Lucha contra la corrupción: perspectivas para un quinquenio turbulento
Los últimos cinco años han estado marcados por aceleradas contrarreformas que han debilitado el marco de persecución legal contra la corrupción y una agresiva captura institucional que ha afectado el equilibrio de poderes. Ambos procesos han ido de la mano, impulsados por la confluencia en espacios de poder de las voluntades de diversos líderes políticos que ya venían buscando impunidad en los múltiples procesos de investigación fiscal que llevaban a cuestas, a la que se sumaron las múltiples y heterogéneas voluntades depredadoras de grupos de interés detrás de aquellos líderes y lideresas. No pocos observadores llaman a esta confluencia "pacto corrupto" o "pacto mafioso".
Si bien este es el aspecto más visible del estado de la lucha contra la corrupción, no es lo único relevante. Conceptualmente, además de la dimensión punitiva, la lucha contra la corrupción tiene una dimensión preventiva, cuya evolución suele estar alejada de los reflectores mediáticos y del debate público, pero que, a la larga, resulta más importante para darle sostenibilidad a los procesos de cambio estructural en las sociedades. Respecto de esta dimensión, lo que hemos tenido estos cinco años en el Perú son avances importantes, pero limitados, que conviven con un universo de normas valiosas que no encuentran impulso para su implementación. En general, podríamos calificar la situación de esta dimensión como estancada. Un ejemplo preocupante en este campo es que la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción ha estado en revisión desde 2021, y hasta ahora no se ha podido emitir el documento que debería reemplazar y mejorar la política original, que fuera adoptada el 2017. O, de otra parte, que la norma de gestión de intereses, cuya estrategia radica en que los funcionarios publiquen sus reuniones de este tipo en el portal de visitas, prácticamente no es cumplida en ninguna entidad.
¿Será posible revertir estas situaciones en el quinquenio que se abre? Si nos tuviésemos que aferrar a los compromisos que se han plasmado en los planes de gobierno de los partidos que disputarán la segunda vuelta, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, la respuesta sería que no.
El partido liderado por Fujimori, por ejemplo, ofrece cosas que ya están vigentes, como prohibir que empresas sancionadas por corrupción contraten con el Estado o que la Autoridad de Transparencia tenga competencias para supervisar la información en portales web (transparencia activa) de las entidades; o propone lugares comunes como el uso de tecnología e IA para combatir distintos aspectos de la corrupción, pasando por alto que serán funcionarios públicos quienes tomarán las decisiones sobre el software a usar, las contrataciones que se realizarán o que usarán la información generada.
Por su parte, Juntos por el Perú, el partido que postula a Roberto Sánchez, a pesar de que en su ideario se describe como una organización que lucha contra la corrupción sin excepciones, no presenta un desarrollo programático sobre la materia y ésta aparece encajonada en una pequeña esquina de la "lucha contra la inseguridad ciudadana" o, cuando aparece, también es para prometer cosas que ya existen, como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Pero sabemos que los planes de gobierno son bastante relativos y, aunque sirven para que la gente pueda hacerse una idea de cuánta seriedad le ponen a elaborar sobre un tema, en la práctica quien gobierna sólo toma estos instrumentos de manera muy referencial. Queda entonces prestarle atención al desempeño político que han tenido estas agrupaciones en relación con la materia durante los últimos años.
Desde este punto de vista el panorama tampoco es alentador. No olvidemos que ambos partidos reivindican golpes de Estado (uno exitoso y el otro frustrado) o hacen malabares para justificar gobiernos en los que la corrupción jugó papeles protagónicos. De otra parte, la bancada fujimorista ha sido más activa en el impulso y la defensa de algunas de las llamadas "leyes pro-crimen", en la designación de miembros cuestionados del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, así como en las inhabilitaciones motivadas políticamente a altos funcionarios y en los blindajes a otros, incluyendo a la expresidenta Dina Boluarte. En la bancada de Juntos por el Perú, aunque ha ido mutando constantemente, se pude encontrar más cuestionamientos entre sus miembros respecto de estos puntos; sin embargo, de una parte, las voces más críticas de este grupo, como Ruth Luque o Sigrid Bazán, ya se desvincularon de éste y, de la otra, el propio candidato presidencial ha sido un activo promotor de la ampliación del REINFO, instrumento que facilita las operaciones de la minería ilegal.
Entonces, en balance, es difícil vislumbrar un cambio. Las semanas previas a la segunda vuelta, que ya están transcurriendo ahora mismo, ofrecen una oportunidad para que se quiebre o que se atenúe esta continuidad, pues, tanto Fujimori como Sánchez debieran ser conscientes de que necesitan todos los votos posibles, incluyendo la búsqueda entre grupos escépticos, lo cual exigiría de ambas candidaturas compromisos con ciertos parámetros de integridad pública para darle a tales grupos de electores señales tan concretas como sea posible (¿creíbles?) de que el rumbo podría enmendarse.
Otro elemento por considerar es la composición del nuevo Parlamento, que es donde se jugarán los principales partidos de lo que parece será otro quinquenio políticamente movido. Al respecto, si bien "el pacto" no ha quedado en una posición tan cómoda como aquella que tiene en el Congreso actual, tampoco es que vaya a estar arrinconado. Los nuevos logotipos políticos, varios de los cuales han llegado con una plataforma "anti-pacto", tendrán una tarea difícil para, por ejemplo, revertir las leyes pro-crimen, pero, al menos en principio, estarán en mejor pie para impulsar y defender ajustes y correctivos. También estarán en mejor posición para contener nuevos intentos de erosión antidemocrática como los que han afectado la separación de poderes estos años. Además, en tanto se trata de fuerzas políticas con apariencia nueva, podría ser posible que introduzcan la postergada discusión sobre el rediseño del control de las conductas éticas del propio Congreso (Código de Ética Parlamentaria y Comisión de Ética) para que deje de ser una herramienta política para controlar opositores. Finalmente, se podría esperar que desde este espacio se ejerza una mayor fiscalización a los esfuerzos para articular la política preventiva contra la corrupción, aquella que los altos funcionarios políticos han tenido abandonada durante años.
(*) Sociólogo y director del Centro para la Gobernanza y Acción Cívica