MINJUS retira a director que presentó informe contra Ley de impunidad

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le pidió su renuncia a Edgardo Rodríguez Gómez, bajo cuya gestión se elaboró un informe que declaraba no viable el proyecto de la llamada ‘Ley de impunidad’, presentado por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto.

Esta mañana se publicó en el diario El Peruano, la designación de Sara Evelyn Farfán Cuba en el cargo de confianza de Directora General de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El puesto era ocupado por Edgardo Rodríguez Gómez, a quien el ministerio le solicitó su renuncia el día de ayer, miércoles 14 de agosto, por la mañana.

Horas más tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, declaró en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad en la entrada en vigencia de la ley que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de julio de 2002, pese a que pudo observarla cuando tuvo oportunidad. "Hay que precisar que esta ley no ha sido promulgada por el gobierno, esta ley ha sido promulgada por orden del Congreso de la República", declaró Arana.

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🚨El ministro de justicia, Eduardo Arana, intentó restar responsabilidad al gobierno de Dina Boluarte tras la aprobación de la ley de impunidad. #Dina #DinaBoluarte #EduardoArana #noticiaperu #politica #parati

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En marzo de este año, durante la gestión de Edgardo Rodríguez Gómez, la dirección a su cargo elaboró un informe que calificaba como no viable el proyecto de la llamada ‘ley de impunidad’. Un informe que no fue tomado en cuenta ni por el Congreso, ni por el propio Ministerio de Justicia.

El informe 037-2024-JUS/DGDH-DAIPAN-HTA, del 12 de marzo de 2024, analiza el proyecto de "Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana", presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto, y concluye que:

1. "Un Estado no puede eximirse de su obligación de investigar, procesar y, en su caso, sancionar crímenes internacionales cometidos en su territorio, por cuanto lo que está en juego no son exclusivos intereses estatales o sujetos a su soberanía, sino la protección de los más altos intereses en los que se sustenta la sociedad internacional - esto es, la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad-."
2. "Un Estado no puede alegar disposiciones de derecho interno como justificación para el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, tal como refiere el Art. 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados."
3. "No resulta correcto afirmar que para considerar un ilícito como lesa humanidad, es obligatorio que antes exista una norma interna (un tipo penal), sobre la cual recae la condición de "lesa humanidad". La punibilidad de los crímenes de lesa humanidad deviene del propio Derecho Internacional (público), por lo que resulta irrelevante para tales efectos su nula o inadecuada implementación en la legislación penal interna de los Estados."

El informe que lleva las firmas del especialista en Asuntos Internacionales, Hugo Torres Armas; la directora de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa, Tania Arzapalo Villón; y del Director General de Derechos Humanos, Edgardo Rodríguez Gómez, concluye que "no resulta viable" el proyecto de la ‘Ley de impunidad’.

El informe fue ignorado tanto por el Congreso como por el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo no observó el dictamen aprobado por el Congreso y este último promulgó la Ley de impunidad el pasado 9 de agosto.  

https://es.scribd.com/document/759398173/Informe 

Ayer, horas antes de que el ministro Arana declarara a los medios que la Ley de impunidad es un hecho consumado, un funcionario del Vice Ministerio de Derechos Humanos le solicitó su renuncia al jefe del área que presentó dicho informe, sin ofrecerle mayor explicación sobre los motivos y argumentando que se trataba de un pedido de la alta dirección. Rodríguez Gómez presentó su renuncia al cargo de confianza y hoy ya tiene reemplazo. El Gobierno de Dina Boluarte avala la Ley de impunidad y al que ose cuestionarla, le corta la cabeza.