supuesta consulta democrática es la que le sirve al gobierno como escudo para tratar de legitimar la ley ante el sistema interamericano. Lo que no dice el gobierno es que muchos de los comentarios a favor de la ley provienen de hermanos, hijos y esposas de prófugos, procesados y condenados por homicidio, secuestro, desaparición y violación sexual.  

La justicia internacional se ha mostrado en desacuerdo con esa ley de iniciativa de los congresistas Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Honor y Democracia, que establece prescripción para los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002; sin embargo, en su defensa el gobierno argumenta que la ley fue amplia y democráticamente debatida "a través del proceso de consulta realizado por el Congreso de la República". La historia de ese proceso de consulta más parece una pantomima. 

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Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su grave preocupación por la aplicación de la ley e "insta a su inmediata derogación y evitar su aplicación por parte de los órganos judiciales competentes". En el comunicado, la CIDH señala que el Estado peruano informó que se garantizó la participación ciudadana a través de amplia consulta que abrió el Congreso. Verificamos en qué consiste esa "amplia consulta".  

Epicentro Tv constató que las opiniones vertidas en la web del Congreso son favorables de forma aplastante: 244 comentarios a favor de la ley, 1 claramente en contra y 1 que desvía la respuesta. Los familiares de los condenados, investigados y prófugos defienden con vehemencia la ley de impunidad. Incluso en las respuestas a favor hay un evidente ejercicio de copiar y pegar comentarios, técnica propia de otra ley, la del menor esfuerzo. No hay un solo comentario de parte de familiares o abogados de las víctimas.  

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Estos son algunos comentarios que recibió el Congreso a favor de la Ley de Impunidad y que el gobierno exhibe como muestra de que la ley tuvo un proceso democrático de debate ciudadano.  

Picón Pesantes, condenado 

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Captura de "Capitán Chacal". Foto: La República.

Santiago Picón Pesantes está condenado y preso como responsable de secuestros, matanzas y violaciones de al menos 30 personas en Cangallo, Ayacucho, en 1983. Estuvo prófugo 37 años. En el 2022 cayó en manos de las autoridades en Trujillo y ya fue condenado a 13 años de cárcel por homicidio calificado, delito contra la humanidad de desaparición forzosa y abuso sexual. 

En el portal del Congreso, en la casilla de comentarios de la ley de autoría de Fernando Rospigliosi y José Cueto, aparece esta entrada:  

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La señora Graciela Elena Murga Miranda de Picón es la esposa del condenado y ex fugitivo "Capitán Chacal", cuyos crímenes ocurrieron en 1983. La aplicación de la ley de impunidad lo devolvería impune a su casa.  

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"Capitán Chacal" y Graciela Murga. Foto: Veinte años de impunidad y barbarie: tras los pasos del Chacal. Glatzer Tuesta.

El "Escorpión", fugitivo 

El ex militar José Antonio Esquivel Mora fue condenado en diciembre de 2013 a 15 años de cárcel por delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada de personas. La Sala Penal Nacional lo halló culpable de la desaparición forzada de Santiago Antezana Cueto, ocurrida en 1984. En mayo de este año, es decir 11 años después de la condena y 41 años después del crimen, Escorpión fue incluido en el Programa de Recompensas porque sigue prófugo. 

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Sus hermanos, Graciela Ruth Esquivel Mora y Claudio Oscar Esquivel Mora también dieron su opinión sobre la ley de impunidad. Hablan de encarcelados a pesar de que su hermano no ha pisado la prisión. La ley Rospigliosi Cueto le permitiría quedar libre de sangre.

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Conan, absuelto  

Juan Carlos Cesar Tello Delgado, cuyo nombre de guerra era Conan, fue procesado por el fuero militar, por la desaparición forzada de Jeremías Osorio Rivera a quien la patrulla que él comandaba detuvo en Cajatambo, Lima y nunca más se volvió a tener noticia sobre su paradero. En 2004 el caso fue derivado a la justicia ordinaria y en 2010 Conan fue absuelto por "duda razonable" a pesar de que los habitantes de Cajatambo declararon que vieron cómo la patrulla se llevaba a Osorio con fuertes golpes en el rostro dos días de su captura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado Peruano es responsable de la desaparición de Jeremías Osorio Rivera y de negarle justicia a sus familiares.  

Ahora, el absuelto Conan opina en la "amplia y democrática" consulta que abrió el Congreso. Sostiene que la ley impedirá que "los jueces y fiscales sigan prevaricando en contra de policías y miliares que participaron en la pacificación del país".  

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La hermana de Conan Tello Delgado, Enriqueta Natalia Tello Delgado, también opina a favor de la ley Rospigliosi Cueto.  

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Juan Vargas Ochochoque, condenado y procesado 

El 19 de noviembre de 2013, la Sala Penal Nacional condenó a 22 años de cárcel a Juan Orestes Epifanio Vargas Ochochoque, y otros dos procesados del Grupo Colina, por la masacre de La Cantuta, ocurrida en julio de 1992, como coautor de homicidio calificado en agravio de Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea. Además, Vargas Ochochoque fue condenado como coautor del delito de desaparición forzada con respecto a las demás víctimas de La Cantuta cuya identificación no ha sido posible. 

Juan Orestes Epifanio Vargas Ochochoque también está procesado por el caso Pativilca en el que sus coinvestigados ya han empezado a pedir la aplicación de la ley Rospigliosi Cueto para que se declare la prescripción. 

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Alberto Fujimori, también procesado como autor mediato, ya pidió la gracia que le concedió este congreso a pedido de su otrora crítico y hoy convencido y fiel fujimorista Fernando Rospigliosi.

https://www.youtube.com/shorts/VeTRLatjNiM 

La esposa del integrante del Colina Juan Vargas Ochochoque, Jenny Isabel Jaramillo Morán, y su hija Jerika Aixza Vargas Jaramillo, también tienen una rudimentaria opinión favorable de la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad. Y ya que es más fácil copiar y pegar, pues las dos escribieron lo mismo. 

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En los comentarios encontramos a otros fieles a la tradición de la ley del menor esfuerzo: copiar y pegar.  

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¿Y las víctimas? 

¿Por qué no aparece un solo comentario de las víctimas o de sus abogados entre los 246 comentarios recogidos en la "amplia consulta ciudadana" desarrollada por el Congreso? Sencillamente, porque nunca les informaron que había un proceso de consulta.  

Gloria Cano, abogada de Aprodeh que ha llevado varios de estos casos en los que la lucha por la justicia y la verdad lleva más de 30 años, aseguró que no ha habido ningún interés en escuchar a las víctimas y que nunca supieron de ese "proceso de consulta": "Nosotros como organismo de derechos humanos o como representantes de víctimas no hemos recibido ninguna invitación del Congreso para discutir, debatir o compartir los objetivos de la ley. Tampoco han sido invitados ni consultados los agraviados de ninguno de los casos que nosotros hemos llevados. Ninguno de ellos nos ha referido que los hayan invitado a alguna consulta o a algún debate sobre la ley".  

Lo que ha ocurrido tendrá que ser evaluado en la Comisión Interamericana, pues el Estado le ha respondido formalmente que hubo una consulta ciudadana alrededor de la ley, pero vistos los comentarios queda claro que la "consulta" se concentró en un solo sector: los victimarios.